Todos los indicadores económicos del primer semestre del 2002 explican el retroceso que sufren la mayoría de los argentinos. Eso nos lleva a pensar en unos pocos beneficiarios de una política económica definida inicialmente por la devaluación y la pesificación. Esta política no ha sido neutral y entre los beneficiarios se encuentran aquellos que tienen activos en el exterior; los exportadores, que como es sabido son un grupo altamente concentrado y que históricamente se apropian de los mayores ingresos resultado de una devaluación, sin socializar los mayores ingresos en la cadena productiva y de servicios involucrada. También debe consignarse a los deudores del sistema financiero, particularmente los grandes, vinculados a las empresas de mayores ganancias en la última década. El 8% de los deudores a noviembre de 2001 adeudaban el 56% del total de los prestamos bancarios. A la cabeza de ellos figuraba PECOM Energía S. A. (Pérez Companc) con 318 millones (1 peso = 1 dólar). Sin pesificación, por la deuda correspondiente en dólares, hoy se necesitaría conseguir más recursos para su cancelación. El costo diferencial para los bancos, entre depósitos pesificados a $1,40 y créditos 1 a 1 lo cubrirá el Estado con bonos que hoy se negocian con el sistema bancario. Existe, asimismo, una franja de actividades en discusión, por caso las tarifas públicas, que podrían obtener su propia tajada en una disputa por transferir los costos de la política económica al conjunto de la sociedad. Pobres y desempleados En efecto, en el periodo enero a junio de este año aumentaron los desempleados y empobrecidos. Si la medición de octubre de 2001 registraba un 18.3% de población económicamente activa desempleada, estimaciones del Ministerio de Economía la elevaban a marzo de 2002 a un 22% y habrá que esperar que el INDEC publique los registros de mayo para conocer la evolución de un indicador que se presume elevado de caras a la conflictividad expresada por el movimiento de piqueteros y los sondeos de opinión entre empresarios, los que recogen pronósticos negativos sobre la evolución del empleo. En materia de pobreza, a diciembre del 2001 se constataba la existencia de 41% de la población bajo la línea de pobreza. Teniendo en cuenta la evolución inflacionaria de este semestre, el resultado es más del 50% de los habitantes en esas condiciones. Cifra en expansión motivada en la perspectiva de evolución inflacionaria y congelamiento de los ingresos de los sectores de menores ingresos. Desempleo y empobrecimiento son dos constantes en ascenso en el periodo. La política de subsidios a jefes y jefas de hogar por 150 pesos (en bonos) mensuales constituyen apenas un paliativo y con escaso impacto en la reanimación de la actividad económica. Sectores medios Subiendo un escalón en la pirámide de ingresos, los problemas se concentran en la crisis bancaria y la recesión. Buena parte de los sectores medios, en tanto ahorristas, sufren el impacto de las restricciones bancarias. En este tiempo han sido objeto de ofertas y contraofertas para la resolución de sus demandas. Finalmente ahora se abrieron las posibilidades de confirmar la obtención de sus ahorros “acorralados” a través de depósitos reprogramados o por vía de los BODEN (bonos del Estado nacional), en pesos o en dólares. Al mismo tiempo, algunos ahorristas optaron por los amparos judiciales con distinta suerte, de acuerdo al criterio judicial del juez interviniente o la actitud del banco demandado. Si bien el parlamento aprobó la llamada “ley tapón”, aún resta conocer el dictamen final de la Justicia sobre la constitucionalidad de dicho instrumento. Sea cual sea la suerte de los ahorristas, que aún siguen movilizados y con acciones en el la justicia extranjera, p.e. en España y EEUU, la desconfianza de la sociedad en el sistema financiero se expresa en una impresionante baja de la actividad de los bancos. Así, si a comienzos de 2001 el conjunto de bancos administraba una cifra cercana a los 90.000 millones de pesos, equivalentes a dólares debido al régimen de convertibilidad con 1 peso = 1 dólar, a mayo de 2002 la cifra es de 67.000 millones de pesos, que a una cotización cercana a $4 por dólar a fines de junio, apenas representa unos 17.000 millones de dólares. Nada menos que un 19% del volumen de negocios a comienzos del 2001. Entre noviembre de 2001 y mayo de 2002 se perdieron 19.200 millones de pesos del volumen total de depósitos bancarios. De ellos, 2.200 millones por amparos y 8.700 millones financiados con redescuentos del BCRA. El resto es consecuencia del retiro regular de los depositantes de los bancos. De otra parte debe registrarse la continuidad del achicamiento de la actividad económica y su fuerte impacto en los pequeños y medianos empresarios, del campo y la ciudad. El estimador mensual industrial da cuenta de una caída anualizada del -12,3% en mayo de 2002, con una fuerte disminución de la inversión, del orden del -83,6% al mes de abril, confirmando un alejamiento de la reactivación. Se había dicho que la devaluación potenciaría el comercio internacional de la producción local, y si bien hay un alza del balance comercial en el primer cuatrimestre, el mismo se debe a una reducción del 65% de las importaciones, e incluso, se