1. Introducción El presente trabajo busca caracterizar el modelo extractivista petrolero, senda por la que ha transitado la economía del Ecuador en los últimos tres decenios, como una expresión de los intereses transnacionales por promover, en su beneficio, una política de explotación intensiva del recursos petrolero, sin consideración a los impactos que dicha actividad genera en las condiciones de vida de las poblaciones afectadas y en el medio ambiente. Pretende, además, vincular dicho modelo con la violación sistemática de los Derechos Humanos, identificando las dinámicas de ocupación del espacio amazónico desatadas por el denominado "Boom Petrolero" y caracterizando algunos de sus impactos más graves sobre la integridad personal y cultural de los habitantes ancestrales de las zonas de producción de hidrocarburos, sobre los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y la enajenación de la ciudadanía ecuatoriana de su derecho a participar en la definición de su camino al desarrollo que ha provocado este modelo. Visibilizamos mediante la presentación y análisis de algunas cifras, la relación entre la actividad petrolera y el crecimiento acelerado de la economía que experimentó el Ecuador durante la década del Boom (19971-1981), mostrando de qué manera dicho crecimiento, lejos de convertirse en factor para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, sirvió de marco para que el Ecuador hipoteque sus posibilidades de desarrollo ingresando a la dinámica perversa petróleo-deuda externa. Por último, reseñamos la situación del centro-sur de la amazonía ecuatoriana, región en donde las transnacionales petroleras presionan por ingresar a operar dentro de los bosques amazónicos megadiversos, que constituyen el territorio de pueblos indígenas amazónicos, sin respetar el derecho de dichos pueblos a la integridad de sus miembros y de su cultura, tan estrechamente vinculada con su medio ambiente. Comentamos el caso emblemático de la lucha que los Shuar, los Achuar y los Kichwas de Sarayacu han emprendido, combinando estrategias de incidencia política y justiciabilidad, en alianza con una amplia red de actores nacionales y globales para enfrentar los intereses transnacionales y exigir el respeto de sus derechos fundamentales. 2. Algo de historia La actividad petrolera en el Ecuador, desde sus inicios a comienzos del siglo XX hasta estos días, ha estado marcada por una preeminencia de los intereses transnacionales sobre los intereses del país y su gente. La existencia en territorio ecuatoriano del recurso hidrocarburífero ha constituido una suerte de sino trágico, una marca que ha hecho a nuestro país y sus gobernantes sujetos permanentes de presiones e intromisiones de poderosos intereses foráneos que han definido la orientación principal de su camino al desarrollo. Las empresas petroleras transnacionales (ANGLO, SHELL, GULF, TEXACO), fueron las que empujaron el ingreso de Ecuador en la era petrolera, para convertirse, a reglón seguido, en sus principales beneficiarias. El modelo extractivista petrolero, que estructura la economía en base a la explotación intensiva de un recurso natural no renovable "en el mayor volumen posible, en el menor tiempo posible, con el menor costo posible", vino gestándose en casi un siglo, desde el ingreso de la Royal Dutch Shell a la Amazonía ecuatoriana en 1922, en alianza con misioneros católicos, dando inicio al agresivo proceso de ocupación del espacio y dominación de los habitantes ancestrales, configurando hasta nuestros días una de las características de la actividad hidrocarburífera en esa frágil región. Aún antes del "boom petrolero", Ecuador, al igual que otros países de la región, eran parte de los juegos geopolíticos de poderosos intereses transnacionales petroleros. En 1972 aparece un libro titulado "El festín del Petróleo" (Jaime Galarza Zavala) que tuvo el mérito de develar las oscuras maquinaciones de una industria que empezaba a ser el principal sustento de la actividad económica nacional: Según Galarza, el conflicto (armado) de 1941 (entre Ecuador y Perú) resultó de las rivalidades