La compleja actitud del Gobierno frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos
- Opinión
1. Estados canallas
“Estados canallas” es el durísimo término usado por Noam Chomsky para referirse a aquellos estados que “no se consideran obligados a actuar de acuerdo con las normas internacionales”. Chomsky tenía en la mira de su crítica a la superpotencia que con su unilateralismo en política internacional, privilegia sus intereses estratégicos sobre el marco de derecho internacional. La política de guerra preventiva contra el terrorismo, impulsada por el gobierno estadounidense, con más fuerza a raíz del 11 de septiembre de 2001, es el ejemplo paradigmático del extremo desprecio al estado de derecho internacional. (Carbonell, 2009)
Sin embargo, las actitudes estatales de irrespeto a la institucionalidad internacional y las normas que la rigen, no han sido patrimonio de un solo estado. Por lo contrario, abundan cuando los organismos internacionales, especialmente los de protección de los derechos humanos, hacen sentir su presencia y vocería en el escenario internacional, señalando las responsabilidades internacionales en las que incurren los estados que violan derechos protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
2. El SIDH y su aporte al estado de derecho internacional
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a sus más de 50 años de vida institucional, está ya en plena madurez. Sus ejecutorias en torno a los más álgidos pasajes de la historia continental contemporánea son ampliamente conocidas.
Supo poner el dedo en la llaga sobre las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas por los gobiernos autoritarios del cono sur y de Centroamérica en las últimas décadas del siglo pasado, orientando con sus actuaciones a los regímenes democráticos que los sucedieron en relación, por ejemplo, a la investigación de las desapariciones forzadas y a la derogatoria de las leyes de amnistía y punto final que promovían la impunidad de los perpetradores de esos crímenes, por solo señalar dos temas. También conoció casos vinculados con la guerra contra la subversión en diversos países americanos, relevando en sus pronunciamientos el derecho a la verdad que asiste a los familiares de las víctimas y a la sociedad en su conjunto, respecto al destino de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados extrajudicialmente y de todas las personas en quienes se cometieron crímenes de estado que nunca fueron debidamente investigados por las justicias nacionales.
3. Decisiones del SIDH e intereses estratégicos de los gobiernos
Evidentemente, el ser señalado como violador de derechos humanos no resulta grato para ningún estado, pero es notoria la actitud de acatamiento a las decisiones de los órganos de justicia internacional que a menudo observan los gobiernos democráticos.
Por lo contrario, cuando un gobierno autoritario como el de Alberto Fujimori en el Perú sintió que los fallos de
Más reciente ha sido el no acatamiento de sentencias de
Con mayor elegancia pero con análoga actitud,
4. Ecuador y el SIDH
El Ecuador, por su parte, ha tenido, en general, una actitud de respeto hacia las decisiones del Sistema Interamericano.
En varios de esos casos, el Estado del Ecuador incluso reconoció sus responsabilidades, allanándose a las demandas y en todos ellos se han implementado, aún cuando sea de manera parcial o preliminar las medidas reparatorias ordenadas.
Por todo esto, el Ecuador ha mirado con simpatía al SIDH, al punto de que en 2009 realizó un verdadero voto de confianza hacia él cuando se presentó como peticionario en una acción interestatal contra Colombia por el caso de la muerte del señor Franklin Aizalla en relación al ataque de Angostura.
Por todo esto, resultan preocupantes recientes expresiones de personeros del más alto nivel en la función ejecutiva respecto a
Así, es lamentable el Comunicado de
Peor aún, el 29 de octubre de 2011,
Según la citada agencia internacional, “Rafael Correa, acusó hoy a
Las expresiones del Presidente, de la manera en que son recogidas por la prensa internacional muestran, en primer lugar, un enorme desconocimiento acerca de qué es, cómo funciona y para qué sirve el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, su trayectoria, sus actuaciones. Este desconocimiento, entendible en un mandatario que no tiene una formación específica en derechos humanos, debería ser suplida por una diligente e informada asesoría por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Justicia o de algún otro organismo empapado del tema antes de que el Presidente enfrente una entrevista en la que la imagen del Ecuador como un país respetuoso del marco de Derecho Internacional pueda quedar comprometida.
Más aún dicha asesoría debería permitir al Presidente evaluar, con mejores elementos, la coyuntura dentro de la cual se insertan estos pronunciamientos: la reacción gubernamental frente a
Consecuentemente mal hace el Presidente en reaccionar de una manera sobredimensionada, denigrando a un organismos que, se ve, ni conoce ni comprende, peor aún con argumentos vacíos.
Ni
Interesan, no obstante, al Sistema Interamericano, en tanto sistema subsidiario, aquellos juicios por injurias sobre los que haya denuncias concretas respecto a que no son sino medios para perseguir y restringir ilícitamente la libertad de expresión. La subsidiaridad quiere decir que el SIDH no actúa en vez de los órganos judiciales de los estados, relevándolos de responsabilidad, sino cuando esos órganos han fallado en su misión de tutelar los derechos.
5. A manera de conclusiones
A los ecuatorianos y ecuatorianas que votamos por una Constitución que nos rige y que define al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y de justicia en el que el primer deber fundamental asignado al Estado es garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en
La consolidación de un estado de derecho internacional orientado a la más amplia protección y garantía de los derechos humanos es un imperativo histórico. No hay ni puede haber un proyecto político de avanzada, mucho menos revolucionario, que no incorpore como un pilar fundamental de su política el respeto irrestricto de los derechos humanos, por sobre cualquier consideración política, económica o de ninguna otra naturaleza.
Por tanto, el Gobierno Nacional debe estar preparado para asumir, desde una perspectiva positiva, como aportes para la consolidación del estado de derechos y de justicia, cada una de las decisiones de los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Especialmente, en relación a nuestro sistema regional, asumir las responsabilidades estatales señaladas por las decisiones de
La opinión pública nacional e internacional espera con expectativa la sentencia de
Quito, 07 de noviembre de 2011
[1] http://www.nacion.com/2010-02-27/Opinion/Editorial/Opinion2283297.aspx?Page=2
[2] http://www.ntn24.com/noticias/la-presa-de-belo-monte-es-una-obra-monstruosa-para-los-indigenas-04205
[3] Comunicado No. 18 de 18 de abril de 2011. Disponible en http://www.mmrree.gob.ec/2011/com018.asp
[4] Comunicado de Prensa R32/11. Washington D.C., 15 de abril de 2011. Disponible en http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=837&lID=2
- Mario Melo, Abogado y profesor universitario. Asesor de Fundación Pachamama
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