registra una baja de las exportaciones del 5%. Eso explica un saldo favorable del comercio externo y algunos suponen que dentro del año podrá verificarse un incremento de las exportaciones, que como señalamos tiene escaso impacto sobre el conjunto de la sociedad. Las cuentas macroeconómicas El registro de estimación del Producto Bruto Interno marca una disminución para el primer trimestre de 2002 de -16,3%, que se suma a la caída del -4.4% de todo el año 2001. Son datos proporcionados por la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales y que reflejan una reducción de -20,1% en los sectores productores de bienes y de -13,5 en los sectores productores de servicios. Nada indica que puedan existir cambios favorables en el segundo trimestre y la sensación de negocios, talleres y fábricas cerrados y/o con capacidad ociosa así parecen demostrarlo. La evolución de los precios a mayo registra un crecimiento de 23% para minoristas y de 72,3% para mayoristas, dando cuenta de una potenciación de la carestía de vida que aún no impacta totalmente en el bolsillo de los consumidores finales. Es que los precios no se incrementan como consecuencia de un mercado interno recesivo por insuficiencia de ingresos de la mayoría de la población. La evolución del dólar es otro dato a considerar a la hora de pensar en el trayecto que aún pueden seguir los precios. A fines de junio 2002, la divisa norteamericana se cotizaba casi a $4, superando ampliamente la evolución de los otros precios en la economía. Es alarmante la pérdida de reservas internacionales. Si el registro era de 14.551 millones de dólares a comienzo de año, a mayo se contaban por 10.185 millones de dólares y en la última semana de junio el saldo indicaba unos 9.600 millones de dólares. Esa baja de reservas se agrega a las pérdidas del año 2001 que ascendieron a -12.083 millones de dólares. Son recursos utilizados para financiar la crisis bancaria y una salida de capitales del circuito nacional que consolida una constante de la década pasada. En este sentido, una comisión de la Cámara de Diputados de La Nación señala que los dineros en el exterior (activos financieros y no financieros), de residentes argentinos, suman a diciembre de 2001, unos 127.074 millones de dólares, colocados en depósitos, acciones, bienes, divisas, etc. Son 114.154 millones a diciembre de 2001 y la suma de errores y omisiones registradas entre 1992/2001 por 12.920 millones de dólares. No es un fenómeno nuevo, ya que la variación de los activos fuera del país entre 1992 y 2001, según consignan los diputados, fue de 60.412 millones de dólares y si se le suman los errores u omisiones apuntados antes, la cifra alcanza a 73.332 millones de dólares. Por otra parte, dan cuenta que las Inversiones Directas Externas sumaron 82.213 millones de dólares en el mismo periodo. Es decir, un movimiento continuo de entrada y salida de capitales, que además, ha sido financiado por el endeudamiento público. En ese sentido y producto de la cesación de pagos declarada a comienzo de años y la pesificación de parte del endeudamiento externo con tenedores locales de títulos transformados en préstamos garantizados (AFJP y Bancos), aún no puede decirse cuál es el saldo de la deuda externa argentina, que registraba 144.000 millones de dólares a diciembre de 2001 y que a marzo registra una disminución de 7.600 millones de dólares, totalizando 136.400 millones de dólares. Es probable que durante el año y en el marco de las múltiples negociaciones con bancos y acreedores externos, incluído el FMI se pueda conocer el monto de deuda, que más allá de su valor absoluto comprometerá aún más su relación con el PBI medido en pesos. En rigor, el default sólo alcanza a los acreedores privados, ya que se exceptuaron de la medida a los organismos financieros internacionales con vencimientos superiores a los 10.000 millones de dólares durante el año y a la acreencias de los gobiernos que oportunamente otorgaron préstamos a la Argentina. Por esa razón, durante la última semana de junio, el Ministro de Economía se encontraba en EEUU haciendo gestiones para obtener el perdón del FMI por 18.000 millones de dólares de deuda con ese organismo y que vencen en el presente y próximo año. La intención es habilitar préstamos de otros organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID y además, de la banca privada transnacional. El director gerente del FMI, manifestó estar cansado y deprimido por la lentitud de las respuestas argentinas para impulsar las políticas de reestructuración bancaria por ellos sugeridas. Son señales de una presión que viene desde el poder atrás del organismo: el gobierno norteamericano. Impacto regional Si bien pretendieron aislar el impacto de la crisis en la Argentina, la devaluación se extiende en toda la región, no sólo el cono sur, sino también en México. Ni Chile, que ahora es el modelo a destacar, se salva del impacto regresivo. Aunque por razones propias de la economía norteamericana, la crisis también se hace sentir en el país del norte, generalizando una situación compleja, que aleja posibilidades de solución financiera tal y como se resolvieron oportunamente las crisis del tequila (94), las asiáticas (97), rusa (98), brasileña (99). La respuesta