entre dos empresas petroleras, Jersey Standar y Anglo Ecuadorian Oil, de las cuales la primera había sido expulsada del Ecuador bajo presión por parte de la segunda y se había establecido en la Amazonía peruana. Este conflicto concluyó en enero de 1942, con el denominado "Protocolo de Río de Janeiro". (Fontaine,2003). Dicho Protocolo estableció una frontera entre ambos países que fue cuestionada por Ecuador durante más de medio siglo. Solamente en 1998, y tras dos guerras más (1981 y 1995) se solucionó el conflicto con un nuevo acuerdo. En 1964 la Junta Militar que gobernaba el Ecuador firmó un contrato que a la postre cambiaría la faz de nuestro país. El Estado Ecuatoriano otorgó en la región amazónica una concesión de casi un millón y medio de hectáreas, para la exploración y explotación de hidrocarburos por un periodo de 58 años, a favor del consorcio Texaco-Gulf (Gordillo, 2003). Para 1967 el Consorcio anunciaba el descubrimiento de petróleo de buena calidad y en cantidades comerciales, desatando "una ola de especuladores y traficantes que trataban de conseguir del gobierno concesiones para prospectar petróleo, a fin de poder, contrato en mano, salir al exterior a vender con grandes ganancias los derechos de concesión a compañías extranjeras que podrían interesarse en este negocio". (Gordillo,2003). El arranque del Boom Petrolero se produce en 1972, cuando el consorcio empieza la fase de explotación en una área de concesión que en 1969 había sido reducida a 500.000 has. Para 1974, el Estado Ecuatoriano ingresa al consorcio con un 25% de participación, a través de la Empresa Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE, y en 1977, se convierte en el socio mayoritario tras adquirir las acciones de Gulf, con un 62.5% de la operación de producción y un 50% del Oleoducto Transecuatoriano. La responsabilidad sobre la operación sigue estando en manos de Texaco, como lo había estado desde 1964. En 1992, Texaco sale del consorcio revirtiendo al Estado los campos y la infraestructura desarrollada, así como la responsabilidad de la operación. 2 Ecuador Petrolero La revisión de algunas cifras macroeconómicas nos pueden dar una idea cabal de la importancia que ha tenido el petróleo en el Ecuador. Durante el "boom petrolero" el aumento de las exportaciones totales del Ecuador fue impresionante: de 199 millones en 1971 a 2.568 millones de dólares de los EEUU en 1981; en el mismo período, el PIB aumentó de 1.602 millones a 13.946 millones de dólares y la reserva monetaria internacional creció de 55 millones a 563 millones de dólares. (Acosta: 2003) Sin lugar a dudas, el ingreso del Ecuador a la era petrolera implicó un acelerado crecimiento de su economía, que se vio reflejado en la modernización de la infraestructura en los polos de desarrollo nacional, las ciudades principales Quito y Guayaquil, la construcción de una red vial que vincula a dichos polos entre si y con ciudades intermedias de la sierra y la costa. Además tuvo el efecto perverso de atraer a los grandes prestamistas internacionales: bancos privados, instituciones financieras internacionales, hacia el Ecuador visto como sujeto de crédito, un nuevo rico con capacidad ilimitada de endeudamiento, garantizada por su reserva petrolera. En período al que nos hemos estado refiriendo (71-81) la deuda externa ecuatoriana creció 22 veces: de 260,8 millones dólares a 5.869,8 millones de dólares. Consecuentemente, el servicio de la deuda pasó de requerir el 15% de los dólares obtenidos por exportaciones en el año 71 al 71% en el año 81. Entre 1970 y 2002, el Ecuador ha recibido desembolsos en concepto de préstamos externos por un total de 88.935 millones de dólares, mientras que ha pagado por concepto de amortizaciones de capital más intereses un total de 95.870 millones de dólares. Es decir que en esos 32 años, Ecuador pagó a sus acreedores internacionales 6.934 millones de dólares más de lo recibido. Sin embargo el monto de la deuda externa ecuatoriana creció en igual periodo, de 242 millones a 16.288 millones de dólares. (Acosta:2003) En ese mismo periodo subsiguiente la