Se acabó y para siempre la presidencia imperial.

No más día del presidente, como lo dijimos desde los tiempos de Fox; el jefe del Ejecutivo ya no estará obligado a presentarse el uno de septiembre de cada año para entregar personalmente el “Informe que guarda la Administración Pública Federal”, por lo tanto se terminó el boato en que convirtió lo que debió ser siempre una ceremonia republicana.

Además, para complementar lo anterior, el Senado aprobó, la eliminación del llamado "veto de bolsillo", con el objetivo de garantizar que ninguna ley aprobada por el Poder Legislativo pueda ser vetada por el Ejecutivo. El propio Legislativo puede ordenar su publicación para su entrada en vigor.

Por lo pronto, la contraparte de lo anterior, quedó postergada por culpa de la inasistencia de diputados panistas; por siete votos no fue aprobada en el último día del periodo extraordinario, la llamada "iniciativa preferente", por la cual el Ejecutivo Federal podrá enviar al Congreso de la Unión hasta dos iniciativas para que obligadamente sean dictaminadas y votadas en el periodo en que las haya recibido.

Sin embargo, se ganó otra: el Presidente de la República podrá ausentarse del país hasta siete días, sin requerir del permiso del Congreso, ya fue dictaminado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, al señalar que esta modificación legal, es parte del paquete de propuestas que resultaron de la Reforma del Estado.

La reforma constitucional que establece un nuevo formato para el informe presidencial, ya fue aprobada tanto por el Senado de la República como por la Cámara de Diputados, después de que la minuta, en la Cámara alta se le hicieran algunas modificaciones sustanciales, por lo cual el Presidente de la República, efectivamente no estará obligado a presentarse el uno de septiembre en el recinto del Congreso a la apertura del periodo de sesiones, para entregar personalmente el “Informe que guarda la Administración Pública Federal”, pero si deberá contestar obligadamente las preguntas que le hagan los legisladores.

Para completar lo sustancial del cambio, asimismo están obligados a comparecer ante el Poder Legislativo los funcionarios públicos federales al simple llamado del mismo y todo lo que expresen será bajo protesta de decir verdad, en consecuencia, ante cualquier informe falso que pudieran dar se les aplicaría de inmediato la Ley de Responsabilidades de Funcionario Públicos.

En esas condiciones, se está ahora si en la apertura de que lo siempre hemos sostenido, la necesidad de que México tenga una verdadera Ley de Rendición de Cuentas Públicas, y no como ahora una supuesta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que como está probado, es una ley mordaza, una ley que legalizó la censura.

La eliminación del llamado "veto de bolsillo", es de la mayor relevancia pues como ya dijimos, su objetivo es de garantizar que ninguna ley aprobada por el Poder Legislativo se quede en el cajón o sea frenada por el Ejecutivo, como ocurrió constantemente en tiempos de Fox. Ahora el propio Poder Legislativo, pasado el término de 30 días sin que el Presidente de la República se digne promulgarla, podrá el Congreso ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que de inmediato entre en vigor.

Falta desde luego un largo camino para que estas reformas constitucionales entren en vigor, aunque se da por un hecho que así será, puesto que son producto de profundas negociaciones entre los poderes del Estado y las fuerzas políticas del país.

Tendrán que ser aprobadas por la mitad más uno de los congresos estatales, desde luego, no ser vetadas por el Jefe del Ejecutivo de acuerdo a la ley actual; sin embargo estamos ciertos que se promulgarán, a nadie, ni al propio actual huésped de Los Pinos, le conviene que persista en estos tiempos de cambios, un Presidencia Imperial, en desuso y superada por la demanda manifiesta del pueblo mexicano.

 

- Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor mexicano.  

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