Abogado brillante, a la par que siniestro, Montesinos sabía que el pedido de nulidad de actas fuera del plazo establecido por la ley impediría el triunfo de su candidata y por eso le dijo a Pedro Rejas, hombre de confianza de la familia Fujimori, que quienes rodean a Keiko “son unos huevones” y “van a perder todo por imbéciles”. Fiel a su estilo, no quedaba otra que intentar comprar a los magistrados del JNE. El resto es historia conocida.

Sobre estos aspectos, los cruzados de la libertad no han deslindado o puesto un límite a su compromiso con la candidata Fujimori. Mario Vargas Llosa, quien la ha apoyado con alma, corazón y vida ha enmudecido, así como muchos otros ilustres disque defensores de la democracia. Nada ha dicho sobre la carta de 1300 militares en retiro dirigida al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la que solicitan no reconocer a Pedro Castillo si el JNE lo proclama presidente del Perú. ¿No es acaso a todas luces un intento golpista? 

¿Será que su anticomunismo visceral e irracional ha alterado sus principios liberales? Inclusive el periodista Carlos Alberto Montaner, uno de sus amigos de la militancia miamera (Orlando Gutiérrez-Boronat, de la Resistencia Cubana; Francis Suárez, alcalde republicano de Miami que declaró el 10 de diciembre de 2020 como "Día del Anticomunismo"; Mauricio Claver-Carone,  portavoz del exilio anticubano en Miami, impuesto por Trump como presidente del BID, entre otros) ha descartado la existencia de fraude electoral.

¿Coincide Vargas Llosa con el vocero de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, quien dice que “Aquí nadie se rinde, que vamos a pelear contra el fraude chavista planificado y ejecutado por los agentes de Cuba y Venezuela (…) que no podemos permitir que se imponga una dictadura robando las elecciones y distorsionando la voluntad popular”? ¿En serio comulga con ese absurdo? 

¿No siente vergüenza nuestro Nobel del espectáculo bochornoso que el Perú proyecta al mundo por el poco respeto a la institucionalidad y a la democracia? Qué lejos estamos de la institucionalidad posdictaduras militares de Chile o de Uruguay, en donde se respetan los resultados electorales cuando estos le son adversos a los poderosos. O cuando una militante del Partido Comunista de Chile gana las elecciones de la alcaldía de Santiago, la más importante del país.

¿A quién le cargamos el pasivo de nuestra imagen internacional? ¿No le dice nada el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos publicado el mismo día que los militares en retiro se autoconvocaron en un espacio público para desafiar al presidente Sagasti por haber pedido al Ministerio Público que tomara cartas en el asunto por haber incitado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a desconocer los resultados electorales? Ese comunicado felicita al pueblo peruano “por organizar de manera segura otra ronda de elecciones libres, justas, accesibles y pacíficas”, que “representan un modelo de democracia en la región”. En el mismo sentido se han pronunciado la Unión Europea y sus Estados miembros en Perú, que consideran que el proceso electoral del 6 de junio fue libre y democrático, la Embajada de Canadá y la del Reino Unido. El presidente del Consejo Permanente de la OEA, Sir Ronald Sanders, ha ido más allá y ha señalado que “la OEA debe defender sus conclusiones y pronunciarse en contra de los intentos de sofocar la voluntad del electorado. La elección mayoritaria de Pedro Castillo debe mantenerse. Eso es democracia”.

Parece que tampoco importa el llamado a respetar las elecciones de parte de los legisladores Gregory W. Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y Albio Sires, presidente del Subcomité para el hemisferio occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional. Como es sabido, estos emitieron una declaración conjunta en la que rechazaron los intentos (de Fuerza Popular) de desechar una serie de votos de las zonas rurales y pobres, y poner en riesgo una transición pacífica al poder. En una comparación implícita con el accionar de Donald Trump, expresaron que “como país que también luchó recientemente por preservar la república de candidatos decididos a socavar la democracia, Estados Unidos conoce bien los desafíos que enfrenta el Perú”. 

Vargas Llosa, quien ha alertado por la pérdida de la libertad de prensa en un gobierno de Castillo, ¿nada tiene que decir sobre la actual preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA ante las denuncias por acoso a personas por sus opiniones políticas, que incluyen el denominado hostigamiento digital (doixing) que consiste en la divulgación de información personal confidencial con fines intimidatorios o extorsivos? ¿Tampoco nada sobre lo señalado por la CIDH con respecto a la falta de garantías para ejercer la labor periodística en el contexto electoral en Perú y las denuncias de trabajadores de prensa que habrían sido presionados en sus puestos de trabajo en relación con la línea informativa de la cobertura de las elecciones, lo que en algunos casos habría resultado en renuncias forzadas? 

Con tanta preocupación por la pérdida de libertades, es sorprendente su silencio con relación a la denuncia del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, el 8 de junio, por la falta de objetividad periodística en la cobertura durante la segunda vuelta de la elección presidencial. Ni una palabra frente a la denuncia de la asociación de la prensa extranjera acreditada en el Perú por el acoso y difamación del que eran víctimas, de manera sistemática, varios corresponsales. Tampoco algún comentario siquiera sobre el repudio de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre “los discursos de odio y la discriminación en todas sus facetas, inaceptables en cualquier sociedad democrática”, en alusión a los calificativos utilizados por el entorno de Fujimori contra Pedro Castillo y sus seguidores en razón de su etnicidad. 

Con estos antecedentes, difícilmente hubiera podido aconsejar a su candidata de no hacer el ridículo pidiéndole al presidente Sagasti que solicite una auditoría a la OEA sobre el proceso electoral. Es ingenuo pensar que Almagro desmentiría a su misión de observadores, quienes han alabado nuestro proceso electoral reiteradamente. Es vergonzoso avalar con el silencio a la misión que encabeza el presidente del Instituto Invertir Libertad, Daniel Córdova, cuando dice "no tenemos información para probar el fraude... pero hay presunción de fraude" o “no tengo pruebas, pero tampoco dudas” ¿Acaso no saben que la Ley orgánica de elecciones establece la presunción de la validez del voto y que este solo se destruye con pruebas que demuestren lo contrario? En el Perú está gestándose un movimiento de ultraderecha de consecuencias imprevisibles. ¿Es nuestro nobel cómplice e impulsor de ello?