actividad petrolera continuó siendo el principal puntal de la economía ecuatoriana. Para los años 1998 al 2002, la extracción de petróleo crudo aporta al PIB entre el 19 y el 21.5 % y para el 2003 dicho aporte estaría llegando al 20.3 %. Mientras tanto, el aporte de los ingresos petroleros al financiamiento del Presupuesto General del Estado ha sido de 35.4 % en 2000, 27.4 % en 2001, 22.1% en 2002 y 23.3 % en 2003 (Vela: 2003) La base actual de reservas probadas del Ecuador es de 4.600 millones de barriles a los cuales se suman estimaciones de otros 1.400 millones por descubrir en el Proyecto ITT y campos aún inexplorados. A valor presente la reserva significaría unos 13.335 millones de dólares, para cuyo aprovechamiento se requeriría una inversión de 6.400 millones de dólares hasta el 2011. Es decir que la utilidad que obtendría el Estado Ecuatoriano, a valor presente estaría dada por una diferencia de 6.950 millones de dólares (Vela:2003) La lógica de la deuda externa, tan estrechamente vinculada con la explotación petrolera, impone la necesidad de mantener la capacidad de pago del país de una deuda externa literalmente inacabable, en base a su reserva petrolera. Por ello es que los acreedores internacionales, hablando a través del Fondo Monetario Internacional, permanentemente presionan al Estado Ecuatoriano por una política de ampliación de la frontera de exploración y explotación petrolera hacia el centro y sur de la amazonía, que hasta el momento se ha mantenido libre de la actividad y sus impactos y constituye el principal remanente de bosques amazónicos en el Ecuador, y además territorio de cinco pueblos indígenas amazónicos. 3 El costo ambiental y social del Boom Petrolero "Si Ecuador era un país pobre al empezar la era petrolera, con casi un 50% de su población bajo la línea de pobreza, un subempleo del 15% y una deuda pública de 0.24 billones de dólares; treinta años después, las condiciones socioeconómicas de la población han caído dramáticamente. Ahora la pobreza llega a un 70%, el subempleo al 71% y la deuda pública a 16 billones de dólares" .(Jochnick: 2001) Para la zona norte de la Región Amazónica ecuatoriana, de donde sale el recurso, solamente han quedado los impactos negativos de la actividad: contaminación, descomposición social, miseria. El boom petrolero ecuatoriano, desde el punto de vista de la operación petrolera tuvo un protagonista: la transnacional de origen estadounidense Texaco. Texaco operó en la amazonía ecuatoriana desde 1964 hasta 1990. Perforó 339 pozos y extrajo 1.500 millones de barriles de petróleo. El área afectada por la operación de Texaco se extendió por al rededor de dos millones y medio de hectáreas de bosques amazónicos. En esa área se derramaron directamente a las fuentes hídricas unos 20.000 millones de galones de agua de formación, producto de desecho de la extracción de hidrocarburos, altamente tóxico. Se quemaron al aire libre 235.000 millones de pies cúbicos de gas y se derramaron 16.800 millones de galones de crudo. A su salida del país, Texaco dejó abandonadas 600 piscinas con desechos de petróleo a la intemperie. (Yanza: 2003) Con esos datos como ejemplo, no es exagerado calificar a la era petrolera en el Ecuador como un "ecocidio". Lo peor de la operación de Texaco, como responsable del consorcio que tenía formado con CEPE, Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, para la explotación de hidrocarburos en la amazonía ecuatoriana y su comercialización en el mercado internacional, es que impuso un estilo, un know how del que ha sido heredera la industria petrolera ecuatoriana. Ese estilo se caracteriza por la mínima inversión y la máxima ganancia. Extraer la mayor cantidad posible del recurso, al menor costo posible, sin que importen para nada los impactos ambientales y sociales que se generan. En años más recientes, Petroecuador, el holding estatal que heredó la operación no lo ha hecho del todo bien. Entre 1994 y 2001, Petroecuador produjo 810.306 barriles de crudo. En igual lapso se produjeron 991 derrames de crudo, que vertieron al ambiente amazónico 29.398 barriles