En Colombia son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo.

La contrainsurgencia como proyecto del bloque de poder en Colombia va mucho más allá de la acción antiguerrillera y de la creación de grupos paramilitares, aunque los incluye, porque involucra un sinnúmero amplio de aspectos que apuntan a impedir y a destruir las diversas formas de oposición al capitalismo, ya que excede la cuestión militar e involucra aspectos políticos, ideológicos, sociales y culturales.

Entre los sectores más afectados por la contrainsurgencia se encuentran los trabajadores organizados sindicalmente que realizan huelgas o protestas. En la lógica contrainsurgente cualquier reivindicación de los trabajadores atenta contra el derecho de propiedad y la libre empresa, se opone al progreso del país y a los empresarios que “crean riqueza y generan empleo”. Se considera que las protestas y huelgas son organizadas por extremistas de izquierda, subversivos o terroristas que se infiltran en las empresas, se hacen pasar por trabajadores para impedir su funcionamiento armónico y, se agrega, que las protestas laborales no benefician al conjunto del país, solo a minorías insignificantes, que empobrecen aún más al pueblo colombiano. Esas huelgas “generan caos”, constituyen acciones que “subvierten el orden público” y a las cuales se les debe reprimir con energía, para evitar que se repitan, y para ello deben destruirse los sindicatos, perseguir, encarcelar, y matar a sus dirigentes.

Esto se viene haciendo en Colombia mucho antes de 1964, como ejemplo de una permanente contrainsurgencia laboral, característica del bloque de poder contrainsurgente. El trato que reciben dos huelgas acaecidas en 1963 es una muestra que la persecución a los trabajadores organizados no es, ni mucho menos, una consecuencia de la existencia de los grupos guerrilleros.

En el municipio de Santa Bárbara se lleva a cabo una huelga de los trabajadores de cemento cuya principal exigencia se centra en un modesto aumento salarial y cumple estrictamente con las exigencias legales. El movimiento se prolonga durante un mes, durante el cual el ejército facilita y propicia el esquirolaje para que siguiera saliendo la materia prima de la planta de El Cairo, pese a las tímidas acciones de rechazo de los trabajadores en huelga. El 23 de febrero de 1963, luego de que el gobernador del Departamento de Antioquia, Fernando Gómez Martínez –quien es a la vez dueño de El Colombiano y accionista de Cementos Argos– hubiera dado la orden de sacar el producto “costara lo que costara”, son masacrados por tropas del Ejército doce trabajadores y pobladores del lugar, entre ellos una niña de diez años. Para justificar la masacre desde la gobernación, y valiéndose de El Colombiano, se inventa un infundió: la brutal acción oficial había sido en “legítima defensa” para responder a los disparos que los huelguistas habían hecho contra miembros del Ejército. El titular de El Colombiano del 24 de febrero de 1963 dice sin pudor: “Agitadores comunistas organizaron la emboscada”. Además, durante el mes de huelga los trabajadores son señalados como peligrosos agitadores comunistas y gentes ociosas que no quieren ni dejan trabajar, con lo cual se justifica de antemano cualquier acción represiva.

En los meses de julio y agosto del mismo año, la Unión Sindical Obrera (USO) organiza una huelga en Barrancabermeja para defender la convención vigente y denunciar la corrupción administrativa de la empresa. La huelga es declarada ilegal en forma inmediata y se procede a la militarización de la ciudad y de las zonas de extracción y producción. Son despedidos los directivos del sindicato y, como eso no fue suficiente para detener la huelga, 16 miembros de la dirección y los abogados laborales que asesoraban al sindicato son capturados en sus propios domicilios en las horas de la noche, mientras dormían, sin ninguna orden judicial y son llevados en un avión militar a una cárcel de Bucaramanga, donde permanecen 43 días prisioneros –los mismos días que duró la huelga, como un claro ejemplo de milimetria represiva–. En Bogotá, el Ministro de Minas y Petróleos, Enrique Pardo Parra, justifica la ilegal disposición aduciendo la existencia de un “Estado mayor comunista” que organiza a los petroleros para que mediante acciones subversivas se modifique “revolucionariamente la organización del Estado”. Y el presidente de la República, Guillermo León Valencia, en una alocución radial anuncia que el gobierno autorizó a la empresa para que despidiera a “cuatro cabecillas principales del movimiento, militantes todos del partido comunista internacional”. En rigor, la huelga es vista como una acción subversiva y no como un movimiento legítimo de protesta. Como para que no queden dudas del proceder terrorista del Estado, Ecopetrol les exige a los trabajadores que terminen la huelga como condición para liberar a los dirigentes detenidos y a sus abogados. Éstos señalan desde la cárcel: “Se trata del hecho, profundamente inmoral y extraño a toda norma jurídica, de utilizar los órganos del Estado encargados de administrar justicia para ganar un conflicto laboral y de poner la fuerza del Estado al servicio de los empresarios para reprimir a los trabajadores cuando estos luchan desesperadamente por la limpieza y honestidad en el manejo del patrimonio nacional confiado a la Empresa Colombiana de Petróleos” [1].

