En su visita al Brasil el filósofo Jean Baudrillard declaró que denuncias de corrupción en el servicio público existen tanto en Brasil como en Francia. Y que allí, como aquí, "nada sucede, nada cambia". Y recalcó: "La tragedia es la distancia que existe entre los políticos y el resto de la sociedad". En sociedades centradas en la primacía de la acumulación privada de capital, sólo con ocasión de las elecciones el régimen democrático acostumbra a convocar a la población. De ahí su carácter formal, y no real. Con su voto, el elector transfiere el poder que le pertenece a las manos de los políticos elegidos, cuyos mandatos escapan al control popular. Y cuando el desempeño no confirma los discursos de campaña, el elector se siente frustrado, desencantado, y tiende después a la abstención electoral o al voto nulo. En nombre de sus intereses personales y corporativos muchos políticos secuestran el poder que, por derecho, pertenece al elector. Los movimientos populares brasileños han tratado de reducir esa distancia entre sociedad civil y poder público, incluso empeñándose en la creación de una Central de Movimientos Populares. Arrinconado, el poder público intenta atraerse a los líderes y neutralizar esos movimientos. Pero raramente se atreve a modificar el perfil de la maquinaria estatal y abrir canales a la participación popular. A comienzos de la década de 1990 la entonces prefecta de la capital del Estado de São Paulo, Luiza Erundina, del Partido de los Trabajadores, firmó un proyecto de ley sobre canales de participación popular y lo remitió a la Cámara Municipal. La propuesta preveía que todos los planes de acción gubernamental y las directrices de inversiones habrían de pasar por la criba de audiencias públicas convocadas a través de movimientos sociales o solicitadas por suscripción del 0.1% de los electores del municipio. Las medidas que repercutieran significativamente en el medio ambiente y en la infraestructura urbana habrían de ser aprobadas en plebiscitos. Preveía incluso la creación de Consejos Municipales Sectoriales adjuntos a las Secretarías de Estado, por delegación de la sociedad civil, en los cuales el peso del poder público no podría sobrepasar el 50% de los participantes. Y todos los equipamientos sociales estarían bajo el control de Consejos de Gestión, integrados por usuarios, servidores, concesionarios de servicios y representantes del poder público. Luiza Erundina propuso también la creación del Foro de la Ciudad de São Paulo, para incidir en la formulación de estrategias y políticas públicas, compuesto por entidades empresariales, centrales sindicales, movimientos sociales, entidades de la sociedad civil y los poderes legislativo y ejecutivo municipales. Y por toda la ciudad serían instalados puestos de información y recogida de sugerencias, para que los ciudadanos pudieran saber lo que se hacía con el dinero de los impuestos y dar su opinión. La Ley Orgánica del Municipio ganaba así mecanismos eficaces de aplicación, capaces de ampliar el espacio democrático. La aprobación de este proyecto haría que la distancia señalada por Baudrillard, entre políticos y sociedad, fuese tan reducida como la que aún perdura entre el derecho al voto y el ejercicio de la ciudadanía. Con el resultado electoral de este año quedan en pie la sugerencia y la esperanza de que, por fin, la democracia formal ceda el paso, en nuestro país, a la democracia real.