de los cuales solo se pudieron recuperar 22.247. Los derrames producidos entre 1998 y 2002 contaminaron 1´509.552 m2. (Arteaga:2003) 4. Derechos Indígenas y actividad petrolera Cuando la actividad petrolera se volvió intensiva en el nororiente del Ecuador, hace treinta o más años, los habitantes ancestrales de las selvas ribereñas de los ríos Aguarico, Napo y sus principales afluentes, dispersos, debilitados ya, en varios casos, por la presión ejercida sobre ellos por caucheros, militares y sobretodo misioneros, poca o ninguna resistencia pudieron oponer al ingreso masivo a sus tierras de obreros, caminos, maquinaria, infraestructura y sobretodo, una muchedumbre de colonos que, al amparo de las compañías, iban formando lo que luego serían las "ciudades petroleras", Lago Agrio, Shushufindi, Coca. Kichwas, Cofanes, Sionas, Secoyas, vieron reducida dramáticamente su territorio. Su modo de vida sufrió cambios irreversibles en la medida que cada vez más, los jóvenes dejaban la libertad de la selva, para convertirse en marginales asalariados de las petroleras. Los Huaorani, el grupo más aislado y reacio al contacto con la cultura occidental, fue incorporado en la medida en que el ritmo del negocio petrolero imponía y de acuerdo al cual bailaban las misiones religiosas encargadas de evangelizarlos y cooptarlos. Hoy por hoy, treinta años después, los dos grupos huao que permanecen no integrados a la cultura dominante, los Tagaeri y Taromenane, se encuentran en una desesperada lucha de resistencia frente a la presión de los "relacionistas comunitarios" por desplazarlos de sus reductos, que a pesar de ser los últimos, no dejan de ser codiciados por las petroleras. Otros grupos, como los Tetetes, frente al cambio cultural impuesto por la industria petrolera en su territorio, sencillamente desaparecieron físicamente y como grupo étnico. Solo con su desaparición, el país perdió algo mucho más valioso que todo el dinero que la actividad petrolera pudo haber dejado. Queda claro, entonces, que tampoco se exagera cuando se califica a la era petrolera en el Ecuador como un "etnocidio". 5. Los nuevos escenarios y la ampliación de la frontera petrolera La ampliación permanente de la frontera extractiva de petróleo hacia nuevas áreas de la amazonía ecuatoriana es una exigencia permanente del modelo y resulta compatible con las iniciativas regionales que buscan asegurar la reproducción sistema en base de garantizar el control de las transnacionales sobre las regiones con mayores reservas de recursos naturales estratégicos El Estado, las Instituciones Financieras Internacionales (FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), la industria petrolera y otros poderosos sectores de poder interesados en ampliar la frontera extractiva, y ocupar físicamente la región amazónica, parten de tres constataciones claras: (1) Mantener el nivel de ingresos originados en una actividad como la petrolera, sujeta a un mercado internacional extremadamente volátil, solo es viable a través de una constante ampliación de la frontera de extracción del recurso. Esa política es consecuente además con el interés de los acreedores internacionales del Ecuador, de mantener la capacidad de pago de la deuda externa mediante la incorporación de nuevas reservas de crudo(1). (2) Incorporar masivamente el centro-sur de la Amazonía ecuatoriana a la explotación de hidrocarburos implica hacerlo dentro de territorios indígenas que contienen además, grandes extensiones de bosque amazónico en excelente estado de conservación, y exuberante diversidad no investigada (3) Los sectores indígenas han emergido hasta convertirse, hoy por hoy, en un actor social protagónico de la vida política nacional, a partir del proceso organizativo de federaciones con larga tradición y experiencia en la defensa de su territorio, como FICSH y OPIP, solo para nombrar a las más caracterizadas en la región central de la Amazonía. En consecuencia, llevar adelante la Décima Ronda Petrolera, el megaproyecto de ampliación de frontera hidrocarburífera, previsto y anunciado desde 1998, que incluye 11 bloques a