Perú

Cuando la Ineptitud, irresponsabilidad e insensibilidad matan

Ernesto de la Jara

09/08/2009

Opinión

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Un hijo que salió por primera vez de su comunidad nativa en la selva, y al que regresaron muerto, lleno de balas y de golpes. Un policía que fue enviado a la selva del país a desbloquear una carretera o a proteger las instalaciones de una parte del oleoducto y que regresa muerto, abaleado y hasta degollado.

Una vez más, tenemos que recurrir a la aritmética de la muerte (número de fallecidos y heridos), como en el pasado, para demostrar la gravedad de lo ocurrido, como si una sola vida humana no bastara para conmovernos y protestar por lo ocurrido.

Veintiocho integrantes de nuestra Policía Nacional muertos o asesinados, la mayoría jóvenes de entre 20 y 25 años. Por lo menos 10 personas civiles muertas o asesinadas, pero tal vez más (punto que todavía falta investigar), miembros de nuestras comunidades nativas o colonos de la zona, igualmente jóvenes, casi niños.

Además, decenas de heridos, física y psicológicamente, entre policías y civiles, y muchos familiares comprensiblemente desconsolados y traumatizados no solo por el hecho de haber perdido a hijos, hermanos, cónyuges o padres, sino por la manera tan absurda, incierta y violenta como eso ocurrió.

Y lo peor es que estamos ante una masacre que se habría evitado si las autoridades supuestamente “competentes” hubiesen tomado las medidas que correspondían frente a un conflicto social que llevaba más de un año desde que surgió y que se venía expresando en su última etapa a través de una prolongada huelga de comunidades indígenas de cinco cuencas de la selva norte del país.

Una huelga que, si bien incluía actos ilícitos como el bloqueo de una parte de la carretera y la toma de una estación del oleoducto, el Estado venía tolerando desde hacía ya casi dos meses, y en la que la protesta se mantenía sin agresiones o actos de violencia entre huelguistas y fuerzas del orden, producto de pactos realizados explícita o implícitamente en la zona, supuestamente con el visto bueno de las autoridades de Lima.

De pronto todo cambió. La noche del 4 de junio, un día antes de los sucesos, se suponía que el Pleno del Congreso optaría por la derogatoria de los decretos cuestionados, ya que así lo había recomendado su propia Comisión de Constitución, como lo había hecho antes la comisión multipartidaria que se formó a raíz de la primera huelga de nativos. Además, en ese mismo sentido, el de la inconstitucionalidad de los decretos, se habían pronunciado la Defensoría del Pueblo, instituciones de la sociedad civil, constitucionalistas y antropólogos.

Pero el Congreso nos dio una sorpresa, y nada grata. Pese a la gravedad de la situación, los parlamentarios del APRA se las ingeniaron, con evidentes maniobras y aprovechándose de la ausencia de un número determinado de congresistas de otras bancadas, para que ni siquiera se debatiera el punto, alegando que había que esperar los resultados de la mesa de diálogo que se había formado en la PCM, cuando esa mesa ya languidecía y la derogatoria de normas dependía solo del Legislativo y no del Ejecutivo. Grave irresponsabilidad.

Y fue así que el 5 de junio amanecimos con la noticia de que se había producido una intervención policial para hacer frente a la huelga y el bloqueo de carretera por grupos de nativos concentrados en Bagua, y que el saldo era un número significativo de policías y nativos muertos y heridos.

La verdad sobre lo que ocurrió en Bagua

Los hechos que causaron la tragedia y que pudieron ser evitados podrían ser resumidos de la siguiente manera: para desbloquear un tramo de la carretera ex Marginal (hoy Fernando Belaunde), llamado la Curva del Diablo, cerca de Bagua, tomado por grupos de nativos como parte de una protesta que había movilizado a cerca de cinco mil de ellos del norte de la selva peruana, y que tenía como propósito lograr la derogatoria de los referidos decretos legislativos, las altas autoridades de Lima optaron por un tipo de operativo policial que, como era previsible, derivaría en un enfrentamiento entre policías y nativos, que dejaría casi inevitablemente muertos y heridos de ambos lados.

Se habría podido prever también que, cuando se iniciara el operativo, los 38 policías que se encontraban bajo el control de los nativos en otro lugar, la Estación 6 de Petroperú, se verían enfrentados a cientos de nativos que, según una costumbre injustificable pero realmente existente, intentarían vengar la muerte de sus hermanos y apus.

