Colombia

Colombia, 2014

Libardo Sarmiento Anzola

16/01/2014

Opinión

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La elección presidencial y la renovación del poder legislativo concentran la actual agenda societal del país. La negociación de la paz entre el Gobierno y la insurgencia constituye el tema de mayor trascendencia en cuanto define la opción ciudadana por la continuación de la guerra o el fin del conflicto armado de los últimos cincuenta años. En resumen, se redefine el régimen político del próximo cuatrenio y con él la sanción sobre el modelo de desarrollo y sus consecuencias sociales y ambientales.

Política, proyectos antagónicos

Con 2.441 aspirantes al congreso en las que se asignarán 267 curules (102 en Senado y 167 en la Cámara), agrupados en más de veinte partidos o movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, las fuerzas expresan las tendencias ideológicas entre la extrema derecha, el centro y la izquierda democrática. Las bases poblacionales de estas organizaciones políticas corresponden, a su vez, al complejo formado por una sociedad fragmentada, jerarquizada y diferenciada socioeconómica y espacialmente.

Para 2014 la población colombiana alcanza la cifra de 47,7 millones de personas, 67,5% mayor de 18 años (32,2 millones). De acuerdo con la cultura política colombiana, percepciones y prácticas de los ciudadanos, el promedio histórico de la abstención en el último siglo es 51,1%; por tanto, se estima que 16,4 millones del censo electoral se abstendrán de ejercer el derecho de elección. En una sociedad caracterizada por la pobreza y la precaria cultura democrática, del potencial electoral efectivo (15,7 millones) –según las encuestas de Cultura Política, realizadas por el DANE- 12,7 millones de personas no militan ni tienen preferencias políticas (80,4%). Del poco más de 3 millones de electores que expresan preferencia o pertenecen a organizaciones políticas, la mitad se identifica con la ideología derechista, 27% con el centro y 23% con la izquierda (gráfico 1).

La extrema derecha colombiana es una maquinaria económico-militar-política que constriñe la sociedad colombiana y es la principal amenaza a la democracia, los derechos humanos y la convivencia ciudadana. Está conformada por sectores lumpen de la oligarquía y de clases populares; de espíritu mafioso, criminal, autoritario y dogmático; encuentran en el empresarismo extractivo-rentista, la guerra y la apropiación corrupta del Estado sus principales fuentes de reproducción, poder e interés. Fácilmente los grupos de extrema derecha concentran el 15% de los electores.

La cultura política colombiana favorece las tendencias ideológicas de centro. Representan a sectores modernos del capital globalizado, clases medias de profesionales y empresarios, trabajadores sindicalizados y clases populares empobrecidas dependientes del asistencialismo social del gobierno (1’456.000 hogares pobres son beneficiarios directos del programa presidencial “Familias en acción”). Con holgura, al controlar además actualmente el poder del Estado, triunfan en las elecciones para Congreso y presidencia con más del 60% del voto efectivo.

La izquierda, siempre fragmentada, está en riesgo de quedar excluida en estas elecciones debido a la reforma política que aprobó el Congreso en el 2009 (al final del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con el fin de fortalecer los partidos y movimientos políticos del establecimiento). Esta reforma determinó que para el 2014 sólo podrán existir y tener curules en el parlamento aquellos partidos políticos que puedan superar el umbral del 3% de la votación nacional. La izquierda representa a sectores populares urbanos, trabajadores del Estado, sectores agrarios, minero, artesanales, pequeños y medianos empresarios, profesionales e intelectuales de clase media, organizaciones de indígenas, estudiantes, mujeres y a la comunidad LGBTI. En un inédito proceso de unidad, la izquierda democrática podría superar el techo histórico alcanzado por Carlos Gaviria en 2006 en las elecciones para presidente, al obtener más de 2,6 millones de votos, 22,5% del total.

