Enemigos número uno del público

Luis Britto García

25/03/2012

Opinión

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Alguna vez sostuve que ciertos medios de comunicación ejercen una dictadura mediática, porque aspiran a desempeñar por sí solos los tres poderes clásicos del Estado. En efecto, quieren decidir qué leyes valen y cuáles no; inventan decisiones del gobierno o niegan las que éste toma; condenan sin defensa ni apelación. Y encima pretenden ejercer estos poderes absolutos sin consulta democrática ni responsabilidad.

Ejemplo: contra el presidente Rafael Correa se intenta un golpe de Estado. El diario de Guayaquil El Universo alucina que no ha habido golpe de Estado, llama al presidente electo “dictador”, inventa que ha ordenado disparar contra el pueblo; lo condena sin derecho a defensa y en forma inapelable como responsable de crímenes de lesa humanidad; declara que las leyes que sancionan los delitos de difamación, injuria, calumnia y vilipendio no existen, que en todo caso no le son aplicables a los comunicadores sociales, y se niega a rectificar. Los dictadores, como los medios, pretenden monopolizar la totalidad de los poderes; los medios, como los dictadores, aspiran a ejercerlos sin asumir las consecuencias.

Para mejor comprender la situación, bajémonos de la nube que nos sitúa entre poderes del Estado y mandatarios. No se debe injuriar, vilipendiar, difamar ni calumniar a un Presidente por lo mismo que no se debe hacerlo con el más ínfimo ciudadano. Si yo afirmo falsamente y sin pruebas que el más pobre recogelatas es paidófilo, narcotraficante, ladrón y asesino, lo daño atrozmente porque le arrebato su honra y reputación, que es lo único que tiene en este mundo. Si además lo hago utilizando un medio de comunicación, multiplico la ofensa tantas veces como lectores o auditores tiene éste.

¿Fantaseo? ¿Invento cosas por molestar a los comunicadores, de los cuales pretendo ser uno? Pues no. El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sancionada por la ONU, declara que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. ¿Demasiado universal para el gusto de los monopolios regionales? Pues el artículo 11 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos dispone: “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”. Todas las legislaciones de América Latina y el Caribe comprenden normas que protegen la honra, la dignidad, la reputación y la vida privada de los ciudadanos. No aburriré a la audiencia citándole las que puede encontrar en el Código Penal de Ecuador o de Venezuela. Cualquier ciudadano que las viole es sancionado. Sólo algunos comunicadores pretenden ser inmunes a ellas.

Nadie concibe un ingeniero que pretenda no ser responsable si se le caen las casas, un chofer que anhele atropellar peatones impunemente, un médico que aspire a no ser sancionado si envenena al paciente. Pero muchos comunicadores sostienen que nadie puede reclamarles los daños que causen con el ejercicio de su profesión, e incluso, que ninguna norma debe regular su profesión. En febrero de 2003 la oposición venezolana recoge firmas para una reforma constitucional, y los dirigentes de los medios hacen incluir en el petitorio la derogación del artículo 58 de la Constitución Bolivariana, el cual consagra el derecho “a la información oportuna, veraz e imparcial sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica o rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes”. El documento requería firmas para derogar asimismo el artículo 60, según el cual “toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación”. Los medios quedarían así despojados de todo deber frente a la sociedad; los ciudadanos, de todo derecho ante ellos.

Con su delirante ataque, El Universo quizá quería provocar alguna medida gubernamental del Presidente para luego acusarlo de abuso de poder. Como simple ciudadano, acudió Correa ante un tribunal para pedir la rectificación de esa “mentira disfrazada de opinión”; logró la condena del periódico por 40 millones de dólares, y la de varios de sus directivos a tres años de prisión, y una confirmatoria en la cual el juzgado quinto de lo civil el 6 de febrero de 2012 sentencia que el fallo busca reparar "la afrenta irrogada, por el hecho de habérsele perjudicado, en su honra, dignidad, buen nombre, prestigio profesional dentro del país y fuera de él". La inefable Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington, que nada hizo ante el golpe de Estado, instó al mandatario a suspender temporalmente la aplicación de la condena. Un gremio de propietarios de medios sentenció a Correa en forma inapelable y sin derecho a defensa como “el Enemigo Número Uno de los Medios”. En ningún momento los comunicadores de El Universo rectificaron ni se excusaron. El Presidente, en cambio, los perdonó. En Venezuela esta lenidad ha logrado pocos efectos, desde los tiempos de la primera República, cuando se lamentaba Simón Bolívar de que “a cada conspiración seguía un perdón, y a cada perdón una nueva conspiración”.

Una inextinguible quejumbre elevan en Venezuela los funcionarios del gobierno bolivariano contra las agresiones que en su contra perpetran los medios. Otra sería la conducta de éstos si los agraviados acudieran a los tribunales y exigieran la aplicación de la Ley. Fue lo que hizo en 2003 Alí Rodríguez Araque, para entonces presidente de PDVSA, cuando la periodista Ibeyise Pacheco acusó de trabajar en dicho ente y de practicar la corrupción a un hijo del funcionario que en realidad había fallecido quince años antes, a la temprana edad de trece. La demanda exigía una reparación simbólica y concluyó con un triunfo moral. Es honroso ser declarado Enemigo Número Uno de unos Medios que a su vez son el Enemigo Número Uno del Público.

Ahora la extrema derecha de las transnacionales y los medios se junta con algunos movimientos étnicos y emprende una marcha hacia Quito. Ya la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) había exigido a Correa que le entregara la decisión sobre las concesiones de recursos naturales de Ecuador. Correa lo rechazó, fueron a elecciones, sacaron un solo diputado al Poder Legislativo y luego apoyaron el golpe, acusando al gobierno de Correa de “dictadura democrática”. Lo que está en juego son los recursos naturales de América Latina. Por ejemplo, indígenas de la etnia Munducurú cedieron sus derechos sobre 23.000 kilómetros cuadrados de la Amazonia brasileña en el estado de Pará a la transnacional irlandesa Celestial Green Ventures por 120 millones de dólares. Según el diario O Estado de Sao Paulo, el contrato impide por 30 años a los indígenas los cultivos agrícolas y la extracción legal de madera, asegura a la transnacional el libre acceso a la zona, que está prohibido a las autoridades legítimas brasileñas, y no habría contado con el aval de toda la comunidad. Celestial Green Ventures gerencia 16 proyectos iguales en la Amazonia Brasileña, que afectan 200.000 kilómetros cuadrados, el doble de toda la superficie de Portugal. La Fundación Nacional del Indígena (FUNAI) ha registrado una treintena de contratos de índole similar entre dirigentes indígenas y multinacionales de Europa (Tablet terra com.co, 11-3-2011). Pero los recursos naturales de América Latina no serán de las transnacionales. La mayoría se decidirá una vez más por el Buen Vivir.

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