ser licitados dentro de las provincias de Pastaza y Morona Santiago, afectando al rededor de dos millones cuatrocientas mil hectáreas, en su mayoría correspondientes a bosques húmedos tropicales muy bien conservados y territorio de las nacionalidades Shuar, Achuar, Kichwa, Shiwiar, Zápara y Huaorani, implica enfrentar un escenario de fuertes confrontaciones socioambientales, para las cuales, el Estado y los sectores de poder alistan sus estrategias , incluyendo presiones de tipo jurídico-penal, , sin descuidar el trabajo de división y provocación de los relacionadores comunitarios, presencia de traficantes de especies y madera y, presencia militar intimidatoria. 5. El Centro-Sur de la Amazonía y la resistencia a incorporarse al modelo Más al sur de la zona petrolera, en el centro de la Amazonía Ecuatoriana, provincias de Pastaza y Morona Santiago, los kichwas, los shuar y los achuar, pueblos indígenas oriundos de esa zona, iban asumiendo sus procesos de relacionamiento con la sociedad nacional, en mucho mejores circunstancias: sin la presión de las industrias extractivas respirándoles en la nuca. Eso permitió que desde la década de los sesenta emprendieran procesos políticos organizativos muy intensos. Por aquella época nacen, casi simultáneamente, la Federación Interprovincial de Centros Shuar Achuar (FICSHA) en Morona Santiago y la Organización de Pueblos Indígenas de Pastza (OPIP). Ambas poderosas organizaciones que dieron origen a la CONFENIAE, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, que a su vez impulsó la creación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ya en los ochenta, que desde los noventa ha venido asumiendo un papel protagónico en la vida social y política del país. En definitiva, las circunstancias de debilidad que encontró la industria petrolera en su ingreso masivo al norte de la amazonía ecuatoriana hace más de tres décadas ya no se repiten en los sucesivos intentos que el Estado ha realizado por ampliar la frontera de exploración y extracción hacia el sur. Cuando en 1996 se realizó la Octava Ronda de Licitaciones Petroleras en la que se adjudicaron bloques en Pastaza y Morona Santiago, el Estado no imaginó que las adjudicatarias de los Bloques 23 y 24, en territorio de los kichwas de la OPIP y de los Shuar y Achuar respectivamente, se iban a topar con una tenaz resistencia encabezada por las organizaciones representativas de los pueblos afectados que han impedido, transcurrido más de cinco años de vigencia de los contratos de concesión, que las empresas ingresen siquiera a su territorio. El Bloque 24 es una porción de 200.000 has. de bosque húmedo amazónico dentro del territorio ancestral de los Pueblos Shuar y Achuar de la Amazonía ecuatoriana, que el gobierno de dicho país concedió a la empresa norteamericana Arco en 1998, para que realizara allí exploración y explotación petrolera. Los habitantes ancestrales nunca fueron consultados y solo conocieron de la concesión cuando los relacionadores comunitarios de la empresa ingresaron a sus comunidades. En 1999, la FIPSE, Federación Independiente del Pueblo Shuar, con el patrocinio del Centro de Derechos Económicos y Sociales, emprendió una estrategia legal de defensa de su territorio, que incluyó, en el plano nacional, un Recurso de Amparo Constitucional contra la Arco por violación a sus derechos colectivos, que fue resuelto en última instancia, a favor de la demandante. A raíz de esa derrota, Arco abandona el Ecuador cediendo sus derechos en el Bloque 24 a la petrolera norteamericana Burlington. Esta empresa desoye la sentencia del Amparo por lo que la batalla política y legal de los Shuar y los Achuar continúa. En 2001, a través de la central sindical CEOLS, bajo asesoría del Centro de Derechos Económicos y Sociales CDES, la FIPSE presenta una querella amparada en el art. 24 de la OIT por violaciones del Convenio 169 al no haberse realizado consulta previa en el caso Bloque 24. En 2002, el Consejo de Administración de la OIT falla en favor de la FIPSE, recomendando se realice consulta previa sobre la continuación de la concesión del Bloque 24.