- Debieron desplazarse a Bogotá para visibilizar su cruda realidad ante el país.

En medio de dos fuegos se debaten alrededor de 700 indígenas embera katíos de la comunidad Conondo del resguardo Tamí, en el municipio chocoano de Bagadó, desde hace más de dos años cuando comenzaron los incruentos combates de los actores del conflicto. La situación en esa población rural a 80 kilómetros de Quibdo, capital del departamento del Chocó, al noroccidente de Colombia, es de permanente zozobra, pues las tropas adscritas al Batallón Alfonso Manosalva Flores combaten contra tres grupos insurgentes: el frente 34 de las FARC, el frente Manuel Hernández del ELN y un grupo disidente de esta organización subversiva llamado Ejército Revolucionario Guevarista. El panorama en esa región “es de miedo, desprotección y hambre”, afirma en diálogo con CRONICÓN.NET, Avelino Arce, líder de esa comunidad aborigen.

Debido a los constantes enfrentamientos entre militares y guerrilleros, los indígenas enfrentan una alarmante situación porque no pueden sacar desde hace tres meses sus productos agrícolas ni adquirir sus provisiones, dado que el Ejército tiene bloqueada la vía que conduce a Santa Cecilia, el último corregimiento de Risaralda que limita con el Chocó.

Esta comunidad indígena del suroccidente chocoano se encuentra abandonada a su suerte, no cuenta con servicios de salud ni educación, menos con infraestructura básica en materia de servicios públicos y el conflicto armado les ha arrebatado su tranquilidad y también su hábitat.

Mientras la guerrilla instala minas antipersonales en buena parte del resguardo donde esta comunidad siembra sus cultivos de pan coger, el Ejercito montó campamentos de combate dentro de las cabeceras del resguardo y se abastece arrebatándoles a los indígenas los productos agrícolas y los animales que ellos cultivan y cuidan, con lo cual encontró una excelente fuente de provisión.

Comienza el drama

Alfonso Manukama Arce, gobernador del cabildo relata que en Conondo se vivía en tranquilidad y sosiego hasta cuando el 19 de diciembre de 2005 irrumpieron la cotidianidad de los indígenas cuatro ruidosos helicópteros que bajaron de las alturas y de los cuales salieron una gran cantidad de soldados armados hasta los dientes que comenzaron a requisar los ranchos, pisotear los sembrados y a maltratar de palabra y de obra a la comunidad, acusándola de ser cómplice de la subversión.

El ventarrón y el ruido que producían los helicópteros artillados generaron estupor entre varios indígenas, sobre todo en los niños, que buena parte de ellos huyeron despavoridos monte adentro.

La orden era perentoria: acabar a como dé lugar el frente 34 Aurelio Rodríguez de las FARC que opera en esa región chocoana. Si bien la guerrilla merodea “nuestro resguardo nunca nos ha causado daño”, coinciden en señalar los líderes Arce y Mankuama.

Tres meses después, el 12 de marzo de 2006 en horas de la tarde, el Ejército volvió a Conondo donde protagonizó un fuerte combate con la guerrilla en medio de la población indígena que atemorizada buscaba refugio. El resultado: siete aborígenes heridos y un niño muerto, así como la destrucción de una docena de viviendas.

A partir de ese día los bombardeos desde los helicópteros no han parado y simultáneamente los indígenas también deben soportar los atropellos de la Policía. En efecto, el sábado 26 de mayo de 2007, mientras la comunidad preparaba el desayuno el ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios) de la Policía arrinconó frente a las aguas del río San Juan a varios niños y adolescentes indígenas, entre ellos a Gloria Inés Arce de 6 años de edad, quien está desaparecida aunque se presume que se ahogó como consecuencia de la brutalidad policial. En esos hechos también fueron victimas de las acciones policiales una niña de tan sólo seis meses que murió por efecto de los gases lacrimógenos y tres mujeres emberas katíos que estaban embarazadas fueron afectadas por los gases, hasta tal punto que llegaron en muy malas condiciones a sus viviendas y después abortaron.

Se rebotó la copa

La paciencia de este resguardo indígena ante los atropellos y las injusticias de la fuerza pública no se pudo contener más. El hecho que rebosó la copa fue el pasado 14 de mayo cuando el Ejército incrementó el número de hombres en el resguardo. La soldadesca llegó maltratando a los pobladores, revisaron a la fuerza sus ranchos, tumbaron enseres, techos y arrasaron con todos sus cultivos. Su propósito era capturar guerrilleros y encontrar material bélico, por cuanto que hacía unos pocos días las FARC se habían tomado el corregimiento chocoano de San Marino y el Ejército tenía militarizada la zona. Sin embargo, no encontraron absolutamente nada y luego de los destrozos que causaron se fueron lanzándoles amenazas en el sentido de que si no desalojaban el resguardo continuarían los bombardeos.

En medio de tanto atropello y humillación y al hecho de que la guerrilla retuviera a un indígena del resguardo para sacarle información, la comunidad decidió movilizarse para denunciar a la fuerza pública por su proceder y solicitar al gobierno nacional reparación por los daños ocasionados. Por esa razón, entre el 28 y 29 de mayo 134 indígenas embera katíos, llegaron al la Terminal de transportes de Bogotá, entre ellos 91 menores de edad, para visibilizar su cruda realidad ante el país.

Es la primera vez en muchos años que Bogotá recibe un éxodo de tales proporciones. Pese al drama, el Gobierno Nacional a través de la Oficina de Acción Social se negó a reconocerlos como desplazados de la violencia porque el informe de que rindió el Ejército no acepta los desmanes cometidos. En contraste, la atención que recibieron fue gracias al Gobierno Distrital del alcalde Samuel Moreno Rojas y la Personería a cargo de Francisco Rojas Birry.

Secretaría de Gobierno de Bogotá lideró atención y custodia

Ante esta crisis humanitaria y la despreocupación por parte del Gobierno Nacional, la Secretaría de Gobierno de Bogotá a cargo de Clara López Obregón, determinó ejecutar un Plan de Manejo Unificado con la colaboración de otras entidades del Distrito como la Personería, el IPES, Misión Bogotá, Secretaría de Salud, y Secretaría de Integración Social, la Cruz Roja Colombiana y Corabastos, para coordinar las acciones que permitan atender en forma digna a estos colombianos indígenas víctimas del conflicto y buscar los mecanismos para que puedan retornar a sus tierras.

La Secretaría de Gobierno trabajó como garante para que Acción Social de la Presidencia de la República se comprometa en la reparación a esta comunidad indígena por los daños ocasionados en su territorio por parte de la fuerza pública y varios de su habitantes retornen a sus rancherías en mejores condiciones socioeconómicas y de seguridad, comenzando por la desmilitarización de su resguardo.

Fernando Arellano Ortiz

Director www.cronicon.net