La escasamente anunciada Reforma de la Ley de Extranjería pretende dar una vuelta de tuerca mas en la tendencia criminalizadora de la inmigración, llegando a sancionar incluso a quienes -de manera solidaria- ejercen el deber de la hospitalidad, y por lo tanto, colocando su comportamiento altruista como forma proscrita de ”promoción de la permanencia ilegal en España”.

Ahora a quienes se va a criminalizar es a las redes de apoyo al inmigrante, poniendo en automática situación de ilegalidad a miles de personas que acompañan, empadronan en sus casas y apoyan a personas sin papeles. A partir de ahora, muchas ONG, Congregaciones religiosas, plataformas y ciudadanos en general, que vienen ejerciendo el deber de acogida y la solidaridad para con las personas inmigrantes en situación de irregularidad administrativa, verán perseguida su actuación. Más aún: la reforma pretende  ampararse en el silencio cómplice de los ciudadanos ante estos atropellos contra la dignidad humana y los derechos fundamentales.

Un vergonzoso y desapercibido dictamen de patronal y sindicatos

Es curioso que los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, junto a las organizaciones de empresarios y patronales CEOE y CEPYME, en ese órgano llamado Consejo Económico y Social (CES), hayan avalado el recorte de derechos para las personas inmigrantes, e incluso hayan hecho un informe en el que siendo “mas papistas que el papa”, proponen al gobierno endurecer algunos aspectos del anteproyecto de reforma, indicándole los puntos en los que tiene que ser mas duro, y supuestamente justificando la reforma por el contexto económico de la tan traída y llevada crisis. Como ha denunciado SOS Racismo “el gobierno ha cogido la interpretación mas extrema y dura de la directiva de la vergüenza (Directiva europea del retorno de inmigrantes) y el CES, con el beneplácito de UGT y CCOO le han pasado por la derecha al propio gobierno”.

Salvemos la hospitalidad

Ante este nuevo atentado contra los derechos de las personas inmigrantes os invito a firmar la campaña denominada “Salvemos la Hospitalidad” que según el manifiesto adjunto, plantea unas reivindicaciones mas que justas y pretende la reforma en concreto del artículo 53 c) que sanciona a quienes ayuden solidariamente a los extranjeros en situación irregular. Este objetivo último y limitado no es un fin en sí mismo, sino que puede servir para ir logrando otros objetivos no menos importantes, tales como la sensibilización social en torno a los valores de la solidaridad y de la hospitalidad. Unos valores que cada día se encuentran más desvalorizados por un imaginario colectivo cada vez más miedoso y proclive a legitimar cualquier medida en la lucha contra la inseguridad y la promoción de procesos de etiquetamiento y exclusión social.

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MANIFIESTO PARA LA  REFORMA DEL ART.  53  C) QUE SANCIONA A QUIENES AYUDEN SOLIDARIAMENTE A LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN SITUACIÓN IRREGULAR.

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, tienen el deber de comportarse fraternalmente los unos  con los otros” (art. 1 Declaración Universal de los Derechos Humanos).

Uno de los deberes presente en todas las culturas, y en algunas, señal de su identidad, es el de la “hospitalidad”. Este deber ético, traducido incluso en forma de sanción cuando su omisión provoca riesgos para la integridad física del otro, está gravemente amenazado en España si prospera la anunciada reforma de la legislación de extranjería.

En concreto, el art. 53 c) del Anteproyecto de modificación de la Ley de Extranjería  sanciona como falta muy grave con la multa de 501 a 30.000 euros “a quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero. Se considera que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del plazo legalmente previsto”.

Con el pretexto de proteger a los extranjeros sin papeles frente al abuso y las mafias, se incrementa exponencialmente su vulnerabilidad y se les priva de toda suerte de apoyo social solidario. Esta reforma legal tiene una enorme trascendencia ético-política: crea una norma que convierte en ilegal un principio-valor tan estructuralmente necesario en un Estado como es la solidaridad.

El objetivo de esta norma es intimidar a los ciudadanos españoles o extranjeros con papeles para que nieguen toda forma de apoyo a la persona en situación irregular y ésta se quede sin ningún tipo de ayuda, es decir, en la calle, sin comida, ni vestido, ni dinero, para que mediante la presión de esta situación de precariedad absoluta, vuelva a su país. Se olvida que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio” (art. 13 Declaración Universal del Derechos Humanos) y que “en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él, en cualquier país” (art. 14 DUDH).

Ante esta situación, exponemos:

1.- Que hemos constatado, después de tantos años acogiendo y acompañando itinerarios vitales de personas en situación de extrema vulnerabilidad personal y social, el valor de la solidaridad y la convivencia en nuestros domicilios como forma concreta de expresión de corresponsabilidad humana y social con aquellos que no tienen los mínimos de supervivencia –casa, pan y trabajo-.

2.- Que una parte significativa de la responsabilidad de la miseria en que se hallan los pueblos de origen de quienes tiene que migrar a España está provocada  por procesos históricos y políticas económicas y colonizadoras (y descolonizadoras) de los Estados del denominado Primer Mundo,  que mantiene intereses en el sostenimiento de regímenes no transparentes ni democráticos en el Tercero (incluida, por cierto, la venta de armas y el tráfico de personas).

3.- Que el principio de solidaridad para con los más desheredados del mundo es un elemento ético de legitimación en una sociedad que se denomina democrática, que considera que los bienes de la tierra tienen un destino universal y que ni la propiedad ni las fronteras pueden tener un valor absoluto ante la miseria del prójimo y su derecho a sobrevivir.

4.- Que el Estado español pierde toda legitimidad ético-jurídica cuando legisla contra el contenido esencial de los Derechos Humanos,  despoja de todo tipo de ayuda material a las personas en situación irregular y pretende intimidar con graves sanciones a quienes ejerzan la hospitalidad y el cuidado del otro.

Ante ello, con independencia de otras numerosas discrepancias, proponemos al Gobierno, en este punto concreto, como auténtico mínimo ético, que modifique el Anteproyecto en el sentido de incorporar al texto normativo la necesidad de “ánimo de lucro”en el infractor  para que pueda ser sancionable.


-  Luis Ángel Aguilar Montero es miembro de las Comunidades Cristianas Populares y Coordinador Provincial de Izquierda Unida de Albacete.