Todo el año 2002 estuvo atravesado por las negociaciones del gobierno argentino con el FMI. Las motivaciones apuntaban a evitar la cesación de pagos de Argentina con los organismos financieros internacionales y crear las condiciones para normalizar los pagos con los tenedores de títulos de la deuda externa pública, que habían entrado en default desde fines de 2001. Se trató de "restablecer la confianza de los inversores nacionales y extranjeros", tal como destaca finalmente el acuerdo firmado en Enero del 2003. Los objetivos del acuerdo apuntan a "garantizar la solidez fiscal, monetaria y bancaria", "restablecer confianza..." y proteger "derechos contractuales". Está claro que el privilegio de la política económica legitima el ajuste permanente del presupuesto público, la restricción monetaria y la defensa del derecho de propiedad para favorecer los negocios de los inversores. Esto queda enfáticamente establecido al señalar los componentes principales del programa de transición, es decir, hasta agosto del 2003. Esos componentes se concentran en "mantener el déficit fiscal federal bajo control"; implementar "pactos bilaterales entre gobierno nacional y los gobiernos provinciales"; establecer un programa monetario para controlar la inflación; la preparación de una reforma fiscal de mediano plazo; reestructurar la deuda; sanear el sistema bancario y asegurar "los derechos de los acreedores, restableciendo la seguridad jurídica". Ni una sola palabra con relación a la pobreza, el desempleo, el mercado interno o la recuperación económica. Todos temas que se agravaron durante el 2002. El achicamiento del PBI superó el 11% durante el 2002 y abrió el camino del quinto año de recesión profunda. Las mediciones de la pobreza (ingresos menores a $716 por mes) alcanzaron el máximo de 57% de la población con más de 21 millones de personas, de los cuales casi 10 millones son considerados indigentes (ingresos menores a $220 por mes). Esta última cifra de indigentes es casi el doble de la existente un año antes. El desempleo alcanzó el 21,5% de la población económicamente activa y no se incrementa más por el efecto del Plan Jefes/as de Hogar desempleados que asigna 150 pesos (lejos del índice de indigencia) para casi 2 millones de personas. De ellos son muy pocos los que realizan prestaciones laborales y sin embargo impactan disminuyendo los indicadores oficiales de desempleo. La suma del subempleo proyecta a más del 40% la población económicamente activa con problemas de empleo. Son indicadores que revelan la crudeza de la crisis en los sectores sociales subordinados y que explican el porqué de la continuidad de una recesión que afecta a pequeños y medianos productores y empresarios, a las economías regionales y a la mayoría de la población argentina. Pero este no es el problema del FMI, ni de los acreedores externos, ni de los capitales en el poder. Objetivos y medidas sugeridas El objetivo de estabilización económica condena a postergar las cuestiones de fondo, tales como la reactivación productiva y la distribución del ingreso y la riqueza. Es más, el acuerdo apuntala las formas de acumulación definidas en los últimos años y por eso resaltan los esfuerzos para normalizar la situación de pagos con el exterior. En ese sentido se establece la renovación de los vencimientos con los organismos financieros internacionales mientras dure el acuerdo y las condiciones para resolver la reestructuración de la deuda pública en manos de acreedores privados. Para este fin se ha designado (con costo) a un banco francés como asesor externo y se mantienen reuniones con acreedores tendientes a confeccionar un listado de tenedores de títulos y abriendo camino para una negociación que flexibilice las exigencias en materia de tasas, garantía y plazos. Un verdadero plan de pago que compromete las posibilidades presupuestarias de abordar las demandas crecientes de la sociedad perjudicada por las políticas favorecedoras de la concentración capitalista. Por eso es que el memorándum insiste en fortalecer la recaudación. Se puede afirmar que el Estado requiere fuerte recaudación para asegurar el superávit que permita la compra de divisas para cancelar compromisos externos. Ese es el fundamento de la restitución del 21% como alícuota del