Balance de la participación del ejército en la seguridad ciudadana
- Opinión
- Antecedentes[1]
Desde
A partir de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, en 1996, comienza una nueva etapa para el país, pero sin que los gobiernos y sus políticas hayan resuelto las cuestiones fundamentales que dieron lugar al conflicto armado interno.
En este sentido, Guatemala es un país donde la inequidad es extrema (ocupa el último lugar del continente, el 120, en el Índice de Desarrollo Humano, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). Los intereses de las oligarquías han prevalecido siempre sobre los del resto de la población.
Sumado a lo anterior, los gobiernos autoritarios y dictatoriales que gobernaron el país durante casi todo el siglo XX impusieron la razón de Estado, manteniendo el statu quo por encima de las transformaciones sociales y reprimiendo la participación ciudadana.
Si bien a partir de 1996 se pretende cambiar el rumbo del país, iniciar un proceso de transformación, de participación ciudadana, de una institucionalización del Estado y su transformación en un Estado de Derecho, los intereses económicos, la búsqueda del poder personal, la inequidad social y el clima de violencia reinante, impiden la culminación del proceso. La debilidad del Estado para ejercer su papel de control y de garantizar el bien común dificulta el logro de los objetivos trazados por los Acuerdos de Paz.
El Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática (AFPC) define las funciones del Ejército, las cuales, hoy día, no se ha logrado limitarlas, sino todo lo contrario.
El actual Gobierno, lejos de materializar lo establecido en el AFPC y delimitar las funciones del Ejército ha seguido involucrando a dicha institución en tareas de seguridad ciudadana, debido, por un lado a la debilidad de
Los patrullajes combinados, el resguardo perimetral de los presidios, el apoyo en desalojos de terrenos ocupados por campesinos, constituyen una nueva militarización de la seguridad pública. Según un informe de 2002 de
El gobierno de Álvaro Arzú (1996–2000), signatario de los Acuerdos de Paz, no logró y no quiso llevar a cabo las reformas a
El gobierno de Alfonso Portillo (2000–2004) dio lugar al debilitamiento deliberado de
En las elecciones presidenciales para el periodo 2004–2008 resulto vencedor Óscar Berger, representante del empresariado, que ha continuado el proceso de militarización de la seguridad ciudadana, sin resultados.
Lo cierto es que cada gobierno elegido ha sido de diferente signo y no ha habido continuidad en el proceso de implementación de las reformas planteadas en los Acuerdos de Paz, y que la inexistencia de políticas públicas y de Estado ha sido la constante.
El texto constitucional señala como fines y deberes del Estado de Guatemala la protección de la persona y la realización del bien común, y la garantía a los habitantes de
El monitoreo del gasto militar ha sido muy problemático, pues el Ministerio de
Asimismo, la mayor debilidad del régimen democrático guatemalteco, debido a su reciente historia, es justamente su debilidad institucional. El fin de la guerra, que pudo significar la consolidación del proceso democrático, ha sido nuevamente ensombrecido por grupos de poderes paralelos que se han beneficiado de la falta de certeza jurídica y de la inoperancia del sistema político.
Esta situación ha generado un clima de confrontación social, desarticulación de las instituciones, corrupción, violencia social y desconfianza e incertidumbre de parte de la población en las instituciones estatales.
Guatemala ha carecido desde el fin del conflicto armado interno de una política pública en materia de seguridad, que defina claramente los roles de cada una de las instituciones encargadas de la seguridad externa e interna, así como de claros objetivos políticos, lo que dificulta el diseño de los presupuestos y aún más la auditoria social.
Esto ha derivado en que las asignaciones presupuestales tengan que ver más con los intereses del gobierno de turno, que asigna a las fuerzas armadas mayor presupuesto que el que debiera, según sus fuerzas y medios.
Así, la institución castrense no está contribuyendo a fortalecer la institucionalidad civil y asume tareas que no le corresponden, ante la ausencia de una “amenaza militar”, a manera de legitimar y justificar su gasto. Esto sólo deriva en un uso ilegitimo de los recursos, a causa de la falta de controles y de la permisividad en el presupuesto asignado a Defensa.
- Militarización de la seguridad: la polivalencia de las capacidades del Ejército
Según el ex ministro de
Según esta “visión futurista”, para el Ejército de Guatemala, la polivalencia de capacidades no es otra cosa que la de asumir una multiplicidad de tareas, entre ellas la seguridad ciudadana. Lo anterior deriva en una institución que hace de todo y en definitiva no hace nada como se requiere.
