Los temas que nos ocupan a los peruanos en estos primeros meses del 2003, complejos y controvertidos, reflejan de alguna manera el estado en que se encuentra el proceso de transición democrática en el Perú: estancada y en crisis; y sus principales límites están marcados por la persistencia de una política económica neoliberal, heredada del régimen corrupto de Fujimori y Montesinos y que el actual gobierno se empeña en mantener. La demanda de eliminar la renta básica por el uso de telefonía fija que viene cobrando la Telefónica del Perú, adquiere cada día mayor fuerza. El Congreso aprobó una ley en ese sentido, pero luego fue observada por el Presidente Alejandro Toledo. El incesante aumento del precio de los combustibles, que se acerca al promedio de tres dólares el galón, viene golpeando duramente las frágiles y empobrecidas economías populares; y frente a ello, el Presidente ha tenido una respuesta patética: "Lo siento, yo no puedo hacer nada". Y en medio de esta situación, han empezado a reactivarse las protestas sociales como un paro en la ciudad de Arequipa, demandando el cambio de política económica y la eliminación de la renta básica, entre otros puntos; y recientemente, la huelga de los productores de coca de la selva central, quienes rechazan los programas de erradicación forzosa de los cultivos de hoja de coca. Y como telón de fondo, los peruanos venimos asistiendo al inicio de los juicios del cómplice de Fujimori, el otrora poderoso asesor Vladimiro Montesinos, pero no de los casos más graves sino de delitos menores, en medio de indicios de que la mafia aún mantiene vigentes sus tentáculos en diversas esferas del aparato del Estado y de las fuerzas armadas. Los límites de la transición A menos de tres años de gestión, el régimen del Presidente Toledo ha mantenido los ejes centrales de una política económica heredada del fujimorismo, persistiendo en un modelo que ha hecho crisis en otros países de América Latina, como Argentina, y que mantiene la exclusión de amplios sectores sociales. Se pretendió continuar con el proceso de privatizaciones, pero encontró una masiva resistencia sobre todo en los pueblos del sur del país, que logró frenar la venta de dos importantes empresas eléctricas ubicadas en Arequipa. El régimen abandonó en la práctica sus propias propuestas de reactivar la economía mediante el crecimiento de la demanda y ha centrado su atención en la reprimarización de la economía, particularmente en las exportaciones mineras y pesqueras, las que también vienen mostrando serios límites por el comportamiento del mercado internacional. Es cierto que la economía ha iniciado un incipiente proceso de reactivación tras cuatro años de recesión, que se expresó en el crecimiento del Producto Bruto Interno del año pasado en 5.2% respecto del año 2001. Ello en función al crecimiento de sectores como la minería y la construcción y el incremento del consumo privado por la caída de las tasas de interés y el crecimiento del crédito en soles. Sin embargo, hay que señalar que esto se ha dado sin un mayor incremento de la inversión, puesto que la inversión privada apenas creció en 0.6% y la inversión pública decreció en casi menos 9%. En resumen, más allá de esta situación coyuntural, la economía peruana no ha logrado afirmar condiciones para un crecimiento sostenido de mediano y largo plazo; con el agravante de mantener olvidado y excluido a un importante sector productivo y económico como es el agro, que se agoniza en una ruina que dura más de una década. Por otro lado, una de las reformas más importantes del país como es la descentralización, se ha iniciado con una serie de limitaciones políticas y económicas para los nuevos gobiernos regionales, sin poder de decisión sobre sus propios recursos económicos y lo que es más grave, sin los recursos presupuestales que les permitan iniciar programas efectivos para impulsar el desarrollo regional y luchar contra la pobreza y extrema pobreza en que se encuentra una inmensa mayoría de la población nacional. Es decir, la reforma del Estado más importante del país no sólo es un proceso tutelado desde el gobierno central sino que está totalmente desfinanciado. En materia de políticas sociales, las cosas tampoco son mejores y se mantiene la