parece orientarse al sálvese quién pueda e inducir un proceso de reconcentración de la economía a escala global. Es el interés del capital transnacional, principalmente norteamericano. Es interesante considerar las respuestas consecuentemente otorgadas por los gobiernos en la región. Cuando la crisis mexicana, el gobierno argentino trataba de despegarse y señalar en el “exterior” los problemas. Era una forma de legitimar las políticas locales y culpabilizar al “mundo” de los propios problemas. Luego, con la crisis en Asia o en Brasil se acudió al mismo argumento. Ahora, la argumentación la utilizan los gobiernos vecinos y todos culpabilizan a la Argentina. Son intentos para modelar el consenso social a las políticas gubernamentales en esos países. En ese razonamiento se inscribe el calificativo de “ladrones” utilizado por el presidente del Uruguay para con los argentinos. El fin buscado era culpabilizar afuera por los ajustes y regresivas reestructuraciones interiores. Así fue que Uruguay obtuvo financiamiento internacional previa aprobación de un sistema de libre flotación de la divisa, tal como pedía el FMI y que tuviera impacto regresivo sobre salarios e ingresos populares. El contagio de la crisis se difunde regional e internacionalmente. Hasta el ministro Lavagna ha considerado que la crisis es producto de problemas en el funcionamiento del sistema financiero mundial y llegó a demandar una nueva arquitectura financiera global que sonó a discurso de circunstancia. Eso no le impide subordinar toda su política a las exigencias de los organismos internacionales, permeados por el poder del sistema bancario mundial, que él señala como principal causante de la crisis. Hasta ahora se planteaba que los problemas eran sólo políticos y se mencionaba el clima de ascenso del protagonismo popular argentino en la resistencia y la posibilidad de un triunfo electoral de la izquierda en Brasil. Está claro que no puede escindirse economía y política y que cada uno de esos escenarios potencia al otro y queda por pensar cuáles serán las alternativas que se presenten y quienes serán los beneficiados y perjudicados en cada caso. Opciones de política económica Un dato de interés es la aparición de un conjunto de opiniones con pretensión alternativa al debate hegemónico que sostienen indiferenciadamente los habitantes del Ministerio de Economía, el BCRA y otros ámbitos gubernamentales, colonizados sucesivamente por el CEMA, la Fundación Mediterránea, FIEL, la Fundación Capital, entre los más conocidos focos de provisión de pensamiento económico “neoliberal”, “conservador”, o si se quiere: de derecha. Entre otras propuestas y por orden de aparición podemos señalar las siguientes: a) del frente nacional contra la pobreza, por el trabajo y la producción, que fuera plesbicitada por tres millones de personas en diciembre pasado y se concentra en la consigna “ningún hogar pobre en la Argentina”; b) el Plan Fénix, que recoge una diversidad de planteos de políticas económicas de un espectro amplio de profesores de la UBA; c) del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que apela a la promoción de un gran debate en todo el país con aliento a formas participativas de consulta popular sobre temas estratégicos; d) del grupo Economistas de Izquierda que organizan su propuesta en la perspectiva socialista. Aún en la diversidad y aspectos contradictorios entre todas ellas, debe mensurarse la importancia del surgimiento de un conjunto de proposiciones que se manifiestan contrarias a la corriente principal imperante en los últimos años en la política de estado de la Argentina. Por lo menos y esencialmente, en buena parte de los años siguientes al golpe genocida de 1976. Se reconoce en todos ellos un programa tendiente a la distribución progresiva del ingreso y con matices, no pequeños es cierto, de un manejo alternativo de las relaciones del país con el exterior, que incluyen posiciones de rechazo al pago de la deuda en los economistas de izquierda, a un proceso diferenciado de negociación en la propuesta de los profesores de la UBA. En cualquiera de los casos y en todos los debates sobre política económica alternativa surge el interrogante sobre las fuerzas sociales y políticas dispuestas a sustentar un programa de cambios que revierta la ecuación de beneficiarios y perjudicados. Esa es la asignatura pendiente que hoy reclama la nueva dinámica social en la resistencia que se explicita en el movimiento de asambleas de vecinos, entre los piqueteros, los trabajadores que construyen la CTA y un arco muy amplio de la población que engorda las expectativas del arco político a la izquierda de los desprestigiados partidos tradicionales. En ese marco, la respuesta gubernamental transita el camino de la represión, duramente verificado en las jornadas de fines de junio, con saldos de muertes, heridos y presos. La violencia define en estos días el mecanismo preferido para hacer avanzar una política de concentración de las riquezas, las ganancias y el poder. Buenos Aires, junio de 2002 Julio C. Gambina: Profesor de Economía Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Director del Instituto de la Cooperación. Miembro de ATTAC-Argentina
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