Deseo agradecer la cordial invitación que me hiciera la Sra. Presidenta para participar en este singular evento que, por primera vez en la historia del Convenio sobre la Diversidad Biológica, reúne a representantes de todos los sectores interesados en discutir las mejores vías para alcanzar los objetivos diseñados hace 10 años cuando se aprobó el Convenio en Río de Janeiro. No soy ajena a los avances que se han logrado desde entonces en esta Conferencia de las Partes --entre los que quiero relevar la creación del "Grupo de Trabajo sobre la aplicación del Artículo 8-J y disposiciones conexas" y la más reciente integración del Grupo de Trabajo que elaboró la propuesta sobre acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios que va a considerar esta Conferencia-- así como a los múltiples esfuerzos que han levantado la conciencia y la preocupación de las sociedades del mundo por la salud de nuestro planeta. Quiero, sin embargo, reiterar aquí lo que dije hace pocas semanas al inaugurarse el Foro Global del Ambiente en Cartagena, Colombia, externando mi preocupación por el deterioro sostenido que ha sufrido la naturaleza y las diversas formas de vida en estos diez años, a pesar de los importantes consensos, Declaraciones y acuerdos suscritos. La Cumbre de Río estableció un compromiso para frenar y revertir el deterioro ambiental y redistribuir el poder, los recursos y las oportunidades dentro de los países y entre ellos. No será suficiente llegar a Johannesburgo este año con más compromisos de papel. La convocatoria a este primer Diálogo de múltiples partes interesadas, marca un hito en la búsqueda de consensos y compromisos que, además de los gobiernos, involucren a cada uno de los actores concernidos para revertir seriamente las inequitativas pautas de acceso a los recursos, los conocimientos asociados a ellos y la distribución de beneficios que han prevalecido hasta ahora. Han debido transcurrir diez años para empezar a concretar uno de los principios centrales del desarrollo sostenible consagrados en la Cumbre de la Tierra: el de la participación que implique corresponsabilidad en la adopción e implementación de las decisiones. Los pueblos indígenas venimos a este evento esperanzados en que la mayor afinidad con quienes desarrollan su trabajo vinculados a la naturaleza permita un acercamiento fructífero y una mejor comprensión de nuestra cosmovisión. Sin embargo, la experiencia desarrollada en estos años parece todavía recomendarnos cautela, paciencia y perseverancia. Es cierto que con el diálogo iniciado en el seno del Grupo de Trabajo sobre la aplicación del Artículo 8-J hemos avanzado muchísimo en la posibilidad de que el mundo materialista y las visiones economicistas que lo gobiernan, reconozca que su saber y sus cuentas nunca podrán terminar de explicar la vida en el planeta ni la manera de preservarla; reconozca que existen valores y dimensiones que comprometen el equilibrio del cosmos y la sostenibilidad del desarrollo, que no se pueden sujetar a legislación alguna, a decisiones políticas temporales, a negociar concesiones, porque, sencillamente, constituyen la esencia trascendente del ser. Los pueblos indígenas que hemos tenido esa sagrada divisa en el centro de nuestra comprensión del mundo y de la vida no podemos ni queremos compartir la peligrosa aventura de segmentar las diferentes dimensiones de la existencia. La tierra no nos pertenece, somos parte de ella y de los equilibrios que hacen posible la vida en su seno. Nos resistimos a considerar como cosas diferentes a la naturaleza y la economía, a la organización social y la espiritualidad que la cohesiona y le confiere sentido al destino común, a la estética y la ética. No hemos caído en la tentación de privatizar la vida y el conocimiento que logremos develar de sus diversas manifestaciones. Con estas premisas, quiero poner de manifiesto que los Pueblos Indígenas exigimos una participación plena y digna para intervenir en la búsqueda de consensos como actores directos, dentro de un marco de respeto y diálogo efectivo. Como interlocutores en este Diálogo queremos ser reconocidos como lo que somos, como pueblos, como sujetos de derechos. Queremos que se nos reconozca el derecho a la libre determinación que consagran los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como inherente a la existencia de todos los pueblos del mundo. Ello implica reconocernos el derecho a disfrutar de nuestros territorios inalienables, los recursos que hemos utilizado ancestralmente y el conocimiento de las propiedades y aplicaciones de cada uno de sus componentes. No aceptaremos ninguna restricción a los estándares internacionales vigentes, en particular a la obligatoriedad del principio del "consentimiento previo y fundamentado" para cualquier acción que afecte nuestros intereses. En dichos territorios hemos reproducido la vida por generaciones sin alterar las condiciones que permitirán a nuestros hijos y nietos preservar la riqueza y diversidad que heredamos de nuestros abuelos. En ellos hemos preservado la diversidad natural y hemos producido eficientemente los alimentos que han marcado la historia de las civilizaciones. Desde ellos nos hemos relacionado con el resto de la humanidad, brindando nuestro conocimiento milenario para mejorar la vida de nuestros hermanos en cualquier parte del planeta y aplicado saberes que aprendimos de otros pueblos. Como sujeto de los derechos que hemos venido a reafirmar, planteamos la paradoja de que el Convenio sobre la Diversidad Biológica reconoce el acceso y la transferencia de los recursos genéticos y las tecnologías asociadas -- incluyendo nuestros saberes ancestrales-- como derechos básicos de los Estados; de esos mismos Estados que han sido responsables de las políticas de sometimiento, marginación y asimilación de los pueblos indígenas negando el espíritu del Convenio que propugna un beneficio para quienes cuidamos de dichos recursos y saberes por siglos. Somos los pueblos cuya vida no se podría explicar sin dichos recursos y saberes como