Pensando la Asamblea Popular como una herramienta de lucha para la acumulación de fuerzas, en la búsqueda de la construcción de la unidad y de un proyecto popular para Brasil, las discusiones realizadas dentro de los grupos de trabajo son fundamentales para la reflexión sobre “el Brasil que queremos” e sobre cómo viabilizarlo dentro del contexto socio-político en el que estamos inmersos.

 

El grupo responsable por discutir los Derechos Económicos, puntuó algunas cuestiones importantes sobre el documento, el cual será entregado a la sociedad a partir de este encuentro. Este debe ser un instrumento de la lucha de todas las orgaizaciones y movimientos sociales que aquí están reunidos, por lo tanto, es preciso retomar ciertos conceptos importantes para la formación de la consciencia política. Uno de ellos es el concepto de economía como gestión común del espacio, la economía al servicio de la vida. A partir de la valorización del concepto de economía en estos términos, es posible entrar en la discusión de la economía participativa de forma más plena y amplia.

 

El grupo propuso, además, la desprivatización de los sectores económicos estratégicos para la sociedad, como una forma de apropiación social de las riquezas, sumado a la distribución de los medios de producción, para que estos permanezcan al servicio de la vida y de la sociedad. Es preciso, también, definir un nuevo concepto de trabajo, asunto fundante del ser social y por tanto de nuestro proyecto, pero de una forma diferente de la concepción capitalista. Tenemos que superar la división sexual del trabajo dentro del capitalismo y avanzar en la organización de un trabajo social emancipado, no explotador.

 

Asuntos como la economía solidaria, la reforma tributaria, las inversiones en infraestructura social, el control social de la tecnología y de las inversiones productivas, entre otros temas, fueron también analizados por el grupo que trabajó en el eje de Derechos Económicos.

 

Con relación a las discusiones sobre Derechos Sociales, el grupo comenzó sugiriendo la creación de un nuevo eje, llamado de DERECHOS A LA MEMORIA, incluyendo aquí el acceso a los archivos de la dictadura, el castigo a los torturadores y asesinos, la reparación a los familiares de los desaparecidos, como en otros países latinoamericanos ya se hizo. También, el grupo sugirió el control externo del Poder Judicial (por parte de las organizaciones civiles) y definir el derecho a la tierra como un derecho social fundamental.

 

Otros aspectos considerados en la discusión sobre Derechos Sociales, fueron explicitar las fuentes de financiamiento de la seguridad social e trabajar de forma coordinada en sus diferentes componentes; ampliar el derecho a la salud, incentivando y subsidiando la medicina alternativa a partir del uso de remedios y conocimientos populares; garantizar la atención no discriminatoria de la población LGTB así como incluir la soberanía alimentaria y nutricional como un asunto de salud pública, acabar con la tercerización de los servicios de salud y eliminar las transferencias de recursos para “entidades filantrópicas” de la salud.

 

En el ámbito de la educación pública, se propone fomentar la participación de las comunidades en el nombramiento de los profesores, garantizar una educación culturalmente adecuada para los pueblos originarios e tradicionales, educación no racista, no sexista e que valorice la diversidad de género, etnia y orientación sexual; inlcuir acciones afirmativas como cuotas para negros e indígenas e incluir en la enseñanza las visiones de mundo de los grupos excluidos, entre otras propuestas.

 

Siempre dentro del eje de Derechos Sociales, sugieron otras propuestas para ser incorporadas al texto final, como por ejemplo con relación a la Previdencia Social, propone garantizar equiparación salarial para los pensionados, sobre todo en el campo en que las pensiones son muy bajas; se propone que la Previdencia Social sea también pública, universal y solidaria, la inclusión de nuevas categorías como catadores de basura, amas de casa y trabajadores informales, actualmente fuera del sistema; eliminar las pensiones vitalicias de las hijas e hijos de los militares. Otros temas como vivienda, agua y saneamiento y transporte público, fueron también considerados dentro de las propuestas del grupo.

 

El equipo que discutió sobre Derechos y Deberes Ambientales, colocó en el debate asuntos como la prohibición del uso de agrotóxicos, la urgencia de promover la agricultura familiar y la reforma agraria por encima del agronegocio, la formación en agroecología por parte de los sindicatos, combatir la mercantilización del agua y de la vida, la defensa de las comunidades y ecosistemas depredados por la implementación del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), cuyo objetivo central es favorecer la acumulación de capital e no el atender las necesidades del pueblo ni el cuidado de la naturaleza. El grupo propuso que el modelo de desenvolvimento debe articularse alrededor de los distintos biomas del país, respetándolos e favoreciendo la inserción productiva de las economías locales dentro de la economía nacional. También, el grupo lanzó una crítica al Panel de la ONU sobre Cambio Climático, y demandó desconocer al mismo como el espacio para el debate de la clase trabajadora sobre tan importante asunto. Aspecto central fue indicar que “necesitamos apuntar claramente que la responsabilidad mayor de la crisis ambiental es de los capitalistas, de las élites, de los representantes del gran capital e no ciertamente de los pueblos e aún menos de los más pobres”.

 

Los ejes de Derechos Políticos, Derechos Civiles y Derechos Culturales, hicieron igualmente significativos aportes al debate y ofrecieron elementos para enriquecer el documento final, que será la síntesis de las propuestas por un Nuevo Brasil. Aspectos como la insuficiencia de los actuales esquemas de representación política y la urgencia de democratizar el Estado y sus instituciones (con verdadera democracia participativa), la democratización y control social de la gran prensa, así como el fomento de medios de comunicación comunitarios, el reconocimiento de los derechos civiles de los inmigrantes, la necesidad de valorar las culturas de la periféria como importantes formas de resistencia frente a la homogeneización cultural en las grandes ciudades, la adecuada valoración de la diversidad cultural en términos de un proyecto político inclusivo, entre muchas otras propuestas populares, alimentaron un debate caracterizado por su riqueza y amplitud democráticas, fundamentos del proceso de transformaciones que, consideramos, está ya en marcha y que iremos consolidando en los próximos años.

 

- Gerardo Cerdas Vega

Minga Informativa de los Movimientos Sociales, y Grito de los Excluidos/as Continental