IVA desde mediados de enero de 2002 y de la eliminación de las ventajas fiscales establecidas en los "planes de competitividad" constituidos a mediados del 2001 para intentar reactivar la producción local. Incluye un paquete de reformas tributarias que acerquen fondos al fisco y entre otros aspectos incluye a las cooperativas y fundaciones como sujetos del impuesto a las ganancias. Es sabido que son organizaciones no lucrativas y por lo tanto no sujetos al impuesto. Sin embargo, el espíritu recaudador impreso en el acuerdo reinstala una vieja aspiración del capital lucrativo para afectar los ingresos del sector solidario de la economía. Pero también se confirma la política de restricción del gasto público y que entre otros aspectos niega el "reintegro del recorte salarial y jubilatorio del 13%, ordenado judicialmente e implementado entre julio 2001 y diciembre de 2002", el que "se realizará a través de bonos que no amortizarán durante el 2003." Es interesante resaltar que en materia de gasto, el acuerdo con el FMI privilegia "recursos suficientes" para pagar la deuda y otros bonos del primer programa de canje de depósitos bancarios; los bonos compensatorios a la banca por la pesificación asimétrica y los pagos de los bancos por amparos judiciales (tema actualmente en discusión y que involucra unos 2.800 millones de dólares) y las obligaciones con el FMI, BM y BID. Queda claro aquí que una de las preocupaciones centrales del FMI es restablecer las condiciones de funcionamiento del sistema financiero, el que se redujo a un 20% del volumen de negocios a comienzos del 2001. De 90.000 millones de pesos equivalentes a dólares administrados como depósitos en febrero de 2001, la cifra se redujo a 58.000 millones de pesos, aproximadamente unos 18.000 millones de dólares a enero de 2003. Esa es la razón de la importancia asignada en el acuerdo con el FMI a la reestructuración de la banca y que apunta a modificar la ley de entidades financieras para potenciar su objetivo concentrador instalado en origen en 1977 durante la gestión de Martínez de Hoz bajo el gobierno militar genocida. El acuerdo promueve las facilidades para la transferencia de activos entre bancos y favorece una legislación de la inmunidad (impunidad) para los funcionarios del BCRA que intervengan en el proceso de fusiones y reestructuraciones bancarias. Se prevé "limitar la capacidad del Poder Judicial para anular decisiones del BCRA sobre transferencias de activos a terceros". Está previsto que el BCRA redefina los capitales mínimos necesarios antes del cambio de gobierno en mayo próximo en base a proyecciones de negocios que los bancos debieron entregar a fines de febrero pasado. Expresamente alude a que "Se está comenzando con la reforma de los tres bancos públicos principales", el Banco de la Nación, el de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido se alude al "mejoramiento del desempeño operativo", el "fortalecimiento de la gestión" y el futuro estratégico incluyendo "decisiones sobre capitalización a través de la emisión pública de acciones". Este es el camino de la privatización parcial que acumule en el sentido de la privatización total de la banca pública. Sin dudas que el acuerdo entre el gobierno y el FMI le da sustento a la pretendida recuperación del ciclo de negocios del poder económico, ya que además del privilegio a inversores, acreedores externos y bancos, el memorándum inscribe las reivindicaciones de las empresas privatizadas de servicios públicos para "reemplazar los controles de precios y tarifas actuales" y facilitar "la reestructuración de las deudas por parte de las empresas prestadoras". No debemos olvidar que las privatizadas demandan intervención pública para atender sus préstamos en el exterior, muchos de los cuales están en cesación de pagos y reclaman fuertes ajustes tarifarios que el FMI sintetizó en una demanda por el 30% promedio y que hoy están impedidos por imperio de la convergencia de la ley de emergencia, el accionar de la justicia y la resistencia de los usuarios. ¿Qué queda para el próximo gobierno? Dice el acuerdo que "El programa de transición sentará las bases para un programa más integral de reformas fundamentales que se desarrollará después de las elecciones y que es necesario para hacer