El jueves 12 de septiembre se celebraron dos encuentros para tratar la misma cuestión: las políticas que necesita el campo colombiano.

 

El primer encuentro se celebró en Compensar, un reconocido centro de eventos en Bogotá. El segundo se realizó en la concha acústica de la Universidad Nacional, espacio facilitado por los trabajadores en huelga que hoy controlan el campus. El encuentro de Compensar fue convocado por el Gobierno nacional para firmar un "Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural". El encuentro de la Universidad Nacional fue protagonizado por varios sectores sociales, en especial por dos sectores del movimiento campesino, indígena y afro: El Coordinador Nacional Agrario (CNA) y la Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA), quienes lanzaron la "Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular".  

 

El gobierno ha dicho que el Pacto es  “el mecanismo a través del cual un conjunto de actores públicos y privados se unen para acordar los lineamientos fundamentales de la política de estado que requiere el país para lograr el desarrollo rural y agropecuario”. La opinión del campesinado reunido en la Cumbre contrasta con la propuesta gubernamental; en la Declaración política de su evento dicen: “rechazamos el Pacto Agrario impulsado por el gobierno de Santos. Consideramos que es la reedición del nefasto Pacto del Chicoral que agrupó a los terratenientes para detener una posible reforma agraria. La gran diferencia radica en que hoy los grandes propietarios e inversionistas del campo quieren aliarse con los pequeños productores para apropiarse de su trabajo y de su sudor”.

 

Aunque el Pacto convocado por el gobierno tuvo mayores recursos y mayor cobertura mediática, parece que fue más exitosa la Cumbre campesina. Mientras en la Universidad Nacional hubo unidad de criterios políticos, consignas animadas, música y bullerengue, en el escenario convocado por el gobierno aparecieron voces disonantes, en especial la voz del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien lanzó un fuerte discurso donde cuestionó buena parte de la política agraria del gobierno nacional. Como si fuera poco, la prensa registró la baja participación del campesinado, la inasistencia de varias organizaciones agrarias invitadas y el escepticismo de los pocos cultivadores que aceptaron el convite.

 

Pero ahí no terminan los problemas del gobierno. Tras el nombramiento del nuevo ministro de Agricultura, el funcionario que impulsará esta nueva etapa de la política agropecuaria, se dio a conocer la renuncia de Jhenifer Mojica, hasta hace poco Subgerente de tierras del INCODER. En una entrevista, Mojica afirma que el gobierno nacional desplazó al INCODER de la discusión de varios temas claves de la política de tierras por “nuestra posición a favor de los campesinos y de la aplicación de la Ley 160”. La ex funcionaria relata varias situaciones donde optó por defender comunidades campesinas frente a los intereses de grandes emporios empresariales que pretendían adueñarse de los baldíos de la nación o de tierras antes ocupadas por a víctimas de desplazamiento forzado. Al parecer, al gobierno no le gustó esa actitud, aunque estuviera de acuerdo con las leyes que rigen al Estado colombiano.

 

La declaración política de la Cumbre también plantea: "Seguimos insistiendo en avanzar hacia una política de reforma agraria integral que reconozca los territorios colectivos  indígenas y afro, que dote de la tierra y territorialidad necesaria al campesinado, y que desmonte los grandes latifundios que han concentrado la mayor parte de la tierra cultivable.(...) En lo inmediato, para buscar la salida a la crisis agraria, insistimos en la necesidad urgente de implementar medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria, que incluyan el desmonte de las políticas de libre comercio, la anulación de los Tratados internacionales que afecten a los productores nacionales y el avance hacia una integración justa y solidaria entre los pueblos de América Latina y el mundo".

 

La Cumbre marca un hito para el movimiento social colombiano por tres razones: 1. Porque rechaza de manera enfática un modelo de desarrollo rural que ha profundizado la crisis del campo. 2. Porque plantea alternativas serias de política pública agraria para enfrentar la crisis del campo, revertir el despojo y construir la paz en un contexto donde se habla de solución política. 3. Porque avanza en la articulación del movimiento social popular colombiano, en primera instancia, la convergencia del movimiento campesino, indígena y afro, y en segundo término, del movimiento rural con otros sectores, como el movimiento estudiantil, sindical y de pobladores urbanos. La Cumbre no marca el final el paro agrario, más bien indica el inicio de una nueva etapa de articulación para el avance de las luchas sociales en Colombia.