La violación de los Derechos Humanos en Colombia, es pan de todos los días. Por ejemplo, en mayo de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante el desarrollo de las protestas en el país neogranadino, solicitó una visita para indagar sobre las denuncias recibidas sobre presuntas violaciones a los Derechos Humanos, relacionados con el uso excesivo de la fuerza, desaparecidos, personas fallecidas, violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos en contra de los manifestantes.

A su vez, El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) y la CIDH, expresaron con preocupación que Colombia, continúa siendo el país, además, que registra más asesinatos a personas Defensoras de Derechos Humanos y Líderes Sociales en la región.

La Oficina de DDHH en Colombia, ha documentado 63 asesinatos de personas defensoras. Estos 63 casos han ocurrido en un total de 19 departamentos del país. Adicionalmente la Oficina sigue en proceso de verificación de 43 asesinatos más, donde se presume que la víctima era Defensor o Defensora de Derechos Humanos.

A su vez, la Oficina de ONU Derechos Humanos, confirmó el asesinato de 33 personas Defensoras de Derechos Humanos (7 mujeres, una de ellas se identifica como persona LGBTI y 26 hombres).

Varios de estos asesinatos se habrían producido en contra de personas que defienden la tierra y el territorio por denunciar la presencia de grupos armados y/ u oponerse a economías ilícitas.

Pero aún más preocupante es que, La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, presentó un informe en el que reveló que, en lo que va del año 2021, han asesinado en Colombia a 362 venezolanos, cifras que han preocupado a las autoridades colombianas, porque se estaría reflejando la violación de Derechos Humanos a esta población migrante.

El 88,1% de las víctimas han sido hombres y el 11,9% han sido mujeres, siendo Cundinamarca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Atlántico y Antioquia, los Departamentos donde se registraron el mayor número de casos.

Se han registrado 2.295 casos de homicidio, a personas de nacionalidad venezolana, siendo los hombres jóvenes y menores de 29 años los mayormente victimizados, y el arma de fuego el mecanismo de muerte más utilizado.

Los venezolanos también son víctimas de desaparición forzada, entre enero de 2015 y agosto de 2020, se tiene registro de 836 personas dadas por desaparecidas, siendo Bogotá la ciudad donde se registra el mayor número de casos con 311 registrados, seguido por Magdalena, Valle del Cauca y La Guajira.

También se registran casos de delitos sexuales. Entre enero de 2019 y agosto de 2020, los territorios en donde más casos se registraron fueron: Norte de Santander (181), Bogotá (147), Santander (127), Valle del Cauca (110). Para el primer semestre de 2021, los territorios donde más se registran casos son Valle del Cauca (31), Antioquia (26), Santander (22), Norte de Santander (15) y Atlántico con (13).

Así mismo, se encontró que los delitos sexuales en la población venezolana, persisten como un fenómeno de especial riesgo para las mujeres.

En particular, señala el informe, los agresores que ejercen la violencia sexual en sus múltiples expresiones han victimizado a 2.319, personas de nacionalidad venezolana entre enero de 2015 y agosto de 2020, siendo el 88,3% de las víctimas de género femenino, y el 71% menores de 18 años.

El informe de COHDES, revela además que, entre 2017 y 2020, se han registrado 33 casos de reclutamiento forzados de niños, niñas y adolescentes, refugiados migrantes venezolanos a la criminalidad, con un mayor riesgo en los territorios de frontera, pero también en otros territorios, llegando incluso a las zonas urbanas.

Tanto organismos al interior de Colombia como fuera de él, mantienen una total preocupación y análisis en torno a las vulneraciones y retos en materia de protección de los Derechos de la población migrante y refugiada venezolana, en contextos de violencias derivadas del conflicto armado interno y la criminalidad organizada en el país. Recalcamos lo preocupante de esta situación, ya que, en el contexto de la pandemia, Colombia ha realizado al menos 109 deportaciones y 322 expulsiones en el año 2020. Es significativo que, en Colombia, el primero de marzo de 2021, se expidió el decreto 2/16, el cual crea el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, el cual permite a las personas venezolanas migrantes venezolanas que se encontraban en el territorio de manera regular e irregular antes del 31 de enero de 2021, y a quienes ingresen de manera regular los próximos dos años, se inscriban en un registro único y si cumplen con los requisitos se les otorgará un permiso de permanencia temporal que les habilita para permanecer regularmente en el país por 10 años, trabajar y eventualmente aplicar a una visa de residente.