Debido al trato dado a la huelga, el despido arbitrario de los dirigentes del sindicato, la represión indiscriminada, la militarización del puerto de Barrancabermeja, algunos de los huelguistas expulsados de la empresa se van directamente al monte y al año siguiente se incorporaron a las filas del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los dos acontecimientos señalados ponen de presente que la represión de los trabajadores organizados es anterior a la formación de los movimientos guerrilleros, lo que indica que dicha represión no es una consecuencia del conflicto armado, sino de una violencia antisindical de tipo estructural, de larga duración, que se prolonga hasta la actualidad. 

“Cultura antisindical” a la colombiana

En Colombia se ha construido una “cultura antisindical”, propia del bloque de poder contrainsurgente, que ha logrado arraigar el prejuicio que los trabajadores sindicalizados son una amenaza interna para la estabilidad del país, una especie de “guerrilleros desarmados” o subversivos de civil. Se ha logrado crear un nuevo sentido común, que acepta como algo normal el asesinado de sindicalistas y cualquier crimen laboral, y propicia la impunidad y la complicidad de amplios sectores de la población. Hasta El Tiempo reconoce que el Estado colombiano “dialoga con más facilidad con los grupos armados que con las organizaciones legitimas del trabajo y tiende a criminalizar la protesta social” [2]. 

La “cultura antisindical” de carácter contrainsurgente se expresa de múltiples maneras, como se indica en forma sintética a continuación.

1. Argucias judiciales: Desde el comienzo del Frente Nacional se instaura una legislación antilaboral tendiente a dificultar la organización de los trabajadores, con restricciones y prohibiciones que limitan el derecho de asociación y de huelga. Esto se complementa con la legislación promulgada bajo Estado de Sitio, que restringe aún más los derechos laborales y les confiere un tratamiento penal a los asuntos laborales. En la década de 1990, como parte de las innovaciones jurídicas para perseguir sindicalistas remisos y desobedientes, se utiliza la “justicia sin rostro” contra líderes sindicales, como los de la Empresa Colombiana de Telecomunicaciones (TELECOM) y la Unión Sindical Obrera (USO), en donde se recurre a testimonios ficticios de individuos que son alojados en Batallones Militares. Eso lo reconoce un empleado a sueldo del Ejército al que se le había encomendado la misión de acusar a miembros de la USO, quien ante la pregunta de si recibía dinero del Ejército, sin dudarlo respondió: “Si señor, yo informo y de acuerdo a los resultados que se obtengan me pagan, pero sobretodo es por capturas últimamente y no me han pagado, por eso tengo ganas de retirarme de esto y no seguir colaborando” [3]. 

2. Multinacionales que persiguen y matan sindicalistas: Algunas empresas multinacionales financian y organizan grupos paramilitares, con el objetivo de aterrorizar a los trabajadores, eliminar las organizaciones sindicales y mantener sus elevados niveles de ganancia, sin que sean interrumpidas sus actividades. El paramilitar Hever Velosa (HH) reconoce que en la década de 1990, todas las compañías bananeras que operan en Urabá le pagaban tres centavos de dólar por cada caja de banano que exportaban, con una finalidad explícita: “Nosotros íbamos a las fincas y presionábamos a los trabajadores para que trabajaran, ya que se venían presentando una serie continua de paros y de órdenes de manos caídas para no trabajar y no hacer los embarques, íbamos a las fincas y obligábamos a las personas a trabajar” [4]. Los que no obedecen son asesinados y los sindicatos son perseguidos por ser organizaciones subversivas, como lo registra una información de prensa de 1987: “En Urabá mueren en forma violenta cada semana entre una y tres personas. Los asesinatos se centran en trabajadores bananeros y dirigentes sindicales, aunque no son escasos los capataces y administradores de fincas. Los asesinatos ocurren por lo general dentro de las plantaciones de banano, en las empacadoras, el lugar donde se concentran los trabajadores [...] En Urabá los asesinatos no han sido cosa rara, pero se han agudizado en los dos últimos años y se recrudecen cuando se negocian los pliegos de peticiones en las fincas bananeras. Sintagro, el sindicato que más afiliados tiene en la zona, en los últimos años ha perdido a más de 100 personas” [5].