Curva del Diablo

De pronto nosotros y los policías nos encontramos frente a frente, mirándonos a los ojos, medios agachados, ellos con sus armas y nosotros con nuestras lanzas. Escuchamos disparos. Las balas son de mentira, de goma, tranquilos, no pasa nada, no nos van a matar, gritó uno. Pero nos acercamos y vimos que dos hermanos estaban sangrando y parecían muertos. No, son de verdad, grité.

El operativo policial contra la población nativa y mestiza apostada en la Curva del Diablo se inició a eso de las 5 de la mañana del viernes 5 de junio. La primera versión del Gobierno y algunos medios de comunicación es contradicha por diversos testimonios de civiles y policías que estuvieron a esa hora en el lugar de los hechos, y por pobladores que viven en la zona. Según ellos, a esa hora un destacamento de unos 40 a 50 policías armados apareció por las alturas de uno de los cerros ubicados al costado de la referida curva.

Algunos policías, al percatarse de que el grupo de nativos que estaba en la mitad del cerro no huía sino que subía a gran velocidad, al encontrarse frente a frente, optaron por disparar, y así se produjo la muerte de los primeros nativos asesinados. Ante esta situación, los nativos, indignados porque no esperaban que el desalojo se produjera disparándoles a matar, decidieron enfrentarse a los policías y arrebatarles algunas armas que dispararon contra los uniformados.

Así comenzó un enfrentamiento entre policías y civiles que produjo un número todavía indeterminado de muertos y heridos. Al poco tiempo de haberse iniciado el operativo policial, apareció —según versión de nativos y personas que por una u otra razón estaban en la zona a esa hora— un helicóptero que arrojaba gases y también disparaba, y luego otro grupo de policías armados por el otro lado del cerro.

Y la balacera continuó y aumentó con la llegada del helicóptero. Algunos grupos comenzaron a huir, pero otros trataron de defenderse, quitándoles las armas a algunos policías y disparando contra ellos. Comenzamos a ver muchos cadáveres y heridos.

En la parte de abajo, ya en la carretera, apareció asimismo una tanqueta que, según los mismos testimonios, también disparaba, y luego vino otro grupo de policías, éstos sí sin armas de fuego, que se encargaron principalmente de dispersar a la población de Bagua que había llegado a apoyar a los nativos.

Los nativos afirman enfáticamente que ellos solo tenían lanzas, no armas de fuego, pero reconocen que mataron a policías con las armas que lograron arrebatarles. Hay en cambio otra versión, manejada básicamente por autoridades de la zona, que habla de nativos reservistas que se habrían fugado de un cuartel el día anterior llevándose armas, y que habrían sido los que dispararon contra la Policía, a modo de francotiradores.

Otros testimonios, también numerosos, dan cuenta de policías que disparaban no solo contra los nativos que se les enfrentaban y trataban de apoderarse de sus armas, sino también, desde el primer momento, contra los que, estando desarmados, trataban de huir. Incluso, hay quienes relatan que algunos policías remataban a los heridos y hasta quemaban los cuerpos de nativos muertos o heridos.
Todo parece indicar que los nativos nunca esperaron un desalojo con policías armados que les dispararían, y que los policías no previeron que los nativos reaccionarían enfrentándolos y no huyendo, situación que obviamente debe de haber exacerbado los ánimos y la tensión en ambas partes, lo que explicaría las nefastas reacciones en ambos lados.

El hecho de que por lo menos una parte de los policías que participaron en el operativo de Bagua hayan ido con armas letales y dispuestos a usarlas, queda demostrado no solo con los testimonios referidos, sino también con la existencia de nativos y mestizos heridos de bala entre los sobrevivientes, encontrados en los hospitales o en los distintos centros de reclusión.
Uno de mis paisanos sale con su mochila y su lanza; lo mataron a quemarropa y lo arrojaron a una chanchería.

Pocos días después de lo ocurrido, miembros del IDL fuimos a la zona como parte de la delegación de los organismos de derechos humanos. Allí pudimos verificar que un número significativo de los nativos que, después de haber estado detenidos o escondidos, regresaban a sus comunidades, tenían heridas de bala o exhibían marcas de golpes por todo el cuerpo. Asimismo, apreciamos un video en el que aparecían nativos que gritaban y se retorcían mientras estaban siendo quemados.