Pero Lucía Ramírez, miembro de la organización colombiana de Derechos Humanos de Justicia, aseguró que hay algunos aspectos de este decreto que son de preocupación: Proporcionar datos biométricos para ingresar al registro; Respeto por la presunción de inocencia y la garantía del derecho al debido proceso; La garantía del derecho a solicitar la condición de refugiado.

Según Ramírez, las finalidades del gobierno colombiano para solicitar los datos biométricos como la identificación de la población migrantes y su ingreso a los sistemas de protección social, no justifica la obligatoriedad de este requisito y no hay pruebas de que con los datos biográficos y demográficos no se pueda cumplir con estas finalidades. “El uso de la tecnología para el tratamiento de datos biométricos no es eficaz, ni eficiente, ni segura. Supone una serie de riesgos graves para la seguridad y privacidad de las personas, y es un tratamiento diferenciado de otros grupos poblacionales que no parecen tener una clara justificación”, advirtió.

Además, Ramírez indicó que el decreto viola la presunción de inocencia, al no permitir con investigaciones judiciales y administrativas en curso puedan recibir el permiso por protección temporal.

Nos hacemos eco de estas denuncias, ya que en Colombia los medios hegemónicos las esconden y no le dan visibilidad, e igual sucede con los medios de derecha en Venezuela. Finalmente, dejamos algunos datos de la problemática migrante venezolana en algunos países de América Latina. Los gobiernos de América Latina deben pasar de la respuesta humanitaria, a políticas de integración a largo plazo de los refugiados y migrantes venezolanos, que incluyan la regularización, señala un informe de La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y otras agencias que alerta de que la integración de estas personas sigue siendo deficiente.

El reporte analiza la integración entre 2017 y 2021 en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, países que han recibido a más del 70% de los 5,6 millones de venezolanos que han salido de Venezuela desde 2015.

En los cinco países, las tasas de desempleo son más altas para los venezolanos. Pese a su alto nivel educativo, muchos venezolanos solo han podido acceder a trabajos informales con salarios bajos, en parte debido a las barreras para que sus credenciales académicas sean reconocidas. Esto ha dejado a muchos venezolanos viviendo en la pobreza. La pandemia solo ha empeorado la situación. En Colombia, Ecuador y Perú el pasado otoño, los venezolanos dijeron que sus ingresos habían descendido más del 50%. El acceso a atención médica también ha adquirido una nueva urgencia. Chile, Brasil y Ecuador tienen sistemas de salud universales, pero el miedo a la deportación o a la discriminación pueden limitar el acceso. En Colombia y Perú, la atención médica no es universal y muy pocos tienen seguro médico.

Además, todavía existe un número considerable de venezolanos en condición irregular. “Continuar con estos esfuerzos será importante porque la regularización es un obstáculo principal para la integración de los migrantes”, señala el informe.

“La mayoría de los venezolanos estamos cansados de palmaditas en la espalda, de miradas compasivas, de mensajes lastimeros. Todas las miradas deben estar dirigidas a la integración y a apostar porque los venezolanos podamos integrarnos en los países a los que estamos llegando y, como lo están haciendo muchos de mis connacionales, convirtamos las dificultades en oportunidades para todos”, dijo Óscar Pérez, de la Unión de Venezolanos en Perú.

En el mismo sentido, Diego Chaves-González, principal autor del informe reconoció que, en las sociedades de acogida, puede haber miedos y una “fuerte resistencia” a la asignación de recursos para grupos específicos de población “En un momento en el que la sociedad está sintiendo los efectos de una pandemia y la mayoría se siente en relativa inseguridad, el público querrá ver inversiones que favorezcan a la sociedad en su conjunto”, sostuvo.