Economía, una crisis sistémica

La condición de país periférico y dependiente implica que las políticas públicas y la dinámica económica de Colombia estén encadenadas a los ciclos, cosmovisiones, necesidades e intereses del centro y grupos de poder que controlan el sistema mundo capitalista. Los ciclos del sistema amplifican sus efectos en la periferia y obligan a redefinir su aparato productivo según las demandas de los mercados internacionales y los determinantes de los cambios en la división internacional del trabajo. Al modelo de desarrollo colombiano lo caracteriza las actividades extractivas agenciadas por transnacionales, el rentismo financiero, la economía de servicios y su precaria sostenibilidad en el mediano plazo. La economía del país ha sido beneficiaria de los elevados precios de las materias primas en los mercados internacionales.

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Para 2014 la economía mundial crecerá en promedio 2,9% y la colombiana 4,5% (gráfico 2); el comportamiento “sob

resaliente” se explica por un auge coyuntural de inversión pública en infraestructura y proyectos de vivienda social, las exportaciones de recursos naturales y energéticos, la especulación financiera, los agronegocios (biocombustibles, en particular) y los altos beneficios de la comercialización de bienes y servicios aupados por los tratados de libre comercio. En general ésta es una sociedad consumista, poco generadora de valor agregado y con un componente de bienes importados que supera el 50% de lo que consumen los hogares. En una economía mundial que no logra salir de la crisis estructural, pese a las breves y débiles recuperaciones promovidas con inyecciones de capital por parte del Estado, la inestabilidad del país es un factor condicionante del inmediato futuro.

La cuestión social, justicia y reformas aplazadas

La economía colombiana no se orienta por la satisfacción de las necesidades sociales, obtiene las ganancias de su explotación. Un ejemplo lo constituye el binomio enfermedad-negocios que caracteriza al sector de la salud. Los ministerios del sector social son precedidos por empresarios de orientación neoliberal.

No obstante, en lo corrido de la segunda década del siglo XX los indicadores sociales registran tendencias optimistas: los índices de violencia, pobreza, desempleo y desigualdad son favorables, aunque en conjunto la situación social es inferior a los registros promedios de la década de 1960 (gráfico 3).

El Gobierno admite que en 2014 aún hay 14’600.000 personas en condición de pobreza, de las cuales 4,6 millones viven en pobreza extrema, siendo el sector más crítico el rural. Las políticas asistenciales se orientan a mejorar el consumo de los hogares pobres y no a generar condiciones reales y sostenibles para abandonar esta condición de vulnerabilidad y dependencia. El número de homicidios al año supera la cifra de 16.0000, reflejo de una sociedad intolerante, conflictiva y sin efecto de los aparatos de justicia. El número de desempleados actuales ronda la cifra de 2 millones y de los 22,2 millones de ocupados el 65% son informales, esto es, no acceden a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Ambiente: agotamiento, contaminación y cambio climático

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) califica a Colombia como uno de las naciones más vulnerable ante los impactos del aumento en la temperatura, la variabilidad climática, la contaminación y el deterioro de los recursos naturales. Estos fenómenos concatenados son potenciados por la insostenibilidad del modelo de desarrollo colombiano, caracterizado por las actividades extractivas, la ganadería extensiva y el microfundio en las zonas de ladera.

En Colombia, el incremento de temperatura, alteraciones en la precipitación e incremento del nivel del mar son factores de cambio climático que están afectando negativamente la seguridad alimentaria, la productividad de los bosques, los cambios en la adaptabilidad de la tierra para diferentes tipos de cultivos y pasturas, cambios en la incidencia y vectores de diferentes tipos de plagas y enfermedades, pérdida de la biodiversidad y del funcionamiento del ecosistema en los hábitats naturales, cambios en la distribución de agua de buena calidad para los cultivos, el ganado y la producción pesquera continental, pérdida de tierras arables debido a la creciente aridez y a la salinidad asociada, disminución del agua subterránea y aumento del nivel del mar. Además de estas afectaciones, el país recientemente se ha visto perjudicado por las constantes inundaciones y las remociones en masas que han puesto en evidencia la fragilidad de la infraestructura productiva y vial (mapa 1).