Colombia

Auge y caída de la “copia mejorada” de Uribe: la audiencia en el caso Arias

Francisco Taborda Ocampo

30/07/2011

Opinión

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La audiencia en la que se definía qué tipo de medida de aseguramiento se imponía a Andrés Felipe Arias, duró poco menos de dos horas. La decisión consistía, nada más ni nada menos, en si se privaba o no de la libertad a la “copia mejorada” de Uribe, como lo llamaría el mismo ex presidente.

En el primer tramo, durante más de una hora, el Magistrado a cargo del caso Orlando Fierro, leyó pausadamente un repaso de los argumentos de la Fiscalía y de la defensa en pro y en contra de privar de la libertad, como medida preventiva mientras se adelanta la investigación y el juzgamiento, al ex ministro Arias.

La expectativa de la última media hora se elevó casi al nivel de angustia, pues durante ese segundo tramo el Magistrado se dedicó a aplicar el “test de razonabilidad” para establecer si, a pesar de contar con serios elementos aportados por la Fiscalía, que apuntan a la responsabilidad de Arias en los dos delitos que se le endilgan, era necesaria la medida preventiva de privación de la libertad.

A medida que el Magistrado evaluaba los diversos componentes del test: la idoneidad de la medida a la luz de la Constitución, de la ley y de la jurisprudencia; su necesidad y su proporcionalidad para determinar si no se vulneraba la regla general de la libertad mientras se adelanta el juicio, los murmullos en la Sala no se hicieron esperar, pues de la lectura parecía inferirse, por momentos, que el Magistrado no decretaría la medida solicitada por la Fiscalía y en otros momentos era claro que lo haría. Sólo al final, aproximadamente diez minutos antes que terminara la audiencia, el Magistrado no dejó lugar a dudas: antes de dar lectura a la parte resolutiva de su decisión, los párrafos finales dejaban claro que Arias quedaba preso.

La decisión estuvo precedida de argumentos tan contundentes que ni siquiera el abogado defensor, Jorge Aníbal Gómez, presentó recurso. Como se recordará, Gómez había sido ternado por Uribe a la Fiscalía, como un último intento por destrabar la elección de Fiscal en la Corte, pero lo que se consideró en su momento una jugada hábil de Uribe al elegir un candidato de peso pues Gómez había sido magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, no rindió sus frutos y la Corte prefirió esperar la terna de Santos, eligiendo finalmente a la recia mujer que tenía del otro lado Gómez en esta audiencia.

La semana pasada esa mujer recia, la Fiscal General de la Nación, había solicitado al Magistrado que mientras se adelantaba el juicio, Arias fuera privado de la libertad, entre otros argumentos, porque la Fiscalía logró determinar que luego de varias visitas prolongadas a la Picota, donde se entrevistó en cada una de ellas por más de 4 horas cada vez, con sus ex subalternos, éstos cambiaron de actitud con los fiscales y comenzaron a mostrarse renuentes. En efecto, entre el 16 de abril y el 3 de junio, Arias visitó por lo menos en 10 ocasiones (incluso los viernes, días no permitidos para visita en las instalaciones de la Picota) a sus ex funcionarios. En este sentido, el Magistrado debió haber compulsado copias para que se investigara por qué Arias pudo hacer visitas en días no permitidos. El argumento de la defensa sobre dichas visitas, fue rápidamente rebatido por el Magistrado: no podía calificarse de “acto de solidaridad y humanidad” lo que la sana crítica no duda en calificar como un intento claro de torcer la voluntad de sus subalternos para obstruir la justicia y, seguramente, para exculparlo a él como artífice del escándalo de corrupción más notable de los muchos que se están destapando por hechos cometidos en los dos períodos de Uribe.