Según
RESDAL agrega que no puede olvidarse que la ampliación de los criterios en base en los que se otorgan misiones internas a los ejércitos históricamente ha facilitado el autoritarismo, y un “militarismo” social alejado del ideal democrático.
La actual visión de un ejército polivalente se relaciona con otro concepto, el de la multidimensionalidad de las amenazas. Esto es, el reconocimiento de que la seguridad tiene amenazas múltiples, y de que muchos problemas de gobernabilidad son temas de seguridad. Así, al caracterizarse como riesgos de seguridad muchos temas de desarrollo, relacionados con la política interna de los países, los gobiernos se sienten autorizados para en lugar de insistir en la consolidación de estructuras públicas que aborden los problemas, demandar a la institución militar el apoyo en muchas de estas tareas.
La memoria histórica señala que la participación de los militares en la política interna no ha sido positiva para la consolidación democrática. Contrariamente, se abonaron condiciones de autonomía institucional, no se invirtieron recursos en fortalecer instituciones o agencias públicas adecuadas, y se generó una idea en algunos países que los ejércitos son una de las instituciones más confiables, impulsándose el razonamiento de que en sociedades con debilidades organizativas solamente las instituciones con estructuras autoritarias pueden dar soluciones a los problemas sociales[5].
- Nuevas tareas para el Ejército: la conformación de
la Fuerza de Reserva Especial
En febrero de 2006, el Ejército informó sobre la contratación de 3,000 ex soldados que participarían en un programa de entrenamiento de 45 días, de formación básica policial, que salieron a patrullar las calles a mediados de abril.
La medida fue criticada por organizaciones de derechos humanos, que aseguraron que dicho entrenamiento sería insuficiente para convertir a los ex militares en agentes de
El entonces ministro de Defensa, Francisco Bermúdez, dijo que la institución castrense ha cumplido con la reducción de más del 40% de sus efectivos, aunque los Acuerdos de Paz establecen un 33%[6], pero esto se contradice con los 3,000 ex militares que fueron recontratados para brindar seguridad en zonas de la capital y en ciudades del interior.
El Gobierno ha destinado unos 90 millones de quetzales (cerca de 11.8 millones de dólares) para cubrir los gastos de las nuevas contrataciones.
La debilidad de
En este sentido, es de resaltar la posición de diversas organizaciones de la sociedad civil[7], que manifestaron su inconformidad con la política de seguridad del gobierno, “basada casi exclusivamente en operativos de fuerzas combinadas de civiles y militares, la que ha sido ineficaz para combatir y controlar la violencia, así como el crimen organizado en los ámbitos sociales y políticos”.
Guatemala continúa incumpliendo con las reformas militares establecidas en los Acuerdos de Paz. La creación de la fuerza de reserva es una medida equivocada, que además no brinda resultados positivos, y como expresamos, los niveles de delincuencia y violencia no han disminuido.
- Ante las medidas, la violencia sigue en aumento
Guatemala ha ratificado varios de los principales instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos que garantizan el derecho a la vida. Así, suscribió
A pesar de tan extensa legislación, durante los últimos años se han incrementado las muertes violentas y entre ellas el asesinato de mujeres, niños y jóvenes. La desigualdad social y la pobreza, la impunidad prevaleciente, el crimen organizado, así como las secuelas del conflicto armado interno, constituyen algunos de los factores que facilitan esta situación[8].
En este sentido, es una responsabilidad de las autoridades del Gobierno y del Estado dar una respuesta satisfactoria a esta situación, aunque pareciera que el Estado y el Gobierno son parte del problema y no de la solución[9].
El presidente Óscar Berger reconoció el repunte de violencia en 2006[10]. Reconoció, además, que el problema de la violencia no se puede resolver en un periodo presidencial, sino que sería necesario un plazo de aproximadamente 12 años para hacerlo.
Según estadísticas oficiales de
La violencia no cesa y la prueba de ello es que los crímenes han aumentado a través de los años. Hoy día, según
Asimismo, un monitoreo de medios escritos realizado por
Guatemala registró en el año 2006 el mayor número de asesinatos de mujeres,
568, y de niños, 356, el más alto de América Latina.