Estos mismos testimonios dan cuenta incluso de discusiones y peleas entre los policías: mientras algunos, fuera de control, habrían disparado indiscriminadamente, otros habrían tratado de impedirlo, gritando que ellos solo habían venido a desalojar la carretera y no a matar nativos.

Fue entonces equivocada, torpe y provocadora la decisión de mandar a varios destacamentos policiales armados, apoyados por helicópteros y tanquetas, para que se enfrentaran a un número elevado de nativos convencidos de que luchaban por sus tierras (con todo lo que la tierra significa culturalmente para ellos), apoyados por todas las poblaciones mestizas de los alrededores, comenzando por las de los mestizos de Bagua, muy cerca del lugar de los hechos.

Una población nativa cuyo instinto —como se sabe en la zona— no los impele a huir ante el ataque sino más bien a responder, para lo que tiene mucha agilidad y destreza. A ello se suma otro hecho importantísimo pero que tampoco fue tomado en cuenta: que un buen número de los nativos de esa zona habían combatido en el Cenepa defendiendo al Perú en el conflicto contra el Ecuador; un hecho sin duda meritorio y del cual ellos se sienten muy orgullosos, pero que resultaba peligroso si se producía un enfrentamiento como el que en efecto se produjo, ya que no serían pocos los nativos que conocían de tácticas de enfrentamiento y que sabían manejar armas.

Por eso muchos nativos dicen que si dispararon y trataron tan mal a quienes los enfrentaron fue porque eran policías y no militares, porque los militares nunca se hubieran atrevido a enfrentarlos así, pues con ellos habían peleado juntos en la guerra.

En general, muchos de los testimonios de los nativos informan que nunca esperaron ser atacados “como si fueran terroristas”, “enemigos extranjeros, contra los que ellos mismos habían combatido en el Cenepa”. “Se han aprovechado esta vez, que no hemos venido preparados para un enfrentamiento”. Hablan de que fueron “rodeados”, “barridos”, “perseguidos como animales”, y de que solo les quedó defenderse.

Cuentan incluso que, la noche anterior, el propio general de la Policía les había comunicado que ya no podía garantizar el pacto de no agresión que tenían, y que les daba un ultimátum hasta las 10 de la mañana del día siguiente para que se retiraran. Lo cual determinó —según la versión de ellos— que un buen grupo decidiera retirarse al amanecer. Pero todo se precipitó cuando, varias horas antes de cumplido ese plazo, comenzó el ataque por la altura de los cerros.

El que se tratara de una huelga sostenida por mucho tiempo, y que, por lo mismo, había generado reglas y relaciones entre apus y autoridades policiales, podría haberse aprovechado para concretar una solución pacífica. O, en todo caso, se hubiera podido ejecutar un operativo policial cuya misión fuera dispersar a los nativos, lo que suponía llevar otro tipo de armas y de equipo, para impedir que se produjeran muertes que solo los harían reaccionar violentamente, como ocurrió.

A favor de una salida de ese tipo, se debió considerar que gracias al diálogo y la política de persuasión se había logrado ya que los nativos permitieran el tránsito de vehículos por la parte bloqueada de la carretera durante algunas horas del día, en uno y otro sentido, contra la oposición del grupo más radical de los nativos, que había terminado aislado por la mayoría.

La estación de la venganza y de la muerte

¿Quién habrá sido la última persona que habló por teléfono con el comandante Montenegro? ¿Su esposa, con quien se comunicaba frecuentemente? ¿Las autoridades, que le ofrecieron evacuarlos o mandarles refuerzos antes de cualquier operativo, o por lo menos advertirles de su inicio? ¿O habrá tenido una última comunicación pidiendo refuerzos a quienes estaban a cargo de los cuarteles o dependencias policiales de la zona? ¿Cuan sorprendido debe haberse sentido de haber tenido la capacidad de sobrevivir durante varias horas pese a circunstancias tan difíciles y nadie vino en su ayuda, por más que tal vez él también llegaron a escuchar, como dicen los nativos, a helicópteros sobrevolando la zona?

