Violando el derecho a la nacionalidad
10/12/2013
- Opinión
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano sobre migración tienen un carácter violatorio y discriminatorio y pidió al gobierno de ese país que garantice el derecho a la nacionalidad a las decenas de miles de personas que se encuentran afectadas por esta sentencia.
A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) afirmó que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de República Dominicana que niega la nacionalidad a los hijos de inmigrantes sin residencia fija es discriminatoria y viola los derechos de dominicanos de ascendencia haitiana.
El 23 de septiembre pasado, el TC denegó la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes nacidos después de 1929, por lo que ahora serían "ilegales" o estarían "en tránsito". La mayoría de los afectados son hijos de haitianos que emigraron al país vecino en busca de mejores condiciones de vida. Santo Domingo se ha quejado reiteradamente del flujo migratorio procedente de Puerto Príncipe.
Los miembros de la CIDH realizaron una visita a Santo Domingo entre el 2 y el 5 de diciembre a Santo Domingo para observar la situación en lo relativo a los derechos a la nacionalidad, la identidad, la igualdad, la no discriminación, así como a otras problemáticas por la que atraviesa esa nación del Caribe. La delegación estuvo integrada por el presidente, Jesús Orozco Henríquez; las vicepresidenta, Tracy Robinson y Rosa María Ortiz, entre otros miembros.
Luego de la visita, la CIDH denunció el viernes pasado que República Dominicana privó arbitrariamente de su nacionalidad a más de 200 mil personas, en su mayoría descendientes de haitianos. "Las violaciones al derecho a la nacionalidad que había observado en su última visita `in loco`, realizada en 1997, continúan y la situación se ha agravado debido a la última sentencia del Tribunal Constitucional", determino el informe de la CIDH. El comunicado del viernes decía: "Como consecuencia del fallo, un número indeterminado pero muy significativo de dominicanos, que diversas fuentes estiman en más de 200 mil personas, han sido privadas arbitrariamente de su nacionalidad".
También, el bloque regional alertó: "La privación arbitraria de la nacionalidad de estas personas genera una situación de extrema vulnerabilidad en la cual se producen violaciones a los derechos humanos".
La CIDH además denunció que fueron amenazados diferentes personalidades del mundo de la cultura, la ciencia y funcionarios públicos que criticaron la sentencia del Tribunal Constitucional. En el informe de ese organismo de derechos humanos se señala: "Estas personas han sido calificadas de traidores a la patria, han sido objeto de amenazas y se ha llamado públicamente a darles muerte". El documento también manifiesta la preocupación de la CIDH por el aumento de la discriminación y la violencia de la cual son víctimas los haitianos y sus descendientes.
Para finalizar, la CIDH realizó un llamamiento "a las autoridades dominicanas a contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas".
Según el último censo poblacional, República Dominicana tiene alrededor de 10 millones de personas, de las cuales 458 mil son de origen haitiano, y de ellas, 240 mil nacieron en territorio dominicano.
El gobierno dominicano se enfrenta a una gran presión internacional por este polémico fallo. En el ámbito regional, la Comunidad del Caribe (Caricom) decidió suspender el 2 de diciembre pasado el proceso de incorporación del país al grupo y anunció que denunciarán el fallo ante numerosas instancias globales.
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