¡La tierra grita!
22/05/2000
- Opinión
En las grandes ciudades la crisis social está por todas partes. Igualmente
dramática y poco visible es la crisis social en el campo.
Desde el inicio del primer gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC), la
agricultura, con innumerables formas de manifestaciones colectivas, viene
señalando, contínua y crecientemente, los contornos políticos explosivos de
la crisis que afecta el agro nacional. Ya en 1995, agricultores patronales
de todo el país colocaron tractores y camiones en las carreteras y se
dirigieron a Brasilia. Desde entonces, proliferan actos de protesta,
"camionazos" y hasta cierres de la frontera con los países del Mercosur.
Los agricultores familiares y trabajadores rurales, centenas de millares de
ellos ya transformados en sin tierra, multiplican sus manifestaciones de
masas en los Estados y en Brasilia, para emitir sus "Gritos" de
desesperación ante la tragedia social que se abate sobre el sector. Para
los trabajadores sin tierra, condenados a la miseria y a la desesperación,
la alternativa ha sido la radicalización de sus acciones políticas por
tierra, comida y condiciones de producción.
Entonces, ¿cómo explicar esa agenda de reclamos del campo si el gobierno de
Fernando Henrique garantiza fantásticas realizaciones con la reforma
agraria, supersafras anuales y avances en el comercio agrícola externo? La
respuesta es simple: fraude político.
La liberalización de la agricultura
Los orígenes de la crisis en la agricultura remontan a los desdoblamientos
de la ruptura del patrón de financiamiento de la economía vigente hasta la
década de los '70. Desviándose del núcleo del problema, los gobiernos de la
época eligieron a los subsidios agrícolas como los villanos de las cuentas
públicas. A mediados de la década de 1980, se implementaron profundos
recortes en los recursos destinados a la agricultura. De una media anual en
torno a los US$ 19 mil millones de dólares, en el período entre 1975 y 1979,
los recursos destinados al crédito rural, en el período reciente, giran en
torno a los US$ 4 mil millones de dólares anuales, y los subsidios en el
crédito, que totalizaron cerca de US$ 31.5 mil millones entre 1970 y 1985,
dejaron de existir, desde esa última fecha.
El primero y más visible síntoma de la crisis sectorial instalada fue el
crecimiento exponencial del grado de endeudamiento del sector, que viene
siendo "empujado con la barriga". No es gratuito que el Censo Agropecuario
de 1996 verificó que, desde 1985, por primera vez en la historia del país,
se registraba la extinción de unidades agrícolas en Brasil. Sumaron nada
menos que 940 mil unidades, de las cuales el 96% correspondía a áreas
inferiores a 100 hectáreas, y de éstas el 73% era de las que alcanzaban
hasta diez hectáreas.
De acuerdo con el secretario de la Política Agrícola del primer gobierno de
Fernando Henrique Cardoso, del total de las pequeñas unidades que se
extinguieron, 400 mil se dieron en los años de 1985 y 1996.
En la década considerada, 21.3 millones de hectáreas dejaron de ser
cultivadas entre 1985 y 1996, y el personal dedicado a la actividad agrícola
se redujo en 5.5 millones de trabajadores.
Con el acceso al poder de Fernando Henrique Cardoso se produce una
radicalización del proceso de liberalización de la agricultura, a despecho
del mantenimiento del escenario proteccionista ostensivo de este sector por
parte de los países ricos, conforme anunciaba el Acuerdo Agrícola
recientemente firmado en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio
(OMC). Con esa estrategia, el gobierno, más allá de las motivaciones,
pretendía un nuevo ciclo de modernización conservadora de la agricultura.
De hecho apostaba a la llamada ancla verde como línea auxiliar de la ancla
cambiaria en la sustentación del programa de estabilización de la moneda.
En cuanto al precio depresivo en los precios domésticos, la estrategia ha
sido plenamente exitosa, pues las importaciones agrícolas predatorias
-frente a las distorciones provocadas por los subsidios agrícolas de US$ 360
mil millones de dólares por año, solamente en los países de la OCDE-
saltaron de la media anual de US$ 3 mil millones de dólares en el período
1991-94, a US$ 6.8 mil millones de dólares, en promedio de 1995 a 1999,
imponiendo, así, un esquema inclinado a la trayectoria de los precios
agrícolas internos.
En consecuencia, según estimaciones de la Confederación Nacional Agraria
(CNA), de 1995 a 1999 se dio una transferencia de cerca de US$ 24.5 mil
millones de dólares de la agricultura hacia los sectores urbanos, y la renta
agrícola, medida según el concepto de valor bruto de la producción, declinó,
en precios reales, de R$ 78.3 mil millones de reales, en 1994, a R$ 72.4 mil
millones, en 1999.
Política negativa
En síntesis, se puede afirmar que la agricultura brasileña, a partir del
gobierno de Fernando Henrique Cardoso, sufrió una reducción de su capacidad
productiva por efecto de una política agrícola negativa y socialmente
excluyente que provocó el éxodo rural de cerca de 4 millones de personas,
entre 1995 y 1999, mientras el gobierno resalta el asentamiento en el agro,
por proyectos de reforma agraria, en el mismo período, del número poco
confiable de 1.8 millones de personas.
Los costos de los financiamientos para la agricultura familiar, en 1996,
fueron superiores en un 19.5% a la tasa de inflación del año, en 1997
superaron en un 86.3% la inflación y, en 1998, en un 461%. En 1999, por
cuenta de la desvalorización cambiaria, se situaron, atípicamente, en un 36%
por debajo de la inflación. El incumplimiento con el crédito rural es
evidentemente explosiva. Creció 182% entre 1997 y 1999, de acuerdo a los
datos del Banco Central.
La producción "per cápita" de granos declinó del nivel de 522.15 kilogramos
por persona, en 1995, a 503 kilogramos por persona, en 1999, mientras el
área plantada de granos se redujo, en el mismo período, en 2 millones de
hectáreas.
Últimamente el Producto Interno Bruto calculado por la Esalq de la
Universidad de Sao Paulo, a partir de la metodología que corrige problemas
de doble cuenta, se mantuvo, en 1999, ligeramente inferior al observado en
1995 (R$ 269,784 mil millones de reales).
Las manifestaciones del Movimiento de los Sin Tierra (MST) y de la
Confederación de los Trabajadores de la Agricultura (CONTAG) son apenas el
siflido de la olla de presión. Congelar el salario mínimo, criminalizar a
los movimientos sociales y promulgar medidas anti-reforma agraria sólo
contribuyen al agravamiento de la crisis. ¡La tierra grita!
*Aloizio Mercadante, economista, es líder del Partido de los Trabajadores en
el Parlamento.
https://www.alainet.org/pt/node/104735
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