El colapso, el pasado 24 de julio en Ginebra, de la Ronda de Doha de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio -OMC-, es una de las mejores cosas que suceden al mundo en desarrollo, en mucho tiempo.

En las últimas dos semanas, en anticipación de la reunión del 27-28 de julio del Consejo General de la OMC, un importante esfuerzo de rescate fue montado para salvar del colapso a la “Ronda de Doha” de negociaciones comerciales globales. El más prominente de estos esfuerzos ocurrió en la cumbre del Grupo de los Ocho en San Petersburgo, donde los líderes de las economías más poderosas del mundo lanzaron un llamado a la conclusión exitosa de la Ronda, a la que calificaron como “oportunidad histórica para generar el desarrollo económico, crear el potencial para el desarrollo, y levantar los niveles de vida en todo el mundo”.

Esto era un puro mito. La idea de que la Ronda de Doha fuera una “ronda de desarrollo” no podía ser más lejana de la verdad.

Desde el inicio de las negociaciones de Doha, en noviembre de 2001, los gobiernos de los países desarrollados rechazaron la demanda de la mayoría de países, de que las negociaciones se centren en la dura tarea de poner en ejecución los compromisos anteriores, y que eviten iniciar una nueva ronda de liberalización comercial. De entrada, la meta de los países desarrollados era exigir una mayor apertura de los mercados de los países en vías de desarrollo, a la vez que de su lado, ofrecían concesiones mínimas. La evocación del desarrollo era una simple artimaña para que el proceso parezca más digerible.

Negociaciones disparejas en agricultura

El estado de las negociaciones agrícolas, antes del descalabro actual, lo reflejaba. Aun si Estados Unidos hubiera concedido los términos de la solución de compromiso propuesta por el director general de la OMC, sobre los recortes en su ayuda doméstica, todavía se hubiese quedado con el masivo monto de US $20 mil millones en subsidios permisibles. Aunque la Unión Europea aceptaría eliminar progresivamente sus subsidios de exportación, hubiesen permanecido 55 mil millones de euros en otras formas de ayuda a la exportación. A cambio de tales concesiones mínimas, los EE.UU., la UE, y otros países desarrollados, querían reducir radicalmente los aranceles a sus exportaciones agrícolas, en los mercados de los países en vías de desarrollo.

De hecho, incluso en las últimas etapas de las negociaciones, EE.UU. aparecía resuelto a eliminar cualquier protección para los agricultores de los países en desarrollo. La Representante Comercial de EE.UU., Susan Schwab, atacó las provisiones para los “productos especiales” y los “mecanismos especiales de salvaguardia”, que ya habían sido institucionalizados en la Declaración Ministerial de Hong-Kong, de diciembre 2005. A pesar de sus imperfecciones, estos mecanismos al menos hubiesen permitido a los gobiernos retrasar la erosión de la agricultura local, al exonerar algunos productos de los cortes de aranceles y al incrementar los aranceles a las importaciones subsidiadas.

Si las negociaciones de la OMC concluían en términos tan desiguales, darían lugar a una reducción radical de los aranceles agrícolas de los países pobres, impidiéndoles a la vez mantener su seguridad alimentaria. Equivale a una receta de una expansión masiva del hambre y amenaza con empobrecer aun más a centenares de millones de pobres en todo el mundo. Las consecuencias para el Sur quizás fueron mejor sintetizadas por un negociador del gobierno filipino, ante el Comité de Agricultura de la OMC: “Nuestros sectores agrícolas, que son estratégicos para la seguridad alimentaria y el empleo rural, desde ya están desestabilizados, puesto que la flagrante injusticia del entorno del comercio internacional está masacrando a nuestros productores pequeños. Incluso mientras hablo, se está llevando al matadero a nuestros pequeños productores en nuestros propios mercados, e incluso los más resistentes y eficientes están en dificultades”.

El espectro de la desindustrialización

Pero los países desarrollados no solamente desean reducir drásticamente los aranceles agrícolas de los países en desarrollo. También desean una entrada máxima a los mercados del Sur para sus mercancías industriales y otras no-agrícolas. En las negociaciones de NAMA (acceso no-agrícola al mercado, por sus siglas en inglés), han exigido que las economías en vías de industrialización del Sur recorten sus aranceles no-agrícolas en 60-70 por ciento, mientras que ofrecen recortar los suyos en solamente 20-30 por ciento. No solo esto viola el principio de GATT-OMC de la reciprocidad plena; sino que es absurdamente inequitativo. El gobierno sudafricano expresó las frustraciones de la mayoría del Sur global sobre el proceso de Doha, cuando indicó que “los países en desarrollo no aceptarán destruir su industria doméstica sobre la base de demandas nada razonables e irracionales que les plantean los países desarrollados”.