Si resulta incomprensible que se haya tomado la decisión de intentar terminar súbita y violentamente con una huelga de nativos que llevaba más de dos meses y que estaba a punto de resolverse con una derogatoria de normas, mucho más incomprensible y más grave es que se haya procedido así, sin haber tomado en cuenta para nada un hecho que hasta ahora la versión oficial intenta negar, pero que diversas pruebas demostrarían que es real, por más inverosímil que parezca: que el ataque en la Curva del Diablo ponía en riesgo inminente la vida de los 24 policías que se encontraban en la Estación 6 de Petroperú, también tomada por los nativos como parte de la misma huelga.

Es cierto que estos policías estaban armados, porque tenían la misión de impedir que los nativos causaran algún daño a las instalaciones, pero también lo es que permanecían en un establecimiento controlado por un grupo de nativos, en medio de una zona que podía ser rodeada rápidamente por los miles de ellos que estaban participando de la protesta, tal como ocurrió, con el fatal desenlace que se conoce: el cruel e injustificable asesinato de 24 policías.

Estación 6 en realidad acababan de llegar el lunes, bajo las órdenes del comandante Montenegro. Arribaron al lugar para relevar a otros 36 policías que habían estado, bajo el mando de un mayor, en la misma estación desde el comienzo de la huelga, es decir, desde hacía casi dos meses.

Montenegro se encontró con la sorpresa de que el anterior destacamento había tenido que acceder a determinadas condiciones impuestas por el apu que mandaba en la estación, lo que demostraba que los nativos tenían el control de la base: los policías no podían salir del perímetro de la empresa; los únicos que podían llevar sus armas eran los dos o tres que salían en sus respectivos turnos a inspeccionar las instalaciones, mientras los demás tenían que permanecer al interior de determinados recintos que se les habían asignado.

Nunca se entenderá por qué las autoridades permitieron un relevo en esas condiciones. Lo mejor hubiera sido intentar que el anterior destacamento se retirara de la estación sin ninguna clase de relevo, ya que era una especie de canje de rehenes. ¿O acaso las autoridades de Lima no sabían lo que ocurría en la Estación 6? Imposible, porque la situación duraba varias semanas y la comunicación era permanente. Permitir un relevo así fue un error fatal y una total irresponsabilidad.

Pero el error más grave, el que le costó la vida a 20 de los 38 policías, incluido el comandante Montenegro, fue ordenar el violento operativo llevado a cabo en la Curva del Diablo, conociendo la situación en que se encontraban los policías, sin siquiera haber intentado sacarlos del lugar previamente. Y una vez iniciado el operativo, incomprensiblemente, tampoco se envió a un número determinado de policías o militares que pudieran contribuir a disuadir a los nativos de emprender algún acto de violencia contra ellos. Es más, existe información que da cuenta de que ni siquiera fueron alertados del inicio del operativo.

Las mismas fuentes señalan que en varias oportunidades el comandante Montenegro logró establecer comunicación con las autoridades correspondientes, y que en todo momento se le ofreció que serían evacuados o que contarían con refuerzos. ¿Por qué, entonces, no se cumplió con algo tan elemental?

Hay quienes critican a estos policías por no haber usado inmediatamente sus armas, con lo que igual habrían muerto, pero luego de matar al mayor número de nativos que pudieran. Parece que el comandante descartó ese procedimiento, no solo porque -se cuenta- era de esos policías que pretendían cumplir con su función sin tener que matar por matar, sino porque habría evaluado que siendo ellos tan pocos, y teniendo tantas deficiencias de equipamiento, era absurdo tratar de enfrentarse a miles de nativos enardecidos. El baño de sangre que se hubiera producido como consecuencia, habría evaluado el comandante, ni siquiera habría servido para salvar sus vidas, ya que siempre quedarían cientos de sobrevivientes dispuestos a matarlos de manera aún más descontrolada, si ellos eran los que comenzaban a disparar y matar.

Optaron más bien por tratar de que los nativos no perdieran la calma, por mantener el diálogo y el pacto de no agresión. Y, al mismo tiempo, intentaron escapar, ganar tiempo, pensando que llegaría el refuerzo prometido rápidamente. Optaron, en realidad, por lo más lógico.

Mantener esa actitud debe de haber contribuido a que el apu a cargo de las acciones en la estación, junto con el grupo de nativos que lo acompañaban, trataran en todo momento de proteger a los policías de los cientos de indígenas que querían venganza. Inicialmente lograron mantener el control y que nos les hicieran nada, pero solo hasta más o menos la 1 de la tarde, cuando los cientos de indígenas decidieron desobedecer al apu y tomaron el control total de la situación.