La Chiquita Brands, una empresa multinacional del banano, reconoce su participación en los asesinatos y pagó al fisco de su país, Estados Unidos, una multa de 25 millones de dólares por patrocinar a grupos de asesinos, que mataron a miles de personas, hasta el punto que según el experto estadounidense en Derecho Internacional Ferry Colling Swort "es el caso más grande terrorismo en la historia reciente, con tres veces más víctimas de las que produjo el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York". No obstante, en Colombia se le ha exonerado de cualquier responsabilidad criminal.

Un hecho similar de patrocinio a paramilitares es el de la compañía de Carbón Drummond, involucrada en el asesinato de dirigentes sindicales. En otras compañías, como Nestle y Coca-Cola, los sindicatos han sido reducidos mediante el asesinato sistemático de sus dirigentes, en una oleada de sangre que no parece tener fin, puesto que el 9 de noviembre de 2013 es asesinado el obrero Oscar López Triviño, de Nestle. 

El día anterior, había llegado a la sede de SINALTRAINAL esta amenaza:   “guerrilleros hp siguen jodiendo a Nestlé no más perdón los picaremos muerte a todos los comunistas de Sinaltrainal. Urabeños” [6]. 

3. Liquidación de empresas públicas y de sus sindicatos: Hace apena un cuarto de siglo, el 60 por ciento del total de los trabajadores colombianos formaba parte de la planta permanente del Estado, en razón de lo cual para privatizar las entidades públicas resulta prioritario destruir a los sindicatos. Eso sucede en Telecom, La Caja Agraria, Inravisión, hospitales y un gran número de empresas públicas, como forma de darle paso al sector privado en el manejo de los servicios sociales (educación, salud, cultura, recreación, transporte, infraestructura…), y condición indispensable para aplicar las políticas de flexibilización laboral, reducción de personal y terciarización. No sólo se destruyen los sindicatos del sector estatal sino que se desarrolla una campaña sistemática y planificada de desprestigio y criminalización –que cuenta con el respaldo de los medios de comunicación corporativos–, tendiente a crear un ambiente favorable a la privatización de los activos públicos, como sucedió, por ejemplo, con la liquidación de la Empresa Colombiana de Telecomunicaciones (TELECOM), cuyo sindicato fue sometido a una campaña sistemática de desprestigio, algunos de sus dirigentes sindicales terminaron en la cárcel tras la huelga de 1992 y un Presidente de la República indicó que eran “sindicalistas del pasado que han interrumpido en nuestro presente” y que se limitaban a suponer que “las cosas se hacen con violencia, que a las propuestas se les debe hacer resistencia, la vieja resistencia estalinista”, aduciendo que no “me refiero no solo a los guerrilleros. Hablo también de aquellos dirigentes sindicales que creen que es mediante la protesta y la violencia, mediante el secuestro y el sabotaje, como le deben hacer frente a las iniciativas de un gobierno” ^[7]. 

César Gaviria se refería a las acusaciones que se le hicieron a los sindicalistas durante la huelga, todas las cuales después se demostraron falaces, pero este personaje nunca se rectificó ni se disculpó ante los sindicalistas, que fueron expulsados de la empresa y fueron encarcelados como si fueran delincuentes. 

4. Paralelismo sindical: Como al Estado le corresponde aceptar, por lo menos formalmente, la existencia de los sindicatos, le resulta beneficioso ejercer un control directo, como sucedió con la CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia) que en su primera etapa (1935-1946) fue convertida en un apéndice del partido liberal y de los gobiernos de la República Liberal. Cuando se empezaron a vivir tensiones en el seno de la CTC, el partido conservador, con sus aliados naturales de las jerarquías católicas, funda la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), a la cual se le concede personería jurídica. De esta forma, se instaura la práctica de atomizar a los trabajadores organizados, con el fin de controlarlos mejor por parte del Estado o del bipartidismo e instaurar el paralelismo sindical. Desde entonces, siempre que han existido proyectos unitarios de los trabajadores y han planteado la creación de una sola confederación de trabajadores, se han saboteado tales intentos y se ha impulsado la creación de sindicatos y confederaciones paralelas, como ha acontecido recientemente en la Pacific Rubiales. En efecto, para dividir a los trabajadores temporales que se habían afiliado a la Unión Sindical Obrera (USO), la empresa y el Estado respaldaron la afiliación a la Unión de Trabajadores de la Industria Energética (UTEM), de la CGT, que ahora cumple las labores de paralelismo sindical. 

