Se cumplieron dos meses desde el primer diagnóstico de COVID-19 en Guatemala y dos meses desde que el presidente Giammattei calificó la enfermedad como gripona y nos mandó a relajarnos a la playa.

En este breve-intenso-interminable periodo nos han confinado; nos han dicho que todo está bien y superamos la crisis; nos han vuelto a confinar porque parece que no todo está tan bien; nos endulzan los oídos haciéndonos creer que tenemos el mejor intensivo de Centroamérica (Parque de la Industria), que finalmente resulta ser otro fiasco gubernamental-institucional: no hay médicos suficientes, ni equipos de protección, ni camas, ni medicamentos, ni alimentación digna, ni contratos para médicas, ni ¡¡¡salarios!!!.

En dos meses aprueban una ampliación presupuestaria multimillonaria que no cubre las necesidades básicas, pero que tampoco empieza a llegar, y cuando lo haga será -para variar- con criterios clientelares. En tan poco tiempo nos dicen acarreados, mal portados, apeñuscados, conflictivos, esperpentos (casi salimos a descalificación/insulto por semana).

Al final de los dos meses, con solo mil casos diagnosticados, en el inicio de la fase ascendente de la epidemia (si es cierto, como afirman los epidemiólogos, que un pico de contagios puede llegar en la semana dieciséis, es decir, a mediados de julio) hemos visto el colapso del sistema de salud, ya sin espacios para atención, y el colapso del sistema de mentiras, medias verdades y ocultamientos que se construye desde la maquinaria de propaganda gubernamental.

Sin control de la crisis 

El control de la crisis de la salud se perdió en poco tiempo (no existió) por tres razones principales, en mi opinión:

1. Falta de capacidad técnica y recursos del Ministerio de Salud.

2. Opacidad en el manejo de información y centralización de toma de decisiones en el Presidente, que impide la participación activa de otras instituciones y la sociedad.

3. Subordinación de la estrategia de contención de la enfermedad a los reclamos del empresariado organizado.

Además, en dos meses el gobierno pierde aceleradamente el control político. Mientras las decisiones tomadas favorecen y atienden demandas de empresariado organizado, diputados y alcaldes aliados, la sociedad ve que las ínfimas ayudas ofrecidas (por ejemplo, el bono familia de solo un mil quetzales) no llegan, y se restringen las posibilidades de trabajo.

Comercio popular, economía informal, trabajadores despedidos, pobladores de zonas urbanas periféricas, campesinas y campesinos resienten el doble rasero gubernamental (todo para los de arriba, nada para los de abajo) y la falta de priorización de sus necesidades.

Cuando más hacen falta instituciones creíbles, legitimadas, que enfrenten la crisis multidimensional construyendo consensos y grandes acuerdos, tenemos esto: funcionarios incapaces de ver más allá de sus intereses corporativos.

Lo preocupante es que, ante la pérdida de control político, el gobierno refuerce su proyecto autoritario, y quiera impedir la libre expresión de críticas y descontento, y la fiscalización de la labor de las instituciones del Estado.

La solidaridad supera el confinamiento 

En dos meses hemos aprendido también que la solidaridad puede más que la ineficiente y poco empática maquinaria gubernamental (las ollas comunitarias en varios municipios del país tienen capacidad de atender a miles de personas semanalmente); que la alimentación y quienes la proveen es un sector estratégico que no puede seguir siendo descuidado (al igual que las trabajadoras de salud); y que la fiscalización, la denuncia, la crítica argumentada (eventualmente apasionada) son fundamentales para sobrevivir, resistir y trascender este momento hacia mundos mejores (no es ilusión, es propuesta); que las comunidades empiezan a ejercer su administración propia (todavía de forma parcial y limitada) más apegada a las demandas de la gente.

Este puede ser un camino: autonomías territoriales, municipales y comunitarias, con decisiones: 

1. Basadas en información actualizada (no la interpretación cambiante y alocada que este gobierno hace de datos muy parciales).

2. Adoptadas democráticamente a partir de consultas con todos los sectores, especialmente los prioritarios para enfrentar la crisis (campesinado, salud, comunicación, servidores públicos, comerciantes, comedores e iniciativas solidarias, tortillerías...) y los más vulnerables en términos de necesidades y demandas: economía informal, mujeres responsables de su familia, trabajadores despedidos, personas sin hogar y otras.
3. Que tengan en cuenta de manera indivisible la dimensión sanitaria y social de la crisis. Es decir, enfrentar la propagación del virus sin condenar a miles de personas a enfermedades derivadas del hambre o directamente a la muerte.

En fin, en dos meses aprendimos (pero ya lo sabíamos, no es que la pandemia nos haga superinteligentes) que las sabidurías y las construcciones colectivas y populares son más certeras y eficaces que las decisiones tomadas al más alto nivel, aunque quienes las toman y comunican digan que son doctores.

Andrés Cabanas

15 de mayo de 2020

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