POSICION DE LA RED DE ACCION CIUDADANA FRENTE AL COMERCIO E INVERSION La euforia y el optimismo extremo por la potencial firma de un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (TLCEU) ha propiciado que el Presidente de la República, sus ministros y las cúpulas empresariales se dediquen a propagandizar frenéticamente estos Tratados como una panacea para alcanzar un vigoroso crecimiento de la economía y la creación de miles de puestos de trabajo, justamente cuando nuestro país lleva ya más de un quinquenio inmerso en una prolongada recesión económica, agravada con altos niveles de desempleo y pobreza. El Salvador ha ratificado a la fecha tres TLC: con República Dominicana, México y Chile, y están en proceso Canadá y Estados Unidos. Para todos los casos existe una enorme coincidencia en los contenidos de los Tratados, todos responden a un enfoque eminentemente mercantil, que ubica el valor superior de las cosas en la ganancia y no en el desarrollo humano. La Red de Acción Ciudadana frente al Comercio e Inversión quiere dejar claro que identificar los TLC como sinónimos de crecimiento, generación de empleo y bienestar, es un planteamiento falaz que pretende crear una opinión favorable respecto a una política comercial que solo favorece mayores niveles de concentración del ingreso y la riqueza del gran capital y las empresas transnacionales, y soslaya los graves problemas estructurales que obstaculizan nuestro desarrollo. Existen suficientes argumentos para demostrar las falacias del TLCEU, estos son algunos de ellos: 1.- El libre comercio no es posible en el contexto en que un país como Estados Unidos puede imponer medidas proteccionistas para su economía, particularmente para sus importaciones de productos agrícolas y, por otra parte, imponer una apertura indiscriminada a sus exportaciones de productos y capitales. 2.- El no reconocimiento de las asimetrías existentes entre nuestras economías y empresas, particularmente las micro, pequeñas y medianas, en cuanto a su bajo nivel de eficiencia y competitividad determinada por la ausencia de una política efectiva de incentivos, innovación, capacitación y de acceso a recursos financieros, una infraestructura en franco deterioro y tarifas de servicios de telefonía y electricidad- proveídos por monopolios transnacionales- que experimentan continuamente sustanciales incrementos. 3.- Las severas restricciones a la migración de la fuerza laboral proveniente de Centroamérica contrastan con la indiscriminada liberalización comercial iniciada en 1989 bajo el auspicio del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a través de los Programas de Ajuste Estructural y de Estabilización Económica, tema que además ha sido excluido de las negociaciones comerciales. 4.- La ostensible debilidad institucional de los Estados nacionales centroamericanos para regular la actividad de las empresas transnacionales e inversionistas extranjeros en cuanto a tarifas, reglas de competencia, calidad de sus servicios, derechos laborales, normas ambientales y tributarias. 5.- La ausencia de Estudios de Evaluación de Impactos Económicos que permitan prever el saldo neto en cuanto a creación y destrucción de empleos en cada rama específica de nuestra economía y la medición de los impactos ambiental y social de las nuevas inversiones. 6.- La exclusión de sectores representativos de la micro, pequeña y mediana empresa de las negociaciones comerciales, así como también de los sectores laborales, de consumidores, profesionales y demás representativos de la sociedad civil. Por tanto, exigimos: * Se elabore un estudio integral y consistente que evalúe el impacto económico, laboral, ambiental y social de los resultados previsibles de un Tratado de Libre Comercio Estados Unidos – Centroamérica. * La introducción de una cláusula democrática que condicione el otorgamiento de beneficios comerciales al cumplimiento de normas mínimas en materia de protección a los derechos civiles y políticos, que garantice el irrestricto cumplimiento de los derechos humanos y la incorporación al Tratado de una cláusula ambiental, migratoria y social, así como el establecimiento de mecanismos de verificación del cumplimiento de éstos. * Potenciar la articulación de esfuerzos y propuestas más elaboradas de la sociedad civil, desde el plano local, el nacional y regional, principalmente de los actores territoriales y sectoriales, que son quienes pueden articular un movimiento que le de fuerza a las propuestas que pudieran surgir, y que estarían a la base de un verdadero proceso de integración social entre los países suscriptores de los tratados. Hacemos un llamado: A los partidos políticos representados en la Asamblea: que exijan la elaboración y difusión de los estudios técnicos y de impacto en que deberían sustentarse las negociaciones del TLCEU. Que se abra un proceso de consulta que involucre a los diferentes actores económicos y sociales, definiendo para ello mecanismos transparentes e incluyentes. A las organizaciones sociales, instituciones y centros de investigación: para que se pronuncien también por una mayor transparencia en el proceso negociador del TLCEU, y expongan su posicionamiento frente al mismo, exigiendo acceso a los estudios de impacto sectoriales y generales que el gobierno debería haber hecho para estudiar las posibles implicaciones del tratado por firmarse y la creación de efectivos mecanismos de participación ciudadana en dicho proceso. A los países y organizaciones gremiales y sociales de Centroamérica: a privilegiar un acuerdo global de cooperación técnica y de integración económica y social, que consolide nuestra posición negociadora frente a otros países, incluyendo Estados Unidos, en materia de apertura comercial, inversiones, renegociación de la deuda externa, migración, protección ambiental y derechos humanos que oriente nuestros esfuerzos hacia el logro de un desarrollo sostenible y sustentable para nuestra región. San Salvador, 28 de Febrero de 2002