Buenos Aires.- En una decisión política para salvar su propio prestigio y su gestión de gobierno, el gobernador Eduardo Duhalde, segunda figura en importancia dentro del Partido Justicialista en Argentina, desmembró a la temible Policía bonaerense, acusada de múltiples delitos y crímenes. La medida fue recibida con escepticismo por la población pero tuvo el aval de la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación que derrotó al gobernador en las elecciones para diputados y concejales municipales de octubre de 1997. El gobernador Duhalde, al frente de la provincia argentina más poblada y más rica, con 11 millones de habitantes y dueña de buena parte de la conocida como "pampa húmeda", de excelente producción agrícola y ganadera, y del cordón industrial que rodea a la Capital Federal, tuvo que escuchar los resultados de las encuestas que daban como uno de los principales motivos de su derrota electoral la terrible gestión de la Policía bonaerense. Esta fuerza se había mostrado incapaz de detener la ola delictiva a pesar de su alto presupuesto y en numerosas oportunidades se la halló involucrada, desde sus más altos jefes, en todo tipo de delitos y de graves violaciones a los derechos humanos. La fuerza que el mismo gobernador había denominado "la mejor policía del mundo" había quedado al descubierto en numerosos hechos graves, como tráfico de droga, juego clandestino, robo de automóviles, y el denominado "gatillo fácil", que tronchó la vida de decenas de jóvenes inocentes que habían resultado sospechosos para los "agentes del orden". Pero el golpe de gracia lo recibió al encontrársela involucrada en el atentado contra la Asociación Mutualista Israelita Argentina (AMIA), que provocó la voladura de la sede de esa organización y la muerte de 84 personas, y el crimen del periodista gráfico José Luis Cabezas, ocurrido en enero de 1997 en un balneario de lujo, donde el propio gobernador y otros políticos y empresarios tenían sus residencias de verano. Duhalde todavía aspira a suceder al presidente Carlos Menem como principal candidato a la presidencia por el Partido Justicialista en las elecciones generales de 1999. Pero mal puede pretender ser candidato si no logra demostrar autoridad sobre su propia policía. Un civil para disolver la fuerza La primer medida del gobernador fue nombrar a un civil, Luis Lugones, como interventor en la fuerza. En segundo lugar, decidió disolver la estructura que tenía la Policía bonaerense y dar lugar a 18 jurisdicciones policiales autónomas. Esto permitiría terminar con la férrea organización piramidal de la fuerza, que facilitaba el acatamiento a una jefatura centralizada muy poderosa, que no sólo controlaba a cada comisaría, sino que también era partícipe en los repartos de ganancias por los delitos cometidos. Toda esta trama quedó bien documentada en el libro "La Bonaerense", escrito por dos periodistas argentinos luego de una minuciosa investigación, que ocupó las listas de "best-sellers" durante varias semanas en 1997. Cada nueva jurisdicción policial tiene ahora un civil al frente, hecho que ha sido muy cuestionado por la propia policía y que está siendo resistido de diversa maneras. Se cree que los ataques a cementerios judíos ocurridos en los primeros días de 1998, con destrucción de decenas de tumbas, fueron perpetrados por ex- policías o integrantes de bandas policiales para demostrar su fuerza al nuevo interventor y al gobernador Duhalde. El objetivo principal de esta nueva organización de la policía es la de permitir una mayor intervención de la comunidad en la gestión policial. Por largo tiempo la población sintió que las fuerzas de seguridad poco hacían para prevenir y reprimir los delitos. Debido a ello, se creó una Policía de Investigaciones, centralizada, con delegaciones en cada una de las jurisdicciones. Además, se terminó con la instrucción de sumarios en las comisarías. Esto había dado lugar a la comisión de violaciones a los derechos humanos, como torturas, golpizas y malos tratos para lograr la confesión de los presuntos autores de delitos, así como también el cobro de tarifas por los servicios realizados. Además, todavía hay 35 mil expedientes paralizados en las comisarías, que deben ser reintegrados de inmediato al ámbito judicial. Otro cambio importante será la creación de un Servicio de Custodia y Traslado de Detenidos que impedirá que las comisarías se transformen en cárceles. Muchos detenidos debían pasar largas semanas amontonados en pequeñas celdas, con mala comida y con falta de servicios sanitarios adecuados, mientras se instruía su causa. Todo esto será acompañado por la tarea de los Consejos de Seguridad, los Foros de Seguridad y los Defensores de Seguridad (ombudsman) para lo cual se espera una buena participación de la ciudadanía. Cuando Luis Lugones asumió su cargo, señaló con mucha sinceridad a la prensa que su tarea no sería fácil. Los ataques a los cementerios judíos así lo demostraron. Pero también preocupa la resistencia que algunos jueces están poniendo a la recepción de los 35 mil sumarios que deben remitirles las comisarías. Por otra parte, la exoneración de cientos de policías rasos, oficiales y comisarios también preocupa. La población recuerda la ola de secuestros y robos de bandas fuertemente armadas que asolaron al país durante los primeros años de recuperada la democracia, a comienzos de la década del 80, y que eran comandadas por ex-integrantes de los grupos paramilitares o parapoliciales que habían actuado en la represión. El gobernador Duhalde tiene ante sí una situación complicada que todavía puede depararle muchos sinsabores.