No carecen de razón quienes afirman que hay un gran ingrediente político en este juicio, pero allí radica justamente su importancia, pues lo que llevó al Gobierno de Uribe, a través de su ex ministro de Agricultura, a construir visiones excluyentes en el manejo del campo colombiano, tuvo consecuencias políticas y jurídicas. En el fondo, el juicio, a pesar que mis colegas juristas me digan que la responsabilidad penal es individual y que el derecho penal actual es un derecho penal de acto y no de autor, es un modelo que tomó fuerza en los 8 años de Uribe: el campo no era para los campesinos despojados, ni para hacer la reforma agraria, ni para indemnizar los 4 millones de desplazados, ni para ampliar los resguardos indígenas, ni para indemnizar los miles de afrodescendientes despojados de sus tierras en el contubernio más bochornoso que tengamos noticia entre funcionarios del Gobierno y criminales (léase Jiguamiandó y otros), no, el campo era para distribuir entre los más ricos. Y eso no ocurrió sólo en Agro Ingreso Seguro (AIS), sino en Carimagua y en muchos otros escándalos protagonizados por Arias y avalados por Uribe.

El juicio aquí es no sólo a un conjunto de funcionarios liderados por Arias (y ulteriormente por Uribe) sino a un modelo “desplazador” como lo calificó Cecilia López en su momento al escándalo de Carimagua. En eso consiste el efecto político de estas decisiones. Ese modelo ha tenido impactos directos en la aplicación de la ley (o en su inobservancia, según se mire). Ese modelo llevó a que Andrés Felipe Arias usara el programa Agro Ingreso Seguro para su provecho personal, para beneficiar a familias ricas que no necesitaban subvenciones, las mismas que habían financiado la campaña de Uribe y que apoyarían las aspiraciones presidenciales de Arias.

Todo está conectado además con la futura llegada del TLC, pero de una manera perversa: como bien lo demostró el Magistrado para sustentar la pertinencia política y social de AIS, Arias invocaba una ley de protección al campo que todavía no se había expedido por el Congreso, y en lugar de beneficiar a los que resultarían más afectados cuando el TLC por fin irrumpa, el Gobierno anterior se orientó a proteger a sus benefactores políticos y se enfiló a fortalecer el modelo de contrarreforma agraria que caracterizó su mandato y que hoy tiene en problemas a Santos pues se trata de un modelo enquistado en diversos sectores y, dados los asesinatos a líderes de restitución de tierras que han arreciado en los últimos meses, costará muchas vidas en su intento de restitución de tierras, si el presente Gobierno no hace una lectura más estructural y sistemática acerca de dónde están los interesados en la continuidad del modelo de despojo de Uribe.

Arias será procesado ante la Sala Penal de la Corte Suprema en su condición de aforado, por dos delitos: peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Antes de la audiencia, algunos asistentes me expresaban críticas a la actitud de la Fiscal al descubrir tantas pruebas en esta etapa, pero, ante esta decisión de enviarlo a la cárcel mientras se adelanta el juicio será difícil que Arias siga en su intento de manipular a los demás. Además, aunque en esta etapa el Magistrado que fungió como juez de control de garantías no se pronunciaba sobre la responsabilidad penal como tal, el arsenal probatorio analizado por dicho funcionario, es contundente en contra de Arias. Lo que deberá analizar en últimas la Corte, es si en éste caso, como en tantos otros protagonizados por cercanos colaboradores del Gobierno Uribe, hubo una empresa criminal y la consecuente autoría mediata o el carácter de la participación que tuvo el accionar de Arias.

El reto de la Fiscal es grande, si se toma en cuenta que además de Arias hay otros ex ministros involucrados en escándalos de similares dimensiones: yidispolítica, chuzadas …(la cuenta es larga), y si consideramos que lo más cerca que estará la justicia de enjuiciar las conductas burdas y aberrantes del Gobierno anterior, será por lo menos, garantizar el juicio a los ex ministros corruptos (y quizá a los delfines Jerónimo y Tomás), ya que del juicio a Uribe, con toda seguridad, la Comisión de “absoluciones” de la Cámara no dará cuenta alguna y la impunidad en materia presidencial seguirá siendo la nota característica de nuestro presidencialismo.

- Francisco Taborda Ocampo es Abogado. Consultor en Derechos Humanos

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 265, Semana del 29 de julio al 4 de agosto de 2011, Corporación Viva la Ciudadanía. http://www.viva.org.co/

https://www.alainet.org/pt/node/151565?language=es