La Presidenta Cristina Fernández anunció el pago de 6.706 millones de dólares al Club de París, un organismo que reúne en su seno a 19 países, entre los cuales tienen carácter hegemónico el Grupo de los 7 poderosos países capitalistas que se autodesignan como supervisores del sistema mundial.

El argumento utilizado repite fundamentos ofrecidos por el gobierno de Néstor Kirchner: el desendeudamiento. Un gran interrogante es la primacía de la deuda externa sobre la interna, de la cancelación ante los acreedores financieros con anterioridad a la deuda social gigantesca producto de años de transferencia de recursos, riqueza y poder a un núcleo concentrado del capital transnacional.

Se trata de una medida controvertida, porque la persistencia del incumplimiento cerraba las puertas del país al financiamiento externo, salvo las operaciones solidarias provenientes de Venezuela, con tasas de interés creciente, las que devolvían una imagen de vulnerabilidad externa de la economía local. ¿Para qué se requería ese financiamiento? Esa es la cuestión de fondo, ya que la Argentina sigue presa del condicionante que supone el endeudamiento originado en tiempos de la dictadura genocida. Argentina se endeuda para cancelar deuda en un derrotero sin fin. Con la política de desendeudamiento, el país pretendía sacarse de encima el problema y la realidad demuestra que se continúa con un obstáculo estructural.

Hace 25 años que bajo gobiernos constitucionales se escamotea la investigación de la deuda pública externa. Se sugiere el carácter de “odiosa” de buena parte de la misma, contraída en tiempos dictatoriales y sin embargo, cada turno gubernamental organizó una reestructuración de los pagos, redefiniendo plazo e hipotecando el futuro. Incluso, las quitas obtenidas en la negociación del Plan Brady en 1992 y en el reciente canje del 2005, presentadas como resoluciones definitivas han mostrado sus límites con los crecimientos posteriores del stock de deuda, que finalmente absorbe recursos fiscales que podrían asignarse a resolver demandas sociales insatisfechas.

Argentina necesita compartir una estrategia común de abordaje del problema con otros países de la región y del mundo. Ecuador está avanzando en soledad en su auditoria de la deuda externa, con colaboración de profesionales y expertos argentinos. Sería deseable un mayor acercamiento y consulta con la experiencia ecuatoriana y ensayar un camino conjunto, tal como se presume con el Banco del Sur y otros emprendimientos productivos y financieros que se procesan en la búsqueda de una integración alternativa.

No sirve el aislamiento internacional, pero la inserción bajo las reglas del poder mundial no es el único camino posible. No es sencillo transitar senderos alternativos, pero reiterar los ya transitados nos condena a la eterna hipoteca.

- Julio C. Gambina es profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del Comité Directivo del consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Director Adjunto del Centro Cultural de la Cooperación, CCC. Miembro del Consejo Académico de ATTAC-Argentina.