lo demuestra la correspondencia perfecta entre la diversidad cultural con la diversidad natural que alberga la geografía terrestre. No desconocemos la asimetría que caracteriza las relaciones a las que estamos sometidos, tanto con los Estados como con las corporaciones y actores privados u organismos de estudio e investigación, como sabemos por nuestra experiencia histórica que, una vez que nuestros conocimientos o recursos han salido de nuestras tierras o territorios, perdemos todo control sobre sus futuros usos y explotación. Por ello reclamamos los derechos que la legislación sobre propiedad intelectual reconoce a cualquier titular de tales derechos, como el de decidir qué, cómo, cuándo y con quién compartir nuestros recursos y el conocimiento asociado a ellos. En cuanto al objeto de este Diálogo, no podemos menos que reivindicar la naturaleza y alcance totalmente distintos que tienen para nosotros conceptos tales como "recursos genéticos" o "derechos de propiedad intelectual". Dando por supuesto que aspiramos a compartir los beneficios de la utilización que pueda hacerse de nuestros recursos y conocimientos, nuestro punto de partida es el reconocimiento de la integralidad de los mismos y la ética atemporal y colectiva que le confiere a nuestra relación con ellos una naturaleza sagrada e indivisible. No queremos quedarnos confundidos en la dimensión micro de los "recursos genéticos" mientras quienes lucran con su explotación industrial continúen impunemente su acción depredadora. Los valores sobre los que los pueblos indígenas hemos construido nuestros complejos sistemas se fundan en la cooperación y la reciprocidad de la vida comunitaria; en la autoridad de los ancianos y nuestra relación con los ancestros; en la comunicación y la responsabilidad intergeneracionales; en el derecho colectivo a la tierra, el territorio y los recursos; en la austeridad y la autosuficiencia de nuestras formas de producción y consumo; en la escala local y la prioridad de los recursos naturales locales en nuestro desarrollo; en la naturaleza ética, espiritual y sagrada del vínculo de nuestros pueblos con toda la obra de la creación. La complejidad de estos conceptos hace inaplicable cualquier valoración mercantilista así como los presupuestos sobre los que se han construido los "derechos de propiedad intelectual" en el derecho internacional y doméstico, los mismos que reconocen exclusivamente los derechos de personas "naturales" o "jurídicas" o los de "creadores individuales", no a entidades colectivas como los pueblos indígenas; no protegen información que no resulte de un acto histórico de "descubrimiento", mientras el conocimiento indígena es trans-generacional y comunitario; no reconocen sistemas complejos de propiedad, tenencia y acceso como los que caracterizan a muchísimas expresiones de las culturas indígenas; se preocupan por darle dueños a los recursos de la naturaleza, mientras nuestras preocupaciones son las de prohibir su comercialización y racionalizar su uso y distribución; reconocen únicamente valores económicos de mercado y no así los espirituales, estéticos y culturales, o aún los valores económicos locales; son objeto de manipulación por grupos de interés económicos y políticos que determinan qué se protege y en favor de quién. Por estas y otras consideraciones, se planteó la necesidad de adoptar un sistema legal sui generis que proporcione un marco de referencia para el desarrollo de normativas más precisas y ajustadas a realidades como las descritas. Para ello, la Conferencia anterior decidió constituir un Grupo de Trabajo para la elaboración de un conjunto de "Directrices sobre el acceso a los recursos genéticos y distribución justa y equitativa de los beneficios provenientes de su utilización", que hoy conocemos como las "Directrices de Bonn", que esta Conferencia prevé considerar. Debo reconocer que, siendo muy meritoria esta primera aproximación a una tarea tan compleja, el resultado dista aún mucho de lo que los pueblos indígenas quisiéramos ver en la práctica. Esta Conferencia debe zanjar las ambigüedades que mantienen nuestros derechos prisioneros del interés de los Estados. Esta Conferencia debe aportar al Convenio la superación de los vacíos conceptuales y legales, reconociéndonos como sujetos de derechos e imponiendo el respeto por nuestros territorios, recursos y conocimientos. Igualmente, esta Conferencia deberá establecer con claridad criterios que permitan defender nuestros sistemas productivos tradicionales de la contaminación de elementos genéticamente modificados, así como de los abusos que los amenazan en los acuerdos comerciales globales. Las partes de esta Conferencia y este Diálogo deben dar una señal clara hacia la próxima Cumbre de Desarrollo Sostenible exigiéndose a si mismas producir menos retórica, menos eufemismos, menos papeles y más resultados tangibles, más corresponsabilidad, más multilateralismo y más respeto por los que no tienen dinero para hacer oír su voz. Esperamos que los diversos actores retomen el sentido de proceso e interdependencia de las diversas dimensiones que involucra la defensa de la vida. Nos gustaría avanzar sugiriendo --en ese sentido de proceso y de justicia-- que el Congreso Mundial de Parques del próximo año considerara el reconocimiento de nuestros Sitios Sagrados Naturales como una categoría de conservación que conjuga los bienes naturales con los bienes culturales que necesitamos proteger y la espiritualidad que infunden y atesoran estos espacios para todos los pueblos del mundo. Esta Conferencia de las Partes tiene el desafío de abrir los ojos a estas realidades y dar un giro histórico a la incomprensión que, por tanto tiempo, se ha traducido en menosprecio y despojo. Esta Conferencia debe retomar la senda de la esperanza que nació en Río reafirmando el compromiso ético y político de todas las partes con la justicia, la equidad y la vida. * Intervención de Rigoberta Menchú Tum en la VI Conferencia de las Partes Convenio Sobre Diversidad Biológica, La Haya, 18 de abril de 2002