(2) Al momento, y pese a la presión nacional e internacional ejercida por el Comité Interfederacional de los Pueblos Shuar y Achuar y sus aliados, la concesión continúa sin que el Estado Ecuatoriano haya cumplido con las recomendaciones de la OIT ni haya hecho respectar el fallo del Recurso de Amparo ganado por FIPSE. Sin embargo, los Shuar y los Achuar continúan firmes en defensa de la integridad de su territorio y del medio ambiente amazónico En la misma zona, el Bloque 23, concesionado actualmente al consorcio Compañía General de Combustible (Argentina ) – Burlington (EEUU) ha sido un frente donde se ha focalizado la conflictividad socioambiental derivada en la actividad hidrocarburífera en los últimos dos años. La Comunidad Kichwa de Sarayacu, una de las más importantes de la provincia de Pastaza, cuyo territorio constituye casi un 70% de la concesión del Bloque 23, ha levantado una firma campaña de defensa de su territorio en la que han sabido combinar estrategias de incidencia política, con acciones legales a nivel nacional e internacional. Frente a la oposición al ingreso arbitrario de trabajadores petroleros a su territorio, miembros de Sarayacu han sido sujetos de amenazas, presiones de todo tipo, detenciones ilegales, torturas y enjuiciamientos. En 2002, la Comunidad interpuso un Recurso de Amparo Constitucional en contra de la CGC, en cuyo trámite un Juez de la ciudad de Puyo prohibió la continuación de actividades por parte de la petrolera. Desacatando la disposición judicial, trabajadores petroleros ingresaron a territorio indígena provocando la reacción de la gente de la comunidad.(3) A inicios de 2003, cuatro jóvenes de Sarayacu que habían estado en tareas de vigilancia de su territorio, son capturados en la selva por una patrulla militar. Los soldados, sin justificación alguna, entregan a los detenidos en las instalaciones de la compañía CGC en la zona, donde son torturados. Esos hechos provocaron que Sarayacu, con apoyo técnico del CDES, acuda con una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en mayo de 2003 dictó "Medidas Cautelares" a favor de los dirigentes y miembros de la Comunidad de Sarayacu y a favor de se "especial relación con el territorio". Dichas medidas nunca han sido acatadas por el Gobierno Nacional por lo que se ha presentado una demanda ante el mismo Sistema.(4) El Gobierno Nacional ha prestado oídos sordos a la posición de Sarayacu. Sencillamente ha optado por sostener los intereses de las transnacionales frente a los de las comunidades que la Constitución le obliga a precautelar. El mismo Presidente de la República ha amenazado públicamente en varias oportunidades con militarizar la zona para permitir la entrada de las operadoras petroleras. El Ministro de Energía promueve una campaña de desprestigio de los dirigentes de Sarayacu a la vez que desconoce y denigra públicamente, los compromisos que el Ecuador tiene con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.(5) Esta opción del Gobierno es tomada incluso contra la evidencia de que el contrato de concesión entre el Estado y la CGC ha terminado su periodo de vigencia y que solo se mantiene por ampliaciones ilegales, y, pese, además, a la inconveniencia para el Estado de mantener un contrato con una empresa transnacional que en su país de origen enfrenta un proceso de concurso de acreedores. Pese a los anuncios, hasta el momento no se ha militarizado Sarayacu. Confiamos en que la posición firme de la organización indígena y la solidaridad de un amplio sector de la opinión pública nacional e internacional impidan a este gobierno desatar una crisis humanitaria en la selva de incalculables dimensiones. Confiamos en que a corto plazo, la justicia y los Derechos Humanos se impongan sobre los intereses meramente crematísticos de las trasnacionales y sus aliados nacionales. 