crisis en sectores importantes como educación y salud no sólo con ínfimos presupuestos sino con una incapacidad y negligencia que linda con la estupidez de parte de ciertos funcionarios, que devuelven al Estado presupuestos por incapacidad de gastos en salud, en un país donde enfermedades como la tuberculosis conviven con decenas de miles de compatriotas. Si algo hay que destacar de nuevo en materia social, son los programas de viviendas populares subsidiadas que llegan a muy pocas familias y que se orientan a generar algo de empleo y a satisfacer a ciertos empresarios de la construcción. Los actores y las posibilidades de la transición Las posibilidades de profundizar la transición democrática y sacarla de su estancamiento, las encontramos por el lado de ciertos avances que es necesario rescatar. El rol que jueguen en este escenario los actores sociales y políticos será fundamental para determinar el nuevo rumbo de la transición. Tras el proceso electoral regional y municipal del año pasado, el Partido Aprista es el que más ha logrado acumular y ha consolidado como cabeza de oposición al ex presidente Alan García. Cuenta ahora con 12 gobiernos regionales que le permite un margen importante de maniobra frente al gobierno, sea para jugar a la oposición o para establecer niveles de alianzas implícitas o reparto de cuotas de poder; o incluso para negociar la impunidad de García por la violación de derechos humanos durante su gobierno o por evidentes vínculos con la corrupción fujimorista y el narcotráfico, que mantienen hoy en la cárcel a su ex secretario general Agustín Mantilla. El partido de gobierno, Perú Posible, uno de los perdedores del proceso electoral, es la cruda expresión de la continuidad de la crisis de representación política en el país. Ha logrado copar gran parte del aparato del Estado y ha presionado para alejar del gobierno lo poco que quedaba de sectores progresistas y ha posesionado opciones conservadoras, que no sólo les genera mayor rechazo popular sino que abonará a acrecentar la crisis por la que atraviesa. Por el lado de la derecha más tradicional y conservadora, expresadas en Unidad Nacional, la situación también es crítica. A pesar de su triunfo municipal en Lima, afronta una dura pugna por su liderazgo que ha llevado a poner en cuestión la alianza política misma. Sin embargo, la principal dificultad que enfrenta es que es identificada por la población como portadora del neoliberalismo. Y con relación a las fuerzas de izquierda, hay que remarcar que ha sido el sector más golpeado y el que menos ha acumulado. Si bien en algunas regiones como Puno ha logrado un importante avance, esto no ha sido suficiente para romper su situación de marginalidad política, lo que le plantea serios retos si quiere superar ese estado en el corto y mediano plazo. Es en este contexto en el que es importante, sin embargo, destacar los avances logrados en el complejo proceso de la transición. Por un lado, se ha reafirmado en una gran parte de la población y en los movimientos sociales una conciencia crecientemente enfrentada al proyecto neoliberal y que demanda cambios al modelo. Por lo tanto, hay también mejores condiciones para la reconstrucción de las fuerzas sociales y políticas populares y progresistas que buscan alternativas al neoliberalismo y a la globalización excluyente. A pesar de las limitaciones ya señaladas, la descentralización seguirá ofreciendo también posibilidades para luchar por mayores rentas para las regiones y para seguir avanzando en la conquista de la democracia participativa y el autogobierno y consolidar las experiencias que ya se han iniciado. Esta participación también se expresa en el desarrollo paulatino del interés de la población frente a la corrupción y a la demanda de transparencia en la gestión pública. ¿Podrán contribuir a consolidar estos avances de la transición democrática y sacarla de su crisis actual, la derecha neoliberal, un partido de gobierno sumido en el desconcierto, o el Apra jugando a garantizar su impunidad? Sin pretender ser excluyentes, creemos que muy poco. Esto requiere empezar a construir y articular los actores sociales y políticos para impulsar el cambio social y el cambio del modelo económico hacia una transición económica.