La extinción de la agricultura y la desindustrialización no son el único precio que se están pidiendo que paguen los países en desarrollo para una conclusión exitosa de la Ronda de Doha. Adicionalmente, según los términos de las negociaciones del Acuerdo General en Comercio en Servicios de los (GATS) en la OMC, se les está pidiendo que permitan a las corporaciones extranjeras mayores derechos para la compra y control de los servicios públicos en estros países, poniendo en riesgo las garantías de servicios públicos esenciales para los pobres.

La ecuación de costo-beneficio

Ya no son solamente los países en desarrollo o la sociedad civil global, quienes están advirtiendo que la liberalización manejada por la OMC será perjudicial a los intereses del mundo en desarrollo. Incluso las agencias más favorables a la liberalización ahora admiten que las ventajas prometidas de la Ronda de Doha para los pobres han sido bastante exageradas. Según un estudio del Bando Mundial, de finales del 2005, en un “escenario probable” de reformas de Doha, los países en desarrollo ganarían apenas $16 mil millones en diez años. Es un minúsculo 0.16 por ciento del producto interno bruto de estos países, o menos de un penique por día per capita. Se proyecta que los mil millones de personas más pobres aumentarán su renta en solo US $2 por año. Por ello resulta tan desgarrador ver que se evoca a “los pobres”, para vender el proyecto de extensión corporativa masiva, de la agenda de Doha.

No obstante, este estudio 2005 del Banco Mundial, si bien es menos irrealista que los estudios anteriores de esa agencia, es extremadamente inadecuado, porque no toma en cuenta muchos costos que el régimen de la OMC impone en los países en desarrollo. No considera, por ejemplo, el impacto negativo de los monopolios corporativos de patentes, bajo los términos del acuerdo de “Propiedad Intelectual Relacionado con el Comercio” (TRIP) de la OMC, que obliga a los pobres a pagar precios altamente inflados para acceder a medicinas que salvan vidas.

Hay quienes estiman que estos costes a los países en desarrollo son mucho mayores que cualquier pretendida ganancia de la liberalización. Por ejemplo, un estudio reciente de UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo) predice que las pérdidas en las rentas de aranceles para los países en desarrollo, bajo Doha, podrían variar entre $32 mil millones y $63 mil millones anualmente. Esta pérdida en ingresos del gobierno -la fuente de los presupuestos para el cuidado médico, la educación, la provisión de agua y el saneamiento en tales países- es de dos a cuatro veces los escasos $16 mil millones en ventajas proyectadas por el Banco Mundial.

África, la región menos desarrollada, será una de las víctimas más prominentes, si la Ronda llega a término. Resumiendo los resultados de otras investigaciones recientes de la de Carnegie Endowment, la Comisión Europea, y la FAO, Aileen Kwa de Focus on the Global South precisa que “las mayorías en África enfrentan pérdidas con la liberalización tanto de la agricultura como de los bienes industriales. Aun si los mercados de exportación agrícolas estuvieran abiertos para África, la mayoría de los agricultores africanos -campesinos de subsistencia- no estarán en condiciones para competir. Además, perderán al tener que abrir sus mercados interiores en las negociaciones. Los países más pobres de África serán los más golpeados; muchos de ellos figuran entre los países menos desarrollados, en África subsahariana y del este”.

Romper con el paradigma de la OMC

En suma, no sólo los costes económicos de una conclusión potencial de Doha superan claramente cualquier ventaja proyectada para los pobres; sino que la pérdida de espacio de políticas para los países en vías de desarrollo -para crear trabajos con la industrialización, garantizar servicios públicos, y proteger granjeros y la seguridad alimentaria- sería equivalente a quitar la escalera del desarrollo de debajo de los pies, -para emplear la imagen del economista Ha Joon Chang de la Universidad de Cambridge-, e impedir que los países en desarrollo usen las mismas herramientas que utilizaron las naciones desarrolladas para librarse de la pobreza.

El libre comercio es tan claramente perjudicial al desarrollo, que un estudio reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aconsejó a los países asiáticos pobres hacer lo que hicieron con éxito Japón y Corea del Sur: proteger sus industrias dominantes con aranceles, antes de exponerlas a la competición extranjera. Para promover el desarrollo y reducir la pobreza, se debería alentar a los gobiernos a aumentar el gasto para cuidados de salud, educación, acceso al agua, y otros servicios esenciales, y no ejercer presiones para que los vendan a las corporaciones extranjeras para el beneficio privado.

El comercio puede ser un medio del desarrollo. Desafortunadamente, el marco de la OMC subordina el desarrollo al libre comercio bajo el modelo corporativo y margina a los países en desarrollo aun más. Es hora de dejar de mantener ilusiones sobre los pretendidos efectos beneficiosos sobre el desarrollo de la Ronda de Doha. El colapso de la Ronda de Doha será bueno para los pobres. Con el descalabro de las negociaciones de la OMC, la tarea ahora debe ser cambiar de rumbo para crear marcos e instituciones alternativos a la OMC y a los otros mecanismos comerciales neoliberales, para hacer que el comercio sea verdaderamente beneficioso para los pobres.

Walden Bello es director ejecutivo de Focus on the Global South y profesor de sociología en la Universidad de las Filipinas.