Hubo un muchacho menor de edad que lo mandaron a matar a un policía. Lo obligaron y él lo mató. Sacó el DNI del policía, sus cosas y se escapó. De miedo dicen que a algunos no los mataron bien.

Hay testimonios de los propios nativos que dan cuenta de algunas personas que, en contra de lo que querían el apu principal y varios de los dirigentes nativos, azuzaron visiblemente a la masa para que tomara acciones contra los policías en venganza por lo ocurrido en la Curva del Diablo. Este hecho debe ser investigado, no solo porque ellos tendrían una mayor responsabilidad por los asesinatos de los policías, sino también porque de esa manera también se podría identificar qué sector o sectores se aprovechan de determinadas reivindicaciones sociales para generar actos de violencia que podrían ser evitados.

Incluso, algunos de tales testimonios informan que estos agitadores sacaron partido del momento en el que el apu y algunos dirigentes salieron de la estación para tratar de conseguir, ellos mismos, refuerzo policial o militar capaz de impedir el asesinato de los policías.

A partir del medio día, por alguna razón que todavía no ha sido suficientemente esclarecida, el grupo de policías terminó dividido en dos: a 18 los sacaron al monte y a los 20 restantes los mantuvieron en un taller al interior de la estación.

Desde el momento en que la turba y los agitadores tomaron el control, desarmaron a los policías, los golpearon, les rompieron a varios la cabeza y arrojaron a la mayoría un líquido en los ojos para que no pudieran ver lo que estaba sucediendo.

Parece que el asesinato de los policías llevados al monte se inició a las 2 de la tarde, aunque algunos habrían logrado escapar.

¿Por qué entre las 5 de la mañana y las 2 de la tarde no se dio ninguna orden para que la Policía y las Fuerzas Armadas emprendieran algún tipo de acción u operativo para salvar a estos policías, cuyas vidas, se sabía de antemano, habían sido puestas en peligro desde que se decidió enfrentar a los nativos, sin importar el costo en muertos y heridos?

Algunos nativos han relatado que a partir del medio día se empezó a escuchar helicópteros que sobrevolaban la zona, e incluso que uno descendió, aun cuando sus pasajeros no se dirigieron a la Estación 6 o a sus alrededores, donde varios policías habían sido ya asesinados.

Circula por la zona información según la cual varios policías de la estación, una vez que comprendieron que sus vidas estaban en peligro y que ellos, solos, ya nada podían hacer frente a la masa enorme de nativos, habrían logrado salir y llegar al cuartel que está muy cerca de la estación. Se habla también de una comunicación telefónica con el cuartel El Milagro, cerca de Bagua. Lo cierto es que ni uno ni otro intento consiguieron que se dispusiera un operativo para ayudarlos, supuestamente, porque no existían órdenes de Lima para que tal cosa se hiciera. Una actitud absurda que también merece investigación.

Nada justifica ni aminora la responsabilidad de quienes cruelmente torturaron y mataron a los policías en la Estación 6, ni la actitud de los policías que dispararon contra nativos desarmados que eran parte de una protesta social. Por eso los hechos deben ser investigados y sancionados penalmente. Pero eso no elimina la necesidad de investigar también las responsabilidades de quienes tomaron decisiones totalmente equivocadas y causaron una situación que se desbordó y ya no tiene remedio.

De ahí que nos ratifiquemos en que la principal responsabilidad por lo ocurrido, al margen de las responsabilidades individuales de carácter penal que deben ser establecidas por los asesinatos de policías y nativos, la tiene el Gobierno: fueron sus tan poco profesionales y hasta burdas decisiones las que pusieron en riesgo la vida y la integridad física de policías, nativos y pobladores.

¿Desaparecidos?

El miércoles 10 de junio, cuando diferentes representantes de instituciones de derechos humanos estuvimos en la zona donde cinco días atrás se habían producido los hechos, se decidió realizar una conferencia de prensa y repartir un pronunciamiento. Uno de los puntos que se discutió allí fue si deberíamos limitarnos a dar cuenta del número oficial de muertos, cuyos nombres o cuerpos se tenían, o si, por el contrario, debíamos informar que había indicios de un mayor número de víctimas mortales, sobre todo entre los nativos y los pobladores mestizos de Bagua.

