El segundo quinquenio de los 90 estuvo signado para la economía internacional por la denominada crisis asiática, inaugurada en l997 con el derrumbe del bath tailandés, a la cual siguieron las tormentas financieras en Rusia y Brasil, así como una agudización de la situación en la vecina Colombia.

No obstante su condición de eslabón perdido en la cadena del capitalismo mundial, Ecuador resintió esas conmociones por la vía del deterioro de sus exportaciones primarias (petróleo, banano, camarón, flores) y de la contracción de los flujos de inversión productiva externa. La asfixia fiscal no se hizo esperar, agudizada por las protuberancias del servicio de la deuda y por los coletazos de la corriente de El Niño que, entre l997 y l998, arruinaron la agricultura y la infraestructura de la Costa.

Este orden de factores –desarreglos externos y fiscales- galvanizaron una situación recesiva que no tardaría en proyectarse al sector financiero, que hasta entonces había sido el principal beneficiario de un modelo económico especulativo exacerbado por las reformas liberales y aperturistas del gobierno de Sixto Durán y el “mago” Alberto Dahik. En esencia, tal modelo consistía en privilegiar al capital financiero sobre el capital productivo y en fomentar el ingreso de capitales externos cortoplacistas –golondrinas- garantizándoles altas tasas de interés.

Cuando Mahuad juró la presidencia con su recordado discurso cosmogónico (agosto de l998), el terreno de las finanzas estaba minado, tanto por las tendencias económicas descritas como por los recurrentes prácticas permisivas e inmorales de la mayoría de entidades bancarias. Apenas dos semanas después de la posesión del mandatario demócrata cristiano, el ministro de Finanzas, Fidel Jaramillo, anunció la liquidación del Banco de Préstamos. En noviembre del referido año y a pesar de un “jumbo” e ilegal préstamo de salvataje por 760 millones de dólares otorgado por el Banco Central, se derrumbó La Filantrópica (Grupo Isaías), supuestamente la institución financiera más poderosa del país.

El liberalismo esquizofrénico de Mahuad –Estado del Bienestar para los ricos, Estado mínimo para los pobres- terminó por desnudar el descalabro económico-financiero que había incubado en Ecuador el Consenso de Washington.

Presionado por la vieja oligarquía, el gobierno mahuadista hizo aprobar en el Congreso, a fines del 98, la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), un instrumento de proteccionismo estatal a la bancocracia. Igualmente, respaldó un proyecto de ley, promovido por el diputado socialcristiano Jaime Nebot Saadi, que sustituyó el Impuesto a la Renta por el Impuesto a la Circulación de Capitales (ICC). La entrada en vigor de esta última legislación resultó en el detonante de la hecatombe financiera ecuatoriana, ya que para eludir el nuevo tributo los banqueros y financistas nativos y extranjeros intensificaron sus operativos de descapitalización del país. Similar efecto tuvo la desaprensiva decisión oficial de disponer, siguiendo la recomendación del FMI, la flotación del tipo de cambio. Solamente entre enero y febrero de l999 se estima habrían fugado 2 mil millones de dólares, un equivalente a la mitad de las exportaciones anuales del Ecuador. Por su lado, el servicio de la deuda extenuaba el presupuesto estatal (a comienzos de ese año el 80 ciento de los ingresos ordinarios del Fisco se destinaba al pago de ese tributo imperial, compartido también por conocidos “buitres” criollos que hasta ahora permanecen intocados).

En este contexto, el colapso de la economía ecuatoriana se tornó inminente y llegó en marzo de l999.

II

La primera y simbólica víctima del “crack” fue la moneda nacional. Entre el l y el 5 de ese mes, la memorable Semana Negra, el sucre se desplomó desde una relación de 7 mil por dólar hasta los surrealistas niveles de l7 y l8 mil. A propósito de evitar nuevas “corridas” de depósitos y proteger a las entidades con problemas de liquidez –particularmente al Banco del Progreso (Grupo Aspiazu)-, Mahuad decretó un feriado bancario que se extendió entre el 8 y el l2 de marzo. La reapertura del sistema se concretó simultáneamente a un congelamiento de la gran masa de depósitos e inversiones del público, unos 4 mil millones de dólares. El “corralito” ecuatoriano perjudicó directa e inmediatamente a dos millones de personas, pese a lo cual la mayoría de entidades financieras terminó desmoronándose. A la emblemática quiebra del Banco del Progreso, en abril del 99, siguieron el Banco Popular, Pacífico, La Previsora, Azuay, etc. La debacle bancaria se cerró con la estatización reaccionaria del 70 por ciento del sistema financiero y con la fuga a Miami de los principales actores y responsables.

El tsunami financiero de fines del siglo pasado, prefigurado por la quiebra del Banco Continental, en 1995, tuvo corolarios de inmensa trascendencia. Aparte de la “socialización de las pérdidas” en un monto que actualmente se estima en 8 mil millones de dólares, el derrumbe de bancos y financieras debilitó a las finanzas públicas al punto que, en septiembre del 99, Mahuad se vio forzado a declarar la moratoria de la deuda Brady, aproximadamente unos 6.000 millones de dólares, y abdicar de la soberanía monetaria mediante la inconstitucional dolarización dispuesta el 9 de enero del 2000, medida que nos convirtió en opaca estrella de Washington y Wall Street.

La espectacular decisión del actualmente prófugo Jamil Mahuad derivó en vastas y pacíficas movilizaciones de inspiración nacionalista y popular, comandadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que lo desalojaron de Carondelet pocos días después, en acciones bautizadas por los shamanes como la Revolución del Arco Iris.

Cuando una colosal crisis financiera incubada por el demencial capitalismo estadounidense planea sobre el planeta entero, acaso convenga subrayar que, con la dolarización, el país quedó “enconsertado” a un tipo de cambio ultrafijo, un esquema monetario que el gobierno de Rafael Correa buscaría preservar fomentando no precisamente el Socialismo del Siglo XXI (y, en rigor, ningún tipo de socialismo), sino más bien el colonialismo del siglo XVI que implantara en estas tierras la Corona española. Pruebas al canto.

La privatización manu militari de PETROECUADOR y el festín de contratos petroleros; la apología oficial de la minería a cielo abierto; la teatral defensa de la rica biodiversidad del complejo Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT); la entusiasta adhesión gubernamental a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura de Sud América (Correa acaba de firmar con la “subimperialista” Brasilia la construcción del eje multimodal Manta-Manaos); la incorporación a la recientemente refrendada Constitución montecristense –un bodrio de 444 artículos- de las autonomías y descentralizaciones de inspiración bancomundialista; la alineación de Quito con Bogotá y Lima, en el seno de la CAN, para viabilizar la negociación andina de un Tratado de “Libre Comercio” con la Unión Europea (distanciándose definitivamente del ALBA y abandonando a su suerte a la Bolivia de Evo Morales); la consagración de la “educación de mercado” como pauta obligatoria para las universidades, mediante la inclusión del Proyecto Tunning en la referida Carta Política, y, en fin, la puesta en vigor con recursos y asesoría norteamericanos del Plan Libertador, un programa diseñado para espiar las actividades de los disidentes reales o potenciales de la globalización corporativa, lo cual ha determinado que desde la izquierda se lo tipifique bajo la figura orwelliana del Gran Hermano.

Esta constelación de acciones y orientaciones constituyen, a nuestro juicio, pruebas contundentes sobre la desviación de la Revolución Ciudadana hacia un modelo económico/político regresivo y represivo.

¡Cuánto desearíamos estar equivocados!

- René Báez, International Writers Association