A Carlos Montemayor

La creación de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe decidida en la Cumbre de Cancún es el reflejo institucional de un nivel cualitativamente superior en la lucha de los pueblos de nuestra América por su emancipación, integración y unidad. Expresa también la creación de una correlación de fuerzas más desfavorable al ejercicio de la hegemonía de Estados Unidos que la existente hasta fines de la década de los noventas, que ayudaría a explicar la creciente militarización de la política imperial. Las grandes batallas populares contra el neoliberalismo condujeron al surgimiento de un conjunto de gobiernos con políticas más o menos radicales pero independientes de Washington y estimularon en grados distintos según los países y grupos sociales la elevación de la conciencia latinoamericanista, antimperialista e incluso anticapitalista a todo lo largo y ancho de nuestra región. Llegado este momento la batalla de ideas pasaba a ser un componente decisivo del enfrentamiento al imperialismo.

La victoria electoral de Hugo Chávez en Venezuela y la derrota  del golpe de Estado y el golpe petrolero de 2002 –orquestados por Bush- marcaron el punto de giro hacia la configuración del actual escenario geopolítico de América Latina, favorecido por la tenaz resistencia de Cuba y consolidado por la llegada de Lula da Silva a la presidencia de Brasil. Las victorias populares que llevaron al gobierno a Evo Morales y Rafael Correa, permitieron la creación de la ALBA, un nuevo tipo de integración impulsada por Venezuela basada en la solidaridad e inspirada en el socialismo renovado, que conjuntamente con los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay dio un impulso sin precedente a la integración latinoamericana, manifestada en la creación de UNASUR y la extensión de la ALBA hacia América Central y el Caribe. Ni los gobiernos de derecha pueden oponerse abiertamente a esta tendencia.  Las transformaciones sociales, culturales y avances en la creación del poder constituyente y en la integración autónoma de América Latina y el Caribe eran intolerables para Estados Unidos y las derechas del continente desde un comienzo pero la aventura colonial de Washington en Asia y la desmoralización de las oligarquías locales por la debacle neoliberal impidió entonces el montaje de un plan contrarrevolucionario a escala continental. No obstante, se intensificó la campaña mediática contra los países que luego integrarían el ALBA, en el caso de Cuba continuación de la existente desde hace medio siglo, unida a agresivos proyectos desestabilizadores en Cuba, Venezuela y Bolivia.

La desfachatada intervención yanqui-uribista en Ecuador de 2008 mostraba ya un plan mucho más articulado y abarcador del imperio contra los gobiernos progresistas de la región que intentaba meterlos en el carril maniqueo de la “guerra contra el terrorismo”. Aunque el repudio del Grupo de Río disminuyó mucho el alcance de la maniobra, esporádicamente resurgen supuestas conexiones operativas de esos gobiernos con las FARC apoyándose en los fantásticos hallazgos en las computadoras de Raúl Reyes, como ocurre en este momento con el incidente diplomático fabricado por el gobierno español contra Venezuela a partir de acusaciones sin sustento de un juez ultraderechista de la Audiencia Nacional.

La creación de la IV Flota, el golpe en Honduras y el establecimiento de las bases militares yanquis en Colombia evidenciaron que estaba en marcha una contraofensiva estadounidense cuidadosamente planeada que busca socavar, dividir y liquidar a los gobiernos y movimientos populares y revolucionarios de la región. El dominio mediático es decisivo para este proyecto puesto que la derecha, a diferencia de las fuerzas populares carece de argumentos convincentes pero confía fanáticamente en la máxima goebbeliana de que “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”.

Un revelador caso de estudio es la campaña propagandística culpando al gobierno de Cuba por la muerte del recluso Orlando Zapata con un torrente de manipulación y falsedades, que ha llevado a los analistas Maurice Lemoine y Salim Lamrani a preguntarse por qué los mismos medios autores de esta alharaca no se dan por enterados de incidentes mucho más graves en sistemas penales occidentales, de la dura represión y asesinatos de líderes de la resistencia hondureña o de la fosa común con dos mil cadáveres de activistas descubierta en La Macarena, al oriente de Colombia.