Optamos por dar cuenta de estos indicios, pero siempre aclarando que no se podía afirmar nada concluyente al respecto; que se trataba de eso, de indicios, pero que justificaban una investigación.
Y creemos que hicimos bien, por la cantidad y variedad de pistas que encontramos. Para comenzar, recogimos testimonios directos de gran cantidad de nativos de distintas comunidades y cuencas que informaban haber visto más muertos de los que se decían, y hablaban de helicópteros que se habían llevado cadáveres. Nos encontramos también con personas que trabajan en la zona y que afirmaron que había autoridades y hasta policías que, en privado o en reserva, habían reconocido el hecho, pero que no estaban dispuestos a declarar. Versión corroborada por personas que vivían o trabajaban en la zona de los hechos (mototaxistas, cazadores de río, etcétera).

Por otro lado, muchos nativos señalaban que no encontraban a parientes o miembros de sus comunidades, aunque aclaraban que podían estar escondidos por el temor desatado por el operativo, presos en alguno de los varios lugares en los que se había puesto a los detenidos (no había listas oficiales completas), o regresando a su comunidad por distintos caminos. Nos tocó ser testigos de la desesperación de los familiares de nativos que habían caminado días hasta la carretera para recibir a quienes regresaban de la protesta y se desesperaban cuando no encontraban a todos los familiares que esperaban encontrar.

También fue una mala señal la prohibición —ilegal— de acceder al lugar donde había ocurrido el enfrentamiento, los cerros de la Curva del Diablo, entre el momento que aconteció (viernes 5) y el miércoles (10) al medio día. ¿Cuál era la causa de tal restricción, que incluía ilegalmente a los miembros del Ministerio Público? Una serie de nativos o dirigentes que reclamaban ingresar precisamente para recoger los cuerpos de los muertos fueron impedidos de hacerlo, y no solo se les amenazó, sino que, según testimonios recibidos, sintieron disparos que pretendían atemorizarlos.

Otra razón para advertir sobre la posibilidad de que hubiera desaparecidos es que había denuncias sobre un buen número de detenciones arbitrarias y casos de torturas que podían terminar en desapariciones, dado que, como era obvio, los policías estaban indignados y con ánimo de venganza por lo que había pasado con sus compañeros. Sabemos bien que la denuncia inmediata puede frenar nuevas arbitrariedades.

Sin embargo, no solo advertimos en todo momento que se trataba apenas de una posibilidad, sino que nunca hablamos ni difundimos una cifra, como después, falsamente, se nos ha imputado.
La Defensoría del Pueblo ha publicado hace poco un informe que dice que, a partir de las entrevistas de sus representantes con apus o dirigentes del conjunto de comunidades que participaron de la protesta, ha llegado a la conclusión de que no hay más víctimas que las que aparecen en la lista oficial, razón por la cual da por cerrado el tema de las denuncias sobre desaparecidos.

Respetamos lo dicho por la Defensoría, pero opinamos que es todavía muy pronto para hacer una afirmación tan contundente. Sabemos que ni los propios dirigentes han podido aún hacer una lista completa que abarque a todos los nativos que salieron de cinco cuencas y cientos de comunidades para participar en la protesta, y como para poder determinar quiénes han regresado y quiénes no; además, algunos nativos todavía están buscando a familiares que no han regresado.

Responsabilidades por investigar

Hasta ahora ninguna autoridad quiere asumir la responsabilidad sobre quién decidió esa absurda e improvisada intervención policial que costó la vida de tantas personas. Como muchos han dicho, si se mira desde el lado de los policías muertos, es la más grave tragedia de la historia de esta institución

Es realmente una vergüenza que la hoy ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, se haya tratado de lavar las manos echándoles la culpa a los jefes policiales. Como lo es también que, habiéndose producido una intervención policial que concluyó en un baño de sangre, y de la que ella es por lo menos responsable política, se haya hecho condecorar con el “Corazón Policial” a los pocos días.
Aparte de las responsabilidades políticas, habrá que determinar si las hay también administrativas y penales, por la manera como se decidió y realizó el operativo.