frente a los profundos problemas estructurales que enfrenta la Argentina". Es un anticipo de lo que se viene. Debemos recordar que en la segunda presidencia de Menem (1995-1999) y en la de De la Rúa (1999-2001) se hablaba de la "reforma en la reforma" aludiendo a las reformas de segunda generación que es necesario aplicar en la Argentina. Es el discurso que instalaron los organismos internacionales luego de realizadas las reformas de primera generación, en general centradas en las privatizaciones de empresas públicas. Ahora se trata de abordar reformas laborales que legalicen la flexibilidad y la reducción salarial y eliminación de las prácticas jurídicas de protección de los derechos de los trabajadores. Pero también avanzar en las reformas de salud, educación y previsión social que consoliden una orientación al mercado de categorías consagradas como derechos sociales y económicos. Se trata también de avanzar en una reforma de la justicia para satisfacer la demanda por una mayor celeridad y seguridad jurídica a favor de los inversores privados. Es el mensaje que intentan instalar los organismos, incluso ensayando una autocrítica ante el fracaso de las políticas derivadas del Consenso de Washington en los años 90 y en toda América Latina y el Caribe. Esa autocrítica se escuchó en V Encuentro de Economistas sobre la Globalización y Problemas del Desarrollo que se llevó adelante en La Habana entre el 10 y el 14 de febrero de 2003. Habría habido errores en la aplicación de las políticas, dicen, y por eso se justifican las reformas en la reforma. Con ello se manipula un consenso crítico que emerge contra las políticas económicas hegemónicas y se deja por sentado que la reforma estructural orientada al mercado es una realidad insoslayable y que ahora se trata de avanzar en otras áreas a mercantilizar. En ese camino se pretende condicionar al gobierno emergente de las elecciones de abril y mayo de 2003. El objetivo implícito parte de naturalizar el ajuste y retomar los pagos a los acreedores externos, conteniendo la conflictividad social con asistencialismo (plan jefes/as) y al mismo tiempo generar oportunidades de negocios para el capital dominante restableciendo la capacidad de tomar créditos externos del Estado Nacional. Claro que el gran interrogante a formularse es si la sociedad argentina y especialmente los sectores que protagonizan la resistencia con más énfasis favorecerán dicho escenario. La historia reciente indica un probable desarrollo inestable de los acontecimientos con dificultades serias para hacer gobernable el capitalismo argentino, por lo menos, en el corto plazo. En ese sentido es mucho lo que puede pensarse en tanto prácticas sociales, económicas, culturales y políticas alternativas que habiliten a pensar un futuro cercano en términos antagónicos a los que suponen las clases dominantes en el poder, el gobierno, los partidos tradicionales y sus desgajamientos a derecha e izquierda y el capital transnacional, el FMI y demás organismos multilaterales de crédito. El interrogante a develar de la multiplicidad de incógnitas que revela el presente de la Argentina señala dos caminos posibles a transitar. Uno marca el sendero de la continuidad y profundización de las regresivas reformas. El otro convoca a pensar creativamente la construcción de iniciativas y proyectos integrales que sustenten una perspectiva alternativa, anticapitalista, de soluciones populares e integración latinoamericana y caribeña que proyecte otra mundialización, que defina una ofensiva por la nueva sociedad que muchos reivindicamos socialista. Dicho ello más allá de las múltiples mediaciones culturales y políticas a transitar para su materialización, pero en la convicción de que nada será posible si la sociedad no se propone desafíos que superen la frontera estrecha de la coyuntura y confronte contra el poder de la guerra y la depredación global que en estos días propone el capital. Buenos Aires, marzo de 2003 * Julio C. Gambina, Profesor Titular de Economía Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP (adherida a CLACSO). Miembro del Consejo Académico de ATTAC-Argentina. Director del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina, CEFJA (adherido a la CTA). Director del Instituto de la Cooperación.