Las cifras reveladas la semana anterior por la Procuraduría de Derechos Humanos en relación con los asesinatos de menores y la secuencia brutal de muertes de mujeres, son alertas que deben ser atendidas de manera urgente por la sociedad guatemalteca, que se muestra indiferente ante los actos de violencia. Está comprobado que las autoridades encargadas de la seguridad muestran incapacidad y hasta cinismo ante la orgía de sangre, saña y violencia que prima en este país; sin embargo la sociedad no puede permitir que esa ceguera e irresponsabilidad en las esferas gubernamentales determine el comportamiento de los guatemaltecos y los lleve a eras primarias del desarrollo de la humanidad. La oficina del Ombusman informó que durante el año 2003 se produjeron 568 asesinatos de niños y niñas, cifra que aumenta a 1185 si se consideran las muertes violentas de menores de 21 años; de los 383 femicidos ocurridos en el mismo año, estadísticas espeluznantes que deben ser revertidas a toda costa. Este escenario sangriento tiene comparación con la época del conflicto armado, tiempo durante el cual, miles de personas sucumbieron víctimas de la política contrainsurgente que arremetió contra cualquiera que resultara sospechoso, pariente, amigo o simpatizante de ideas diferentes de las oficiales. Los secuestros, detenciones, desapariciones, ametrallamientos, torturas y masacres caracterizaron esa coyuntura fatal para la historia guatemalteca, la que está siendo todavía desenterrada de las entrañas de las tierras, tumbas colectivas y clandestinas de tantos inocentes. Secuelas de esa indiferencia vivimos ahora. Entonces la población se habituó, por nombrarlo de alguna manera, al diario vivir de sobresalto y violación a los derechos elementales de las personas, a tal grado que ese era el tema de conversación con expresiones como "y ahora a quien mataron" o " en algo andaba metido" fórmulas que se utilizaron como compensación para no perder la razón y continuar soportando la tragedia, intentando culpar a las víctimas. En la actualidad las autoridades pretenden justificar esta barbarie deshumanizante señalando a las mujeres o menores de pertenecer a grupos ilegales, a pandillas, maras o de ser prostitutas, a pesar de que los innumerables crímenes presentan cuadros patológicos, desgarradoras escenas que no respetan ni a niñas ni a ancianas. Algunos medios de prensa propician o se hacen eco de esa práctica, presentando escenas grotescas, imágenes de cadáveres, en total irrespeto a la dignidad de los muertos y a sus familiares, utilizando además, expresiones despectivas hacia la vida humana. Organizaciones de derechos humanos, defensoras de la niñez y de mujeres han levantado su voz en Guatemala, pero no ha sido suficientemente fuerte para sacudir la conciencia social. La población permanece todavía indiferente ante ese espectáculo dantesco, a pesar de que se encuentra a expensas de criminales y asesinos que andan sueltos al acecho de su próxima víctima. No hay compás de espera. Hay riesgos inminentes de llegar a niveles de descomposición fuera de todo control. La población guatemalteca tiene que reaccionar, repudiar los crímenes, rechazar la violencia como forma de control delincuencial, exigir respeto a los derechos humanos de todos y todas, coordinar acciones, levantar campañas masivas de denuncia y rechazo y sobre todo debe mostrar solidaridad hacia los directamente afectados. La comunidad internacional que solidariamente acompañó el sufrimiento de la población ante las masacres y el genocidio en época de la violencia organizada, también puede jugar un importante papel en estos momentos. Urgen acciones coordinadas. SOS desde Guatemala.