Tampoco los asesinatos de los policías, los de la Curva del Diablo y los de la Estación 6, pueden quedar impunes. En cuanto a los primeros, los nativos alegan equivocadamente legítima defensa, y frente a los segundos, una identidad cultural en la que prima el “ojo por ojo”, algo también equivocado desde el punto de vista jurídico y de una concepción de derechos humanos. Existen ya numerosas sentencias internacionales y nacionales basadas en convenios internacionales en derechos humanos, en las que se establece claramente que el derecho a la identidad cultural es un derecho, siempre y cuando no atente contra otros, especialmente contra el derecho a la vida y a la integridad física.

De igual manera, deberán ser investigadas las denuncias contra los policías que habrían disparado contra nativos desarmados o heridos, por torturas y —si se llegaran a demostrar— sobre casos de desaparecidos. Se conocen, también, casos de inocentes injustamente acusados de ser responsables de los delitos cometidos.

La justicia peruana tiene ante sí el enorme desafío de desarrollar un cuerpo jurídico idóneo para sancionar penalmente delitos que sin duda se han cometido, pero tomando en cuenta un conjunto de circunstancias que pueden o no tener relevancia jurídica.

Desde ya, sin embargo, adelantamos que es absurdo y contrario a derecho que se pretenda responsabilizar a priori a dirigentes nativos de AIDESEP, aplicándoles la figura de una suerte de autoría intelectual o autoría mediata, como si las reacciones de los nativos hubieran respondido a un plan preestablecido, o como si se hubiera creado, ex profeso, un grupo que actuara en contra de la ley. Los dirigentes pueden ser investigados por los ilícitos que correspondan a la toma de una carretera o de una instalación privada, pero no de manera general por los asesinatos, frente a los que el Derecho exige individualización de responsabilidad y pruebas idóneas. Lo otro es simplemente persecución política, que lo único que hace es azuzar el conflicto.

La comisión Bagua

Antes de irse del país, el relator de Pueblos Indígenas, James Anaya, recomendó la constitución de una comisión independiente que se ocupara de investigar los sucesos de Bagua. En la última reunión que tuvo con un grupo de nativos, el ex presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ofreció concretar tal recomendación.

Incluso se han manejado algunos nombres de quienes estarían en esa comisión. Ahora que ha habido cambios en el Gabinete, sin embargo, incluido el del mismo Simon, existe el peligro de que finalmente no se constituya, como lo exigen quienes están ayudando para que nunca se aclare lo que pasó y se establezcan responsabilidades en el nivel del Gobierno.

Por otro lado, si bien creemos que varios de los nombres que se manejan son absolutamente adecuados, pensamos que debería volverse a discutir el carácter de la comisión. Por ejemplo: ¿Debería incluirse a dirigentes nativos que fueron testigos de lo que sucedió y a familiares de los policías muertos o sobrevivientes? Se podría alegar en contra de esa posibilidad que pueden no ser objetivos. Pero, a la vez, hay que tomar en cuenta que ellos representan a quienes terminan siendo los primeros interesados en que todo se aclare y se llegue a la verdad, lo que garantizaría una participación vital y muy activa, que puede contribuir al ritmo de la comisión. Además, son ellos los que mejor información tienen. Por último, hay que tomar en cuenta que estos representantes de los nativos y de los policías serían solo una parte de la comisión, ni siquiera la mayoría, lo que aseguraría un contrapeso.

También creemos que es indispensable la participación de un representante de alto nivel de la Defensoría del Pueblo, así como de uno o dos delegados de la comunidad internacional. Estos últimos podrían ser designados por el mismo Relator de Naciones Unidos que está siguiendo los hechos, o por instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dada su experiencia en el trabajo con pueblos indígenas.

Hay que asegurar asimismo la participación de representantes de las iglesias católica y evangélica, pero lo ideal sería incluir a quienes trabajan en la zona, pues ellos conocen muy bien el lugar, las costumbres, a la gente, los hechos, etcétera.
Sería bueno, además, incorporar a profesionales especializados: antropólogos, expertos en temas vinculados a la selva y poblaciones de la Amazonía, o forenses, periodistas de investigación, especialistas en el uso de armas, etcétera.

Obviamente, se trata de una comisión que, al final, lo único que podrá hacer es comunicar sus resultados a la opinión pública, hacer recomendaciones y poner la información reunida a disposición del Ministerio Público, el órgano que, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, está a cargo formalmente de las investigaciones.

- Con el apoyo de Alejandra Cueto y Nancy Vidal, estudiantes de la PUCP

Fuente: http://clavero.derechosindigenas.org

https://www.alainet.org/pt/node/135630?language=en