6. Conclusiones a) Una rápida revisión histórica de lo que ha sido el trajinar del Ecuador por el "modelo extractivista petrolero" deja ver con claridad que dicho modelo no es, de modo alguno una opción de desarrollo para el país, sino un mero despojo del recurso natural a favor de los intereses transnacionales que a lo largo del último siglo han lucrado de nuestra riqueza, y de los prestamistas internacionales que a través de la lógica perversa de la deuda externa se apoderan de ella gota a gota. b) Si algo ha quedado para el Ecuador y más específicamente para los habitantes de la región de donde el petróleo es extraído luego de más de tres décadas del inicio del Boom Petrolero ha sido un desastre ambiental, la desaparición de pueblos indígenas y el acoso a otros y una situación social caracterizada por la pobreza, la marginalidad social y la violencia. c) La política petrolera han estado caracterizada, desde la época de Texaco hasta nuestros días, por un esquema de toma de decisiones, vertical, nada transparente e irrespetuoso del derecho de la población a decidir sobre sus opciones de desarrollo. La práctica en el manejo de la operación por parte de la industria petrolera ha sido y sigue siendo tremendamente agresiva contra el ambiente y los habitantes ancestrales de las zonas afectadas. d) El modelo extractivista petrolero, levantado y sostenido por los intereses transnacionales, es esencialmente violatorio de los Derechos Humanos en su integralidad. Se sostiene en la violación de derechos civiles y políticos de las poblaciones afectadas y del conjunto de la sociedad ecuatoriana; atenta contra los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones afectadas y anula los posibilidades de ejercicio del derecho al desarrollo sustentable de la nación, e) Los procesos de exigibilidad de los Derechos Humanos que han emprendido y sostenido las organizaciones indígenas del centro-sur de la amazonía ecuatoriana, con la solidaridad del movimiento ambientalistas, de la comunidad de Derechos Humanos y otros actores a nivel nacional e internacional, se torna en gravitante para detener el avance de la frontera extractiva hacia territorios indígenas de alta biodiversidad. En esos procesos emblemáticos, generadores de debate político y de precedentes jurídicos se funda en gran parte, la esperanza de que la sociedad civil presione al cambio de la política pública hacia la definición de un nuevo modelo basado en el uso sustentable de los recursos naturales. f) La Globalización impone nuevos y más complejos desafíos para la defensa de los Derechos Humanos y la naturaleza en relación a los intereses transnacionales. Las Instituciones Financieras Internacionales intensifican su presión sobre los estados para abrir paso al acceso de las trasnacionales a las regiones biogegráficas que constituyen reservas de recursos naturales estratégicos: petróleo, biodiversidad, agua dulce. El Plan Puebla-Panamá, el Plan Colombia, la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Sudamericana que impulsa el BID, son estrategias que claramente vinculan militarización con comercio y constituyen graves amenazas para los ecosistemas y los pueblos amazónicos. En estos escenarios, las tareas de monitoreo social del cumplimiento de los derechos y las acciones de incidencia política que puedan presionar las decisiones de estos actores supranacionales se vuelven gravitantes. El tejido social debe permanecer atento para intervenir con fuerza, exigiendo transparencia y respeto a la opinión ciudadana, cuando se discute el el ámbito global, regional y nacional, cuestiones como las políticas de salvaguardia de las Instituciones Financieras que soportan proyectos con afectaciones sobre el ambiente y los pueblos indígenas. De igual manera, el tema de la consulta previa informada debe ser vista y asumida como un derecho consagrado en el Convenio 169 de la OIT y en varias constituciones de los países de la región, antes que como un mero mecanismo para propiciar la anuncia de las comunidades para los proyectos extractivos en su territorio. g) No debe pasar desapercibido para las organizaciones sociales, los debates que en los espacios políticos internacionales se vienen generando respecto a los Derechos Humanos y la naturaleza frente a los desafíos de la Globalización. Así por ejemplo, los procesos que