Después del golpe de Estado (junio 2009), los gobiernos le apostaron a una política social focalizada o de compensación social de los impactos negativos del ajuste económico profundizado como consecuencia del endeudamiento corrupto.  Aun cuando  en el gobierno de Manuel Zelaya se evidenció también la vigencia de este tipo de políticas con la Red Solidaria y los  bonos de la juventud, tercera edad, tecnológico, nutrición y salud,  lo cierto es que las acciones compensatorias se masificaron en los gobiernos del Pepe Lobo (2010-2013) y Juan Orlando Hernández (2014-2017..).

En el primero el programa bono diez mil absorbió cerca de 300 millones de dólares, en su mayor parte provenientes de préstamos otorgados por la banca multilateral. Este bono resultó insuficiente ya que la pobreza en vez de disminuir aumentó (62% de la población bajo la línea de pobreza), se entregó a una gran parte de la población que no lo necesitaba, fue utilizado para gastos no necesarios (compra de lotería por ejemplo) de los hogares y no cubrió a todas las familias en situación de pobreza e indigencia.

No obstante lo anterior, en el gobierno de Juan Orlando Hernández el bono diez mil se integró a un Mega programa de compensación social “Vida Mejor” manejado directamente por el presidente, recibiendo apoyo de organismos como el Banco Mundial por más de 100 millones de dólares.  Contrario al pasado, hoy se entrega a través de la Banca Comercial pero las denuncias son que sólo a activistas políticas del partido de gobierno. Hemos denunciado en varias ocasiones que estas políticas de compensación social son una estrategia de control político utilizada por el gobierno para ampliar su membrecía electorera y como fuerza de respaldo a la gestión del presidente cuando se cuestiona su involucramiento en actos de corrupción.

Los y las beneficiarias del bono mil son amenazados por dirigentes del partido de gobierno cuando se manifiestan en contra de asistir a las marchas para mostrar la fuerza del partido y la buena gestión del Líder: Juan Orlando Hernández. Esta amenaza se materializa con la suspensión de la entrega del bono en caso que no asistan a dichas marchas. Es curioso observar a beneficiarios del bono participar de las marchas convocadas por la Oposición Política y los jóvenes que conforman a los llamados “Indignados” por tanta corrupción e impunidad, ya que las convocatorias se realizan para fechas distintas. Con ello no renuncian a recibir el bono, pero también a la protesta pública contra los corruptos.

En la última marcha convocada por la dirigencia del Partido Nacional se evidenció que a los participantes se les entregaba  también 50 lempiras netos. Hay fotos que muestran a activistas del partido nacional entregando el dinero a los participantes, en su mayoría provenientes de los barrios y colonias marginales de la ciudad capital y periferia rural. “Yo vengo porqué me pagan sino no me acerco” manifestó un persona a un medio televisivo después de la marcha del 7 de junio de 2015 del Partido Nacional.

Una pregunta que gravita en la mente de los Jóvenes Indignados y la dirigencia del PAC, es ¿De dónde sale el dinero para financiar las marchas del Partido Nacional? Hay cuatro posibles respuestas. La primera es del mismo bono diez mil que se entrega por partes sin o con el visto bueno de los OFIs. La segunda de los fondos de la tasa de seguridad como un medio para fortalecer la democracia. La tercera de los beneficiarios de proyectos adjudicados por el gobierno a empresarios y banqueros. Finalmente de los fondos saqueados al IHSS y demás instituciones del Estado, todavía no recuperados por los órganos contralores del Estado.

La consigna de los dirigentes del partido nacional parecer ser.  ¡Marcha por Marcha!; o sea, una marcha de las antorchas equivale a una marcha cachureca. Si se estima que el Partido Nacional moviliza cerca de 15,000 personas por marcha semanal en la ciudad capital, sus costos totales superan el millón de lempiras. Se sabe que las marchas de las antorchas no terminan hasta que se cumpla con las demandas de los “indignados”, que incluye la cárcel para los corruptos, instalación de  la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH), no reelección presidencial y  la renuncia del presidente Hernández como un objetivo político, por lo que tendremos bono cincuenta para rato.

Tegucigalpa, DC, 8 de junio de 2015