Un peligro para nuestros pueblos recorre distintos países de América Latina: es la criminalización de la protesta. Desde República Dominicana hasta el Brasil, pasando por México, Argentina, Chile, Colombia y, por supuesto, el Perú, se refuerzan las instituciones represivas y se modifican un conjunto de normas penales con la finalidad de controlar el descontento social.

A contracorriente de lo señalado por los ideólogos neoliberales el Estado no se debilita, por el contrario se fortalecen sus funciones coercitivas, afirmándose cada vez más los perfiles autoritarios. El político y antropólogo mexicano, Gilberto López y Rivas, ha señalado con razón que “a mayor conciencia y conflicto sociales, mayor violación de los derechos humanos y deterioro del estado de derecho”.

Mediante la criminalización de la protesta se judicializan los conflictos sociales y se renuncia al diálogo como instrumento de la política. La disputa se traslada al escenario judicial encarcelándose a los líderes de los movimientos sociales que deben dedicar parte importante de su tiempo a defenderse de acusaciones muchas veces infundadas.

No es redundante precisar que los afectados son casi siempre integrantes del movimiento sindical, campesino, indígena, militantes de organizaciones políticas que luchan por el cambio, defensores del medio ambiente y activistas de derechos humanos.

La CIDH ha establecido que la criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión. Y no podía ser de otra manera puesto que la protesta social es la expresión del descontento ciudadano frente a decisiones en las que no han estado involucrados y/o los desfavorecen o perjudican.

En el Perú el proceso de criminalización no es reciente. La dictadura de Fujimori inició el camino, usando como pretexto la lucha contra el “terrorismo agravado”. Lo extraño es que el gobierno “democrático” de Alejandro Toledo endureció esta política como una forma de responder a las masivas exigencias sociales que demandaban paralizar las privatizaciones o acabar con la corrupción de las autoridades locales o regionales.

Sin embargo, con la administración aprista el asunto adquiere ribetes preocupantes. En julio del 2007 se aprueban un conjunto de decretos legislativos que afectan severamente derechos fundamentales; además, otras normas que les dan mayor poder y protección a las Fuerzas Armadas. Eso sin considerar el permanente lenguaje agresivo y confrontacional del Presidente de la República ni la impunidad que rodea a la muerte de más de veinte manifestantes.

Nadie puede negar, por tanto, que hoy en el Perú la criminalización de la protesta social no es un fantasma amenazante sino más bien una lacerante realidad.


- Yomar Meléndez Rosas es abogado. Vicepresidente Nacional Movimiento Nueva Izquierda (MNI).