en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos y en la Comunidad Andina de Naciones se vienen gestando para la aprobación de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Indígenas, deben incorporar con especial énfasis, mecanismos claros y eficaces de control sobre las actuaciones de las empresas transnacionales en la medida que puedan afectar los Derechos Humanos y la naturaleza. Las responsabilidades de las sociedades transnacionales en estos ámbitos deben ser materia de claras estipulaciones y mecanismos de exigibilidad en el marco de la OMC y en los tratados de libre comercio. h) Los mecanismos de reclamo que el Sistema de Derechos Internacional franquea frente a la violación de los Derechos Humanos por parte de los Estados y de los intereses transnacionales, deben ser utilizados potenciando su vigencia rela y la trascendida de su resoluciones. Así, la Constitución de la OIT franquea vías de reclamo frente a las violaciones de los diversos Convenios aprobados por esta organización en el ámbito laboral y de los Pueblos Indígenas. De igual manera, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos posibilita presentar peticiones de Medidas Cautelares, visitas in loco, así como casos para ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos mecanismos son efectivos en la medida en que la sociedad acuda a ellos y exija de los Estados el cumplimiento de sus resoluciones. Bibliografía - Constitución Política de la República - Ley de Gestión Ambiental - Convenio 169 de la OIT - Reglamento de Consulta y Participación para la realización de actividades hidrocarburíferas (R.O. 728 de 19 de diciembre de 2002) - Gordillo, Ramiro. ¿El Oro del Diablo? Ecuador: historia del petróleo. 1ª Edición. Corporación Editora Nacional. Quito. 2003 - Fontaine, Guillaume. El Precio del Petróleo. 1ª. Edición. FLACSO. Quito. 2003 - Acosta, Alberto. Preparémonos para lo que se avecina. En El Oriente es un Mito. 1ª. Edición. Abda Yala/CEP. Quito. 2003 - Vela, María de la Paz. La Política Petrolera no despega. En Revista Gestión. Septiembre de 2003. Quito - Jochnick, Chris. La importancia y utilidad de los Derechos Económicos y sociales. 1ª Edición. CDES. Quito. 2001 - Yanza, Luis. Se ha logrado mantener la unidad de los afectados. 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Mimeo. 2003 Reclamación en la que se alega el incumplimiento por Ecuador del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (num. 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la CEOLS. www.ilo.org * Esta ponencia fue presentada en el Seminario Latinoamericano sobre Transnacionales y Derechos Humanos organizado en el marco del XXXV Congreso Mundial de la FIDH, Quito, marzo de 2004 ** Mario Melo Abogado, Centro de Derechos Económicos y Sociales CDES Notas: (1) "Para garantizar el pago de la deuda externa, y consolidar la tendencia a disminuir el peso de la deuda en el presupuesto y en general en la economía, el FMI condicionó su apoyo, ayudado por la presión política de los tenedores de deuda ecuatoriana nacionales, a la aprobación de la Ley de Estabilización, Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que se dio en el 2001. Esta Ley, afectando el interés nacional, preasigna ingentes recursos provenientes del petróleo al pago de la deuda externa, como ya lo mencionamos antes, poniendo límites al crecimiento del gasto social, el cual está lejos de alcanzar niveles mínimos internacionales para garantizar los derechos básicos de los ciudadanos ecuatorianos." (Acosta Arias,2004) (2) Resolución de la Reclamación en la que se alega el incumplimiento por el Ecuador del Convenio 169 presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la CEOLS. 2001(www.ilo.org) (3) Providencia de 29 de noviembre de 2002, Juzgado 1ro. de lo Civil de Pastaza. Recurso de Amparo interpuesto por OPIP y Sarayacu contra el Ministerio de Energía, CGC y otros. (4) Ver www.cdes.org.ec www.sarayacu.com (5) Ver Diario El Universo. 27 de octubre de 2003. Fricciones entre el Ministro Arboleda líderes indígenas. Ver Diario Expreso. 18 de enero de 2004. La OEA no manda aquí. Ver www.sarayacu.com