La pandemia por Covid-19 ha desencadenado una crisis multidimensional. En este contexto, el Estado es el único instrumento capaz de hacernos salir lo mejor librados posible de ambas.

De esto dan fe desde el ciudadano más humilde y necesitado hasta el empresario más acaudalado, quienes recurren a los entes públicos para subsistir y salir bien librados de la recesión. A la luz de la grave situación que se enfrenta, el papel del Estado es innegable e imprescindible. No obstante, el papel que este jugará dependerá de la norma, la institucionalidad y las políticas históricas que configuran su marco de posibilidad, así como de la correlación de fuerzas que predomina en el control de las instituciones y las políticas y de las capacidades de quienes dirigen sus organismos fundamentales.

En el caso de Guatemala, se carece de un sistema de salud pública con cobertura y calidad mínimas para contener la pandemia. Su profunda dependencia de las fuerzas, cadenas y normas del mercado le impiden supeditar el interés privado al público. A esto se suman los grupos de poder económico y las mafias de distinto tipo que controlan buena parte de su institucionalidad y que se apropian legal o ilegalmente de los enormes, pero al mismo tiempo escasos recursos con los que cuentan los programas de salud. Lo anterior se debe en buena medida a las políticas neoliberales que desmontaron las escasas capacidades públicas para atender las necesidades comunes y los problemas nacionales y que supeditaron la política pública al control del poder económico local y global.

En este marco, la salud pública devino en un deterioro profundo y, en buena medida, intencionado respecto a mantener la privatización dominante de buena parte de los servicios. Así las cosas, adolece de las capacidades y los recursos suficientes para paliar las necesidades por la emergencia sanitaria, lo cual se agrava cuando se observa la supeditación presupuestaria para atenderla y disminuir los impactos económicos que afectarán de forma vital a las grandes mayorías de una ciudadanía cada vez más disminuida en el goce de sus derechos.

Como parte de la actual problemática, las proyecciones indican que la economía podría decrecer en alrededor del -2 % en 2020. Esto se traduciría en una disminución aproximada del 20 % en las exportaciones, en el ingreso de remesas familiares y en la venta de servicios turísticos, así como en la pérdida de miles de empleos formales y por cuenta propia y en la desaparición de muchas pequeñas y medianas empresas.

La complejidad de la crisis vuelve imprescindible al Estado, en especial para tomar decisiones de política que disminuyan los impactos sanitarios, económicos y sociales. Esto implica garantizar el trabajo, el salario y el acceso a satisfactores esenciales (alimentos, agua potable, servicios públicos, medicamentos) que le permitan a la población vulnerable sobrevivir en las actuales condiciones. Esto pasa, como mínimo, por fortalecer y reformar la institucionalidad y las políticas públicas en función del interés común y, con mayor razón, para enfrentar la emergencia y la posemergencia.

En esa dirección, es recomendable un aumento sustancial del presupuesto para el sector salud e introducir modificaciones sustanciales a las políticas económicas, financieras, productivas, etc. Por ejemplo, dado que la inseguridad alimentaria se incrementa con la pandemia y sus impactos, resulta necesaria la orientación de recursos para estimular la producción de alimentos con prácticas alternativas como la agroecología, lo cual implica el apoyo decidido a la agricultura campesina, ya que esta es la que garantiza en buena medida el acceso a estos satisfactores y la que propende a mantener la biodiversidad. Pero en general sería esencial estimular el mercado interno procurando que los flujos presupuestarios estimulen la pequeña y mediana unidad productiva, lo cual impactaría positivamente en el empleo y en los ingresos de los sectores vulnerables.

En conclusión, es esencial repensar la eficiencia y eficacia del Estado, en especial por el desafío que representa la emergencia y la crisis multidimensional que desencadenó la pandemia. Esto pasa por resolver sus falencias normativas e institucionales y por reorientar sus políticas y resultados necesarios para enfrentar los impactos que empiezan a padecer quienes se han infectado con el coronavirus y quienes empiezan a requerir apoyo en alimentos, especialmente las personas ahora visibles en las calles de los centros urbanos.

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