5. Asesinato de sindicalistas: Este es el aspecto más brutal del modelo de contrainsurgencia aplicado al ámbito laboral. Las estadísticas son elocuentes: desde 1986 hasta 2013 han sido asesinados 3.016 sindicalistas. La gran mayoría de acciones criminales contra los sindicalistas está relacionada con problemas laborales, ya que la persecución y el acoso aumentan en épocas de pliegos de peticiones y de huelgas. Al respecto, Amnistía Internacional afirma en el 2007: “El conflicto [armado] sirve de cobertura a quienes tratan de ampliar y proteger intereses económicos. Es en este contexto en el que se convierte a los sindicalistas en objeto de numerosas violaciones de los derechos humanos. La fuerza de seguridad y los paramilitares les tachan reiteradamente de “subversivos”, y estas críticas suelen ir seguidas de violaciones de derechos humanos, que a menudo coinciden también con épocas de conflicto laboral o negociaciones de condiciones de trabajo” [8].

Las representaciones y discursos contra los trabajadores y los sindicatos se materializan en una violencia antisindical, que es uno de los elementos constitutivos de la acción contrainsurgente, con la cual se busca impedir el mejoramiento en las condiciones labores y vitales de los trabajadores y, en tiempos actuales, garantizar la flexibilización laboral. El paramilitar apodado HH lo señala claramente: “Cuando llegamos al Urabá era una región con progreso, con educación, salud y muchos beneficios para los trabajadores de las bananeras […] nosotros acabamos con esos beneficios de los gremios económicos […] los trabajadores tenían grandes prerrogativas laborales, pero las perdieron por el actuar de nosotros” [9].

Debido al carácter sistemático que ha adquirido el asesinato de sindicalistas, resulta necesario detallar algunas acciones concretas propias del accionar de la contrainsurgencia laboral del Estado colombiano y su proceder terrorista, para evidenciar que no estamos ante acciones aisladas, sino ante un proyecto estructural, tendiente a facilitar la flexibilización laboral, el empeoramiento en las condiciones de trabajo de la población colombiana, y la destrucción de sus formas organizativas para facilitar la acumulación de capital, por parte tanto de empresarios locales como transnacionales. 

a). La red de la Armada y el asesinato de sindicalistas en Barrancabermeja, 1991-1993: Uno de los hechos más notables de sicariato antisindical y antipopular en general fue organizado por La Red de Inteligencia de la Armada Nacional que operó entre 1991 y 1993 y mató a unas cien personas. El Ministerio de Defensa de Colombia en mayo de 1991, “con base a las recomendaciones que hizo la comisión de asesores de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos”, presentó un plan para combatir “la escalada terrorista por parte de la subversión armada”, a partir del cual creó las redes de inteligencia en todo el país, una de las cuales, la 07, tenía su sede en Barrancabermeja. Esta se presentó como una empresa de fachada que ofrecía servicios técnicos a la Naviera Colombia, con sedes propias y civiles, ubicadas en lugares céntricos de Barrancabermeja. Esos sitios sólo eran conocidos por los jefes de la red y ciertos agentes de inteligencia, directamente vinculados con la misma. Los sicarios contratados no tenían ningún nexo directo con la Red, con la obvia intención de que las Fuerzas Armadas no aparecieran involucradas en la organización de los crímenes y, por ello, a los miembros de la red se les ordenaba “evitar asistir a las instalaciones militares” y sus contactos e intercambios debían ser secretos y “siempre dirigidos por los Comandantes de Brigada”.

Las acciones emprendidas por la Red, planeadas desde la Central de Inteligencia de la Armada Nacional ubicada en Bogotá, tenían como objetivo prioritario el asesinato de líderes sindicales y sociales, así como generar terror en la población. “Los sicarios a órdenes de la Red de inteligencia tenían en claro que la actividad sindical era un motivo suficiente para matar, tanto así que existía una tarifa por cada miembro de la USO asesinado”, puesto que, según el testimonio rendido por Carlos Alberto Vergara, uno de los sicarios de la Red,  “cada asesinato oscilaba entre cien o doscientos mil pesos de acuerdo a la víctima, cada miembro de la USO era pagado con doscientos mil pesos, cada guerrillero a cien mil pesos, por eso se hicieron la cantidad de masacres que hoy por hoy están a la vista pública” [10]. 

b). Paro nacional de trabajadores del Estado, octubre de 1998

La estigmatización de los trabajadores de empresas del Estado en los paros y huelgas forma parte del arsenal de acciones contrainsurgentes impulsado por el propio Estado y los medios corporativos de comunicación. Eso acontece en octubre de 1998 durante el paro nacional estatal, en el que participan un millón de trabajadores, una protesta que se prolonga por varias semanas. El paro es declarado ilegal y se le asigna un carácter subversivo. En forma inmediata son amenazados los dirigentes del paro y en un lapso de pocos días son asesinados nueve de ellos, incluyendo a Jorge Ortega, Vicepresidente Nacional de la CUT, quien es acribillado en las puertas de su hogar. 