Según Casa Alianza[12], en promedio 29 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados de enero a julio de año pasado. Según el reporte de las morgues recopilado por esa organización, sólo en la capital se produjeron 218 asesinatos. El informe, además, señalaba que ese año se había tornado más amenazador para la integridad de niñas, niños y adolescentes, ya que hasta la seguridad que aparentemente los resguardaba de hechos en su propia vivienda había sido vulnerada.
El año pasado, al igual que durante 2005, la forma más común de muerte fue a causa de heridas de arma de fuego. Al parecer el patrón se mantiene muy similar, ya que de 173 fallecidos a raíz de un ataque armado, la mayoría de víctimas fueron varones adolescentes (79.2%), de entre 13 y 17 años.
Las agresiones fueron directas, es decir, que la mayor parte de los incidentes fueron reportados por los medios como resultado de la participación de los jóvenes en hechos delictivos, riñas entre pandillas rivales, como consecuencia de una venganza por una deuda familiar, o donde infantes y adolescentes fueron asesinados junto a sus padres y hermanos.
De igual forma que lo plasma el monitoreo de medios, estas cifras muestran que, a causa de heridas de arma de fuego mueren más hombres adolescentes que mujeres de la misma edad. La mayoría de jóvenes asesinados así presentaban varias heridas de bala en el cuerpo y el llamado tiro de gracia. Según un informe de
El informe recopila los homicidios de niñez y adolescencia desde 2003 hasta julio de 2006, y muestra un aumento significativo en cada año: en 2003 murieron 190 niños; en 2004, 200; en 2005, 191; y en el período indicado de 2006, 229.
Casa Alianza ha señalado en repetidas ocasiones que muchas de las muertes se deben a una “limpieza social”. La organización ha hecho por lo menos cinco denuncias de hechos en que elementos de
La versión gubernamental es distinta, el ministro de gobernación, Carlos Vielmann, afirma que la mayoría de muertes que ocurren cada año se deben a riñas entre pandillas rivales y el resto a crímenes comunes.
Feminicidio
En el período comprendido entre el año 2001 hasta el 2006, se han producido 2,771 muertes violentas de mujeres, lo cual contrasta con el número reducido de 16 sentencias, entre absoluciones y condenas.
Total de homicidios de mujeres por año
• 2001 307
•
• 2002 317
•
• 2003 383
•
• 2004 531
•
• 2005 665
•
• 2006 568
•
Perfil de las Víctimas
• Extracción social pobre.
•
• Trabajaban por salarios muy bajos, en comercios, casas particulares o fábricas.
•
• Trabajadoras migrantes de Centroamérica.
•
• Miembros de grupos especialmente marginales, como maras y trabajadoras del sexo.
•
Sección de Homicidios de Mujeres, del Ministerio Público
• Plantea graves carencias técnicas referidas a aspectos centrales de toda la investigación criminalística.
•
• Se incluyen como hechos NO violentos: golpes, calcinaciones, politraumatismo, asfixia por sumergimiento, entre otros.
•
Asesinatos en contra de personas privadas de libertad
• En el período comprendido de junio de
•
Ejecuciones extrajudiciales o limpieza social
En Guatemala se han incrementado hechos de ejecución extrajudicial y son cada vez más frecuentes los casos en los cuales se montan operativos y se utilizan armas de alto poder para eliminar a las víctimas.
En la mayor parte de los casos, los responsables permanecen impunes y no existen indicios de que se hayan hecho verdaderos esfuerzos por investigarlos.
Las características de estos hechos son las siguientes: utilización de sicarios, técnicas de emboscada, ametrallamientos desde vehículos en marcha, disparos a quemarropa y tiro de gracia. Debido a que la mayoría de estas ejecuciones no son investigadas, el móvil no es conocido. Según la policía, los móviles de estas ejecuciones son: guerra del narcotráfico, venganzas entre criminales y extorsiones de las maras. Sin embargo es claro que un porcentaje importante de los muertos tienen antecedentes judiciales o policíacos, aquí es donde el patrón de ejecución extrajudicial es probable, y las autoridades son cómplices, porque no se investiga.
