Autoridades represivas
12/08/2007
- Opinión
México además de ocupar el deshonroso primer lugar en asesinatos, desapariciones forzadas, agresiones y amenazas a periodistas, ahora sus autoridades constituidas son cada día más intolerantes con el trabajo de los informadores y tolerantes ante la represión que sufren de continuo los comunicadores.
Por el “delito” de criticar la falta de efectividad de los operativos anticrimen que lleva al cabo el Ejército Mexicano conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República, y dar a conocer ampliamente la bochornosa violación masiva a sexo servidoras llevada a cabo por soldados ebrios en la zona de tolerancia de Monclova, Coahuila el pasado 11 de julio, elementos uniformados detuvieron en forma arbitraria a cuatro reporteros, los mantuvieron en cautiverio 16 horas antes de presentarlos ante autoridad competente, lo que se convierte de inmediato en delito de secuestro.
Y no sólo eso, con el clásico “sembrado”, los acusaron de posesión de droga y arma de fuego: un frasco pequeño con marihuana y alcohol y una pistola 38 súper, cuya propiedad niegan los informadores, quienes después de 16 horas en las instalaciones de la Base de Operaciones Militares número 26, con los ojos cubiertos y atados de las manos, 48 horas en los separos de la delegación de la PGR; en fin tras casi 4 días de arresto, fueron puestos en libertad después de depositar fianzas de 10 mil pesos cada uno.
Se trata de los colegas: Manolo Acosta Villarreal y Sinhué Samaniego, del periódico Zócalo; Jesús Meza González, del diario La Voz, y Alberto Rodríguez Reyes, de la televisora local Canal 4, cuyas edades fluctúan entre los 19 y 24 años.
Según el relato de los colegas, cuando se percataron de que una fuerza del Ejército y elementos policíacos se dirigían a un posible operativo, siguieron al convoy y empezaron a tomar fotos y videos de la movilización, lo cual enfureció al comandante en jefe, Adrián Barrera Castorena, quien ordenó la detención y la incautación de los instrumentos de trabajo.
Otros compañeros que se percataron del abusivo proceder, dieron la voz de alerta y en esa forma unos cincuenta informadores se manifestaron ante el cuartel del Ejército, hasta que lograron que los colegas fueran presentados ante el Ministerio Público Federal, Gerardo Macíel Moncada, quien seguramente presionado, los consignó ante el Juez Tercero de lo Penal, por los delitos anotados y declaró ufano: Están sujetos a proceso penal.
Los hechos ocurrieron la noche del martes al oriente de la ciudad mencionada de Monclova y quedaron en libertad a las 13:40 horas de este viernes, tras el depósito de las fianzas ante el Jugado. Al respecto el abogado defensor de los informadores, Luís Humberto Rodríguez se dijo confiado en que serán absueltos ya que la averiguación previa, como es de suponerse, está plagada de inconsistencias. Apuntémoslas para que quede claro el tamaño de la arbitrariedad.
El Ministerio Público no encontró huellas dactilares en la pistola Colt calibre 38 súper, que según los militares traían los informadores; la averiguación carece de validez jurídica, debido a que los militares involucrados en la detención, entre ellos Adrián Barrera Castorena, presunto comandante del operativo, comparecieron ante el Ministerio Público Federal cubiertos con pasamontañas y armados con rifles de asalto.
El parte informativo indica que la detención ocurrió al filo de las cinco de la madrugada, sobre el periférico Carlos Salinas de Gortari; sin embargo, no pudieron haber sido detenidos a esa hora, pues su turno de trabajo terminaba a las 23:00 horas del día anterior.
El presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, deben de tomar las medidas correctivas y llevar ante los tribunales a los autores del gravísimo acto represivo y máxime con el señalamiento de la cuarta visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, María del Rosario Álvarez Vázquez, quien afirmó: “Sí hubo violación a sus garantías constitucionales porque los privaron de su libertad, los golpearon con los puños y los mantuvieron vendados de ojos y manos”
Así está de grave la situación para el desempeño del trabajo periodístico en México. No sólo los asesinatos, desapariciones forzadas, agresiones de todo tipo y amenazas sufren los comunicadores, además tenemos que sumar la represión de autoridades intolerantes ante el deber de informar y el derecho del pueblo a estar bien informado.
- Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor mexicano, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP.
www.ciap-felap.org
www.fapermex.com
Por el “delito” de criticar la falta de efectividad de los operativos anticrimen que lleva al cabo el Ejército Mexicano conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República, y dar a conocer ampliamente la bochornosa violación masiva a sexo servidoras llevada a cabo por soldados ebrios en la zona de tolerancia de Monclova, Coahuila el pasado 11 de julio, elementos uniformados detuvieron en forma arbitraria a cuatro reporteros, los mantuvieron en cautiverio 16 horas antes de presentarlos ante autoridad competente, lo que se convierte de inmediato en delito de secuestro.
Y no sólo eso, con el clásico “sembrado”, los acusaron de posesión de droga y arma de fuego: un frasco pequeño con marihuana y alcohol y una pistola 38 súper, cuya propiedad niegan los informadores, quienes después de 16 horas en las instalaciones de la Base de Operaciones Militares número 26, con los ojos cubiertos y atados de las manos, 48 horas en los separos de la delegación de la PGR; en fin tras casi 4 días de arresto, fueron puestos en libertad después de depositar fianzas de 10 mil pesos cada uno.
Se trata de los colegas: Manolo Acosta Villarreal y Sinhué Samaniego, del periódico Zócalo; Jesús Meza González, del diario La Voz, y Alberto Rodríguez Reyes, de la televisora local Canal 4, cuyas edades fluctúan entre los 19 y 24 años.
Según el relato de los colegas, cuando se percataron de que una fuerza del Ejército y elementos policíacos se dirigían a un posible operativo, siguieron al convoy y empezaron a tomar fotos y videos de la movilización, lo cual enfureció al comandante en jefe, Adrián Barrera Castorena, quien ordenó la detención y la incautación de los instrumentos de trabajo.
Otros compañeros que se percataron del abusivo proceder, dieron la voz de alerta y en esa forma unos cincuenta informadores se manifestaron ante el cuartel del Ejército, hasta que lograron que los colegas fueran presentados ante el Ministerio Público Federal, Gerardo Macíel Moncada, quien seguramente presionado, los consignó ante el Juez Tercero de lo Penal, por los delitos anotados y declaró ufano: Están sujetos a proceso penal.
Los hechos ocurrieron la noche del martes al oriente de la ciudad mencionada de Monclova y quedaron en libertad a las 13:40 horas de este viernes, tras el depósito de las fianzas ante el Jugado. Al respecto el abogado defensor de los informadores, Luís Humberto Rodríguez se dijo confiado en que serán absueltos ya que la averiguación previa, como es de suponerse, está plagada de inconsistencias. Apuntémoslas para que quede claro el tamaño de la arbitrariedad.
El Ministerio Público no encontró huellas dactilares en la pistola Colt calibre 38 súper, que según los militares traían los informadores; la averiguación carece de validez jurídica, debido a que los militares involucrados en la detención, entre ellos Adrián Barrera Castorena, presunto comandante del operativo, comparecieron ante el Ministerio Público Federal cubiertos con pasamontañas y armados con rifles de asalto.
El parte informativo indica que la detención ocurrió al filo de las cinco de la madrugada, sobre el periférico Carlos Salinas de Gortari; sin embargo, no pudieron haber sido detenidos a esa hora, pues su turno de trabajo terminaba a las 23:00 horas del día anterior.
El presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, deben de tomar las medidas correctivas y llevar ante los tribunales a los autores del gravísimo acto represivo y máxime con el señalamiento de la cuarta visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, María del Rosario Álvarez Vázquez, quien afirmó: “Sí hubo violación a sus garantías constitucionales porque los privaron de su libertad, los golpearon con los puños y los mantuvieron vendados de ojos y manos”
Así está de grave la situación para el desempeño del trabajo periodístico en México. No sólo los asesinatos, desapariciones forzadas, agresiones de todo tipo y amenazas sufren los comunicadores, además tenemos que sumar la represión de autoridades intolerantes ante el deber de informar y el derecho del pueblo a estar bien informado.
- Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor mexicano, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP.
www.ciap-felap.org
www.fapermex.com
https://www.alainet.org/pt/node/122624
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