c). El “falso positivo” sindical de Arauca: El 4 de agosto de 2004 se divulga la noticia que tres guerrilleros del ELN murieron en Caño Seco, Arauca, al intentar emboscar a miembros del Ejército y lo grave del asunto radica en que los tres eran dirigentes sindicales, identificados como Leonel Goyeneche, Jorge Eduardo Prieto y Héctor Alirio Martínez. El vicepresidente de la República, Francisco Santos, afirma que "se trataba de dirigentes sindicales, pero también estaban metidos, según los informes de inteligencia, en actividades que no estaban relacionadas con su trabajo" [11]. Después se demuestra que los sindicalistas no eran guerrilleros y habían sido asesinados por miembros del Ejército e incluso el Vicepresidente de la República se ve obligado a retractarse. Eso ya no importa porque los sindicalistas habían sido doblemente asesinados: física y moralmente. Como lo dijo el periodista Alberto Aguirre: “La masacre de Caño Seco fue un episodio más de esta persecución incesante contra la clase obrera, que se manifiesta desde despidos injustos, terminación indebida de contratos, recorte de prestaciones, cierre de sindicatos, hasta el asesinato de sus líderes” [12]. 

d). El DAS y su “lista negra” de sindicalistas: El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) organiza un engranaje criminal para asesinar sindicalistas como resultado de la alianza entre su Director, Jorge Noguera, y grupos paramilitares. Esa entidad proporciona una lista de 23 sindicalistas para que sean asesinados por el grupo paramilitar que dirige Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, a cambio de 50 millones de pesos por cada muerto. De esa lista son asesinadas siete personas, entre ellos los sociólogos Alfredo Correa de Andreis y Fernando Pisciotti Van Strahlen, y la periodista Zully Codina. La lógica contrainsurgente de esos asesinatos se evidencia con el hecho que, según el lenguaje utilizada por el DAS, se afirma que los asesinados pertenecían al “frente socio-laboral” del enemigo interno.

En conclusión, con el caso particular de la persecución a los trabajadores organizados se evidencia que la contrainsurgencia, ligada en forma directa con el anticomunismo, va más allá de las acciones antiguerrilleras, y demuestra el impacto de tan nefasta política sobre los colectivos organizados, las victimas nunca reconocidas por el bloque de poder contrainsurgente.  

Notas

[1]. El Espectador, agosto 25 de 1963.

[2]. El Tiempo, mayo 1 de 2005.

[3]. Eduardo Umaña Mendoza, citado en Camilo Eduardo Umaña Hernández, Las altisonancias del silencio. Más vale morir por algo que vivir por nada, s. e., Bogotá, 2008, pp. 83-84.

[4]. Citado en Human Rights Watch, ¿Rompiendo el Control? Obstáculos a la Justicia en las Investigaciones de la Mafia Paramilitar en Colombia, 2008, en www.hrw.org/es/reports/2008/10/16/rompiendo-el-control 2008

[5]. El Tiempo, marzo 11 de 1987.

[6]. Celestino Barrera, Oscar López Triviño, obrero asesinado. Nestlé vinculada a 13 asesinatos contra sindicalistas, en www.puebloscaminando.wordpress.com/2013/11/11/oscar-lopez-trivino-obrero-asesinado-nestle-vinculada-a-13-asesinatos-contra-sindicalistas/#more-391

[7]. El Tiempo, abril 25 de 1992.

[8]. Amnistía Internacional - Colombia. Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: la realidad del sindicalismo en Colombia, Julio de 2007.

[9]. Citado en Vilma Franco, Orden contrainsurgente y dominación, Siglo del Hombre Editores-Instituto Popular de Capacitación (IPC), Bogotá, 2009, p. 165.

[10]. Citado en Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDHOS, Hoy, como ayer, persistiendo por la vida. Redes de Inteligencia y exterminio en Barrancabermeja, Bogotá, 1999, p. 33. (Énfasis nuestro).

[11]. ¿Sindicalistas o guerrilleros?, en www.m.semana.com/nacion/sindicalistas-guerrilleros/80907-3.aspx .

[12]. Alberto Aguirre, “Las mentiras del gobierno para justificar el asesinato de sindicalistas”, en Cromos, septiembre de 2007.

Fuente: http://ojosparalapaz-colombia.blogspot.com/2015/04/la-contrainsurgencia-laboral-en-colombia.html