Durante el año pasado se reportaron más de 16 casos en los que las víctimas de ejecuciones fueron miembros de partidos políticos, principalmente
- La militarización de
la PNC , contraviniendo lo establecido en los Acuerdos de Paz
El Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática señala que la seguridad civil deberá ser dirigida por personal de carrera policial; sin embargo, el director de
Del grupo de militares que ocupan puestos clave en
Sperisen, amparándose en el Acuerdo Gubernativo 662-2005, del 9 de diciembre de 2005, promovió el ingreso libre de civiles y militares a la institución. En el acuerdo se plantea la urgente reestructuración de
Los Acuerdos de Paz establecen que la misión del Ejército es únicamente la de defender la soberanía del país, y en el AFPC se estableció el compromiso de la creación de un nuevo cuerpo policial y de su academia, para garantizar el ingreso de agentes con mejor preparación[13].
Organizaciones de la sociedad civil plantean:
“Que la temporalidad y excepcionalidad de dichos patrullajes combinados, se ha incumplido por el gobierno y lo que es peor, en la actualidad se realizan patrullajes sólo con fuerzas militares”.
“Desafortunadamente, el Ministerio de Defensa ha anunciado la continuación de esta política en 2007 y advierte de la intención de prolongarla durante dos períodos de gobierno más”.
Los anteriores puntos tienen que ver con la violación al siguiente marco normativo:
Capitulo V. Artículo 244 de
El Ejército de Guatemala, es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior.
Aquí vale la pena anotar que
Decreto 40–2000, Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil[15].
Artículo 1: Las fuerzas de seguridad civil podrán ser apoyadas en sus funciones de prevenir y combatir el crimen organizado y la delincuencia común, por las unidades del Ejercito de Guatemala que se estimen necesarias, CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS DE SEGURIDAD DEL PAÍS DEMANDEN
Lo que establece justamente el Decreto 40–2000 del Congreso es que solamente en el caso que
Asimismo, la misión de la institución castrense está claramente establecida en
- Los operativos de “alto impacto”, con participación militar
La toma de
El 25 de septiembre de 2006, 3 mil hombres, entre policías, soldados y custodios, tomaron
Los 1,651 reos que había en la granja fueron trasladados a la vecina prisión de Pavoncito -por orden gubernamental- a través de un corredor que se habilitó entre los dos centros, separados por unos
Es de destacar, con respecto a estos hechos, un informe de
En el documento ¿Estado de Derecho o Impunidad?[17],
Operativos en San Marcos
El "estado de prevención" impuesto el 29 de agosto de 2006 en cinco municipios de San Marcos -Concepción Tutuapa, Ixchiguán, San Miguel Ixtahuacán, Tajumulco y Tejuela- implicó la suspensión de los derechos de reunión, manifestación, libre expresión y circulación. También se prohibió el porte de armas de fuego.
El presidente Óscar Berger expresó en su momento que la decisión se adoptó para combatir el crimen organizado, buscar armamento, capturar a personas vinculadas con el narcotráfico y erradicar plantaciones de adormidera, de la que se obtiene el opio, la morfina y la heroína.
El operativo incluyó a 600 policías y 300 militares destinados a eliminar cultivos y arrestar a personas que "ayudan" a migrantes para eludir los controles fronterizos, conocidos en Guatemala como "coyotes".
El 3 de septiembre, el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, anunció los primeros datos oficiales del operativo, que calificó de "históricos": 17,544,882 plantas de adormidera y 84,188 de marihuana erradicadas. Fueron decomisadas 12 armas de fuego, 12 vehículos robados,
En Petén y en Ixcán, San Marcos, fueron realizadas otras dos operaciones de alto impacto, prácticamente sin resultados.
Llama la atención que se realizaron sin información de inteligencia, por lo que los resultados fueron negativos. En San Marcos, a pesar del impacto mediático, los resultados se pudieron conseguir bajo la lógica de políticas ordinarias de seguridad y sin la necesidad de un despliegue con resultados limitados.
Los estados de prevención como forma de operar
El Gobierno de Guatemala ha utilizado en los operativos de “alto impacto” el llamado recurso de “estado de prevención”; sin embargo, dicho uso ha sido excesivo y desproporcionado de actuación.
El estado de prevención es el primero de cinco estados de excepción que pueden ser aplicados, entre ellos el de alarma, calamidad pública, de sitio y de guerra. Ejemplos fueron los estados de prevención decretados en el municipio Fraijanes, Guatemala, por el Decreto Gubernativo 3-2006, y en San Marcos.
El artículo 139 de
• Militarizar los servicios públicos, incluso los centros de enseñanza, e intervenir los prestados por empresas particulares.
• Fijar las condiciones bajo las cuales pueden ejercitarse los derechos de huelga o paro, o prohibirlos o impedirlos cuando tuvieren móviles o finalidades políticas.
• Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos, y en su caso, impedir que se lleven a cabo, aun cuando fueren de carácter privado.
• Disolver por la fuerza, sin necesidad de conminatoria alguna, cualquier grupo, reunión o manifestación públicas en las que se hiciere uso de armas o se recurriere a actos de violencia.
• Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas, impedir su salida fuera de las poblaciones o someterlos a registro y exigir a quienes viajen en el interior de
• Exigir a los órganos de publicidad o difusión que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del orden público. Si la prevención no fuere acatada y sin perjuicio de otras medidas, se procederá por desobediencia contra los responsables.
En este sentido, consideramos que con el decreto de estado de prevención emitido se intentó justificar el uso de fuerza de manera desproporcionada y se contribuyó a que las acciones no pudieran ser criticadas por los medios. Algunos diputados y analistas coinciden en que no es con la excepcionalidad que se debe llevar a cabo las políticas ordinarias de seguridad, ya que hace falta impulsar medidas integrales y cuidar el uso de la fuerza por las fuerzas de seguridad en los operativos. La pregunta es si el Gobierno esta usando o abusando de este recurso y además no está informando al Congreso, como lo establece
Política de desalojos y represión con participación militar[18]
Los conflictos de tierras tienen como origen la demanda de acceso a la misma, reclamos laborales o la búsqueda de justicia por desapariciones y muertes extrajudiciales. El Estado no ha tenido la capacidad de negociar soluciones y su respuesta ha sido la intervención inmediata de la orden de desalojo por juez competente (en algunos casos no tan claros), con participación de fuertes contingentes de las fuerzas públicas, que actúan por orden expresa del Ministerio de Gobernación.
En 2006 se constató la intervención de fuerzas del Ejército, de agentes de seguridad privada, fuertemente armados, e incluso en algunos, grupos de campesinos armados afines a los dueños de fincas.
La participación directa del Ejército en desalojos de fincas se ha dado con mayor frecuencia a partir de las gestiones como ministro de
Los desalojos han sido violentos (7 en 2004, 6 en 2005, y 5 en 2006).
Además, el Ejército participó en acciones de represión contra protestas sociales, como las dirigidas contra la vigencia del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), o contra la minería a cielo abierto, en las que hubo choques con fuerzas de seguridad y muertos entre los manifestantes.
Sólo en el caso del desalojo de la finca Nueva Linda el saldo fue de 10 personas muertas, entre ellas 3 policías y 7 campesinos (3 menores de edad y un anciano), y 22 heridos.
- Presupuesto para el Ejército
Al inicio del actual Gobierno, la reducción del Ejército, de
El Ejecutivo incluyó en su proyecto de presupuesto para 2007 un aumento de 274 millones de quetzales para el Ministerio de
En definitiva, se continúa privilegiando a las fuerzas armadas sobre las fuerzas policiales. Si bien las primeras han reducido sus efectivos no sucede lo mismo con sus presupuestos.
El Ejército tiene el mismo presupuesto que durante el fin del conflicto armado interno, cuando los efectivos ascendían a 45 mil. Hoy día la situación es otra. Tiene otra misión y menos efectivos. Entonces, no se justifica su presupuesto, y menos aludiendo que tiene como tarea la seguridad ciudadana, porque ésta compete exclusivamente al Ministerio de Gobernación, o así debería ser.
Otro tema relacionado con el presupuesto del Ejército es su control o fiscalización por parte de las autoridades competentes, como lo es el Congreso de
Por el otro lado, el Ministerio de Gobernación tiene a su cargo a
En este sentido, la asignación de un mayor presupuesto para el Ejército no tiene justificación alguna, siendo el Ministerio de Gobernación quien debería recibirla, ya que, es la dependencia encargada de la seguridad ciudadana, y no el Ministerio de
REFLEXIONES FINALES
Los índices de violencia y homicidios se han incrementado de manera alarmante, el promedio de muertes diarias es más de 17 y durante el período del actual Gobierno, en tres años ha habido 15,730 mil asesinados, según
Guatemala, es el país más violento de la región, en 2006 se registraron mayores números de asesinatos de mujeres, 568, y de niños, 229.
Ha fracasado la política del Gobierno para enfrentar la seguridad, incluyendo la participación del Ejército en la seguridad ciudadana, que además de no tener resultados positivos tiene otros efectos como el debilitamiento las estructuras civiles de seguridad. Otro efecto es el incremento del gasto militar, más de 1,100 millones de quetzales de presupuesto en 2006 y en 2007, más 158 millones, para seguridad ciudadana.
