Aumentan cultivos de coca en territorios indígenas
24/08/2011
- Opinión
Bogotá.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) alertó sobre el traslado de la siembra de coca para fines de narcotráfico en Colombia a áreas vulnerables de alto valor ecológico, así como a resguardos indígenas.
Al presentar el pasado 22 de junio el informe anual de Monitoreo de Cultivos de Coca 2010, el representante de la UNODC en el país, Aldo Lale-Demoz, aseguró que el cultivo de hoja de coca en este país disminuyó de 68,000 Ha en el 2009 a 62,000 Ha en el 2010, representando un descenso de superficie de un 15% entre ambos años y del 57% respecto al pico de 10 años atrás, cuando alcanzó las 140,000 Ha.
Pese a que el reporte —basado en la medición que hace en Colombia el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI)— fue catalogado como positivo, Lale-Demoz alertó que “si bien es cierto que se han reportado reducciones importantes en varios departamentos que tradicionalmente habían sido afectados por cultivos ilícitos… el fenómeno se ha trasladado a otras áreas más alejadas y de más difícil acceso, muchas de ellas con gran riqueza y fragilidad”.
“Es muy preocupante el alto cultivo en zonas de protección especial, como son los parques nacionales, las zonas de frontera —especialmente con Ecuador— y resguardos indígenas”, reveló a Noticias Aliadas el ministro del Interior Germán Vargas.
Según la UNODC, el 35% de los cultivos ilícitos el año pasado se instaló en zonas de bosques.
“La destrucción de bosques para cultivar coca se incrementó en el 2010 en proporciones que no se habían visto desde el año 2001”, asevera el informe. “22,000 Ha de bosques naturales en el Amazonas fueron taladas [el año pasado] expresamente para el cultivo de coca. El aumento de tala y deforestación está amenazando zonas de alta biodiversidad, como por ejemplo el área del Pacífico colombiano”.
El informe revela que, si bien los cultivos de coca se redujeron en un 11% en los parques nacionales naturales (a 3,675 Ha en el 2010 frente a 4,143 Ha en el 2009), se hallaron sembríos ilícitos en 19 de los 56 existentes. La siembra se incrementó en los parques Yaigoje Apaporis en la Amazonia, Sierra de la Macarena en el Meta, Munchique y farallones de Cali en el Pacífico, y La Paya y Alto Fragua-Indiwasi en el Putumayo.
Explotados por el narcotráfico
Pero para las autoridades colombianas el indicador más inquietante es el aumento de áreas sembradas en los resguardos indígenas que, según Vargas, equivalente a 21% con respecto al año anterior, “especialmente en los ubicados en los departamentos de Nariño, Guaviare, Vichada, Córdoba, Cauca y Putumayo”.
El SIMCI encontró entre el 2009 y el 2010, en territorios indígenas, 5,805 Ha de sembríos de coca, de los cuales 2,740 Ha se encontraron en los resguardos del Pacífico, 1,237 Ha en el Guaviare-Meta, 1,185 en la Amazonia, 332 Ha en el centro del país, 240 Ha en Putumayo-Caquetá y 72 Ha en la Sierra Nevada.
“Los territorios indígenas son territorios apartados, son territorios selváticos, distantes y agrestes y en la medida en que hay un cerco, una persecución a los grupos armados, una presión de las fuerzas militares, los narcotraficantes van buscado lugares y penetran nuestros territorios y empiezan a instalar sus cultivos ahí, como el caso de los nukak maku en el Guaviare”, explica a Noticias Aliadas Luis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
“Sin buscarlo ni aceptarlo, los indígenas estamos inmersos en el conflicto del narcotráfico”, agrega. “Los indígenas no son los dueños de estos negocios. Nuestros compañeros son explotados como raspachines [recolectores de coca], como cuidaderos. Si no se pliegan al narcotráfico con desplazados o asesinados”.
“Participan contra su voluntad porque no les queda otra opción. Los pueblos indígenas han tenido tradicionalmente el cultivo [de la hoja de coca] con fines medicinales o alimenticios, pero las condiciones de vida son muy precarias y han visto en los cultivos ilícitos una posibilidad de existencia, ante la ausencia de programas agropecuarios del gobierno”, dice a su vez a Noticias Aliadas Hernando Hernández, representante en el Congreso por la Alianza Social Indígena.
“Los indígenas, junto a los afrodescendientes, hemos presentado propuestas y planes para erradicar de forma gradual esos cultivos y desarrollar un amplio programa de asistencia social, de salud, de vivienda, de transporte y ayudas en proyectos agrícolas, pero el gobierno lo único que hace es llevar unos auxilios económicos, con represión, con erradicación forzada o con las fumigaciones con glifosato, y eso no soluciona el problema de fondo”, sostiene Hernández.
Desarrollo sostenible
Ante esta nueva dinámica, la UNODC recomienda al gobierno desarrollar “programas de desarrollo sostenible con presencia del Estado, con integración y con una Justicia que funcione”, así como “oportunidades reales para los campesinos colombianos, con políticas a largo plazo”.
Vargas anunció que el gobierno centrará sus esfuerzos en estas zonas, aunque manifestó su preocupación “porque una sentencia de la Corte Constitucional establece que para erradicar cultivos en las zonas de resguardo indígena tenemos que hacer una consulta previa”, refiriéndose a la sentencia T-129/11 del 3 de marzo de este año que ordena detener la construcción de una carretera, la interconexión eléctrica binacional Colombia-Panamá y una concesión minera hasta que no se realicen las consultas correspondientes a los pueblos indígenas afectados.
“Esto en la práctica disminuiría la efectividad de la lucha que realizan las autoridades contra el narcotráfico”, dijo.
Los representantes de los indígenas piensan que las medidas anunciadas por el gobierno serán “más de lo mismo”.
“Lo que hacen es convertir nuestros territorios en escenarios de guerra, con todas las consecuencias en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Eso hace que ya este año haya alrededor de 51 asesinatos en territorios indígenas”, asegura Andrade.
—Noticias Aliadas.
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