La propuesta integral para enfrentar la inseguridad proviene de los Acuerdos de Paz, y consiste en la creación y fortalecimiento de instituciones civiles de seguridad, profesionales y capaces de enfrentar los retos, una restricción en el uso de armas y municiones en manos de particulares, empresas privadas de seguridad que funcionen profesionalmente bajo control del Gobierno, un sistema de justicia funcional, una adecuada investigación criminal y un Sistema Penitenciario que rehabilite. Para esto es necesario que se apruebe e implemente
La nueva función y misión de la institución militar debe circunscribirse a la defensa de la soberanía y la integridad del territorio, es decir, a la defensa militar del territorio nacional, y su participación en otros campos estará limitada a la cooperación. Es necesaria la nueva doctrina militar, que supere la visión autoritaria que aún persiste.
Se continúa privilegiando a las fuerzas armadas sobre las fuerzas policiales. Esto no va resolver los problemas de seguridad que tiene el país.
El Ejército asume tareas que no le corresponden, como lo es la seguridad ciudadana, ampliando sus opciones de financiación. La multiplicidad de tareas, que nada tiene que ver con la misión del Ejército, claramente establecida en los Acuerdos de Paz, en
En los años recientes se ha dado un incremento generalizado de la inseguridad pública con hechos agravantes como ejecuciones extrajudiciales, casos de limpieza social de jóvenes supuestamente vinculados con maras, un elevado número de asesinatos atroces de mujeres y niños, aunado a la falta de investigación criminal, la incapacidad de
En los últimos dos años se han cometido cerca de 11 mil homicidios. Es evidente que la militarización de la seguridad no ha funcionado y además está debilitando las instituciones civiles de seguridad.
Se debe retomar el rumbo de la reforma al sector seguridad y justicia, definido en los Acuerdos de Paz.
Guatemala, Enero de 2007
Centro de Estudios de Guatemala
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Telefax: (502) 2254-9007
[1] Informe: “Calidad, Eficiencia y Transparencia del Presupuesto de Defensa en Guatemala”. Miguel Ángel Sagone, Mayo de 2005. Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL). www.resdal.org
[2] Constitución de
[3] Mensaje del ex ministro de
[4] Los Ministerios de Defensa en América Latina y las Consecuencias de
[5] Ibid.
[6] Prensa Libre. Ministro de la Defensa anuncia que reclutarán a 3 mil soldados. 7 de Febrero 2006. www.prensalibre.com.gt.
[7] Organizaciones firmantes del comunicado: Asociación para el Estudio y Promoción de
[8] Informe de organizaciones civiles presentado al Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de las Naciones Unidas,. Philip Alston, el 22 de agosto de 2006.
[9] Informe Especial del CEG: “
[10] “Presidente reconoce repunte de violencia”, por Hugo Alvarado. Diario
[11] Articulo “En Guatemala se cometen 17 homicidios cada día”, por Leonardo Cereser. Prensa libre, 16 de octubre de 2006. www.prensalibre.com.gt.
[13] Reportaje: “Según investigación, la PNC se encuentra al mando de varios ex militares”. El Periódico, 13 de noviembre de 2006.
[14] Constitución de
[15] Se puede consultar en la página de Internet del Congreso de
[16] Prensa Libre: “Toma de Pavón: Informe de
[18] Resumen de informe presentado a Philip Alston.
[19] Comunicado de organizaciones: “Ante la próxima discusión y aprobación del presupuesto nacional de ingresos y egresos de la nación por parte del Congreso de
Del mismo autor
- Los planes de gobierno y el discurso político – electoral 22/08/2007
- La institucionalización de la violencia 13/05/2007
- Balance de la participación del ejército en la seguridad ciudadana 01/02/2007
- Demandan al Congreso aprobación y ratificación del Estatuto de Roma 23/01/2007
- Narcotráfico Vs. Institucionalidad 02/11/2006
- Necesidad de una agenda de seguridad 28/08/2006
- Relator de Naciones Unidas resalta impunidad 27/08/2006
- Juez español ordenó captura y extradición de ocho implicados en genocidio 09/07/2006
- Sistema penitenciario: el reto de la rehabilitación 01/06/2006
- Violencia y responsabilidad del Estado 28/02/2006
