Estamos en plena disputa electoral, en la cual se dilucidará si hay posibilidades de cambiar el rumbo del país por una vía democrática y de buen vivir o si, contrariamente, continuará la tendencia de deterioro económico, social y político ocasionado por la captura del Estado a manos de la oligarquía, de segmentos de burguesía emergentes y de grupos de crimen organizado.

Mientras las derechas se acusan entre ellas de ser de izquierda y hasta comunistas con el objetivo de desgastar a sus contrincantes potenciales y posicionarse lo mejor posible para las elecciones de junio de este año, las izquierdas competirán desarticuladas y hasta enfrentadas por contradicciones en buena medida secundarias y superficiales, pero convertidas en obstáculos que han impedido su alianza de cara a la competencia electoral.

La diferencia es que las derechas, en general, cuentan con la hegemonía a su favor y, en específico, con medios de difusión masiva, financiamiento y poder para lograr que la ciudadanía vote a su favor. En tanto, las izquierdas enfrentarán desventajas y condiciones sistémicas que actúan en su contra, carecen de los recursos para competir y recurren, además, a acciones fraudulentas como las campañas anticipadas.

Tal parece que la variada oferta electoral que se posiciona con mejores posibilidades para competir por la presidencia y la mayoría en el Congreso comparte toda ella una unidad ideológica y política de derecha, la cual, con sus diferencias de matiz, disputas y contradicciones secundarias, se expresa en la mayoría de partidos políticos que hoy buscan ubicarse lo mejor posible en la competencia. Del conjunto de los partidos de derecha, nueve están señalados de ilegalidades y varios son nuevos logos, pero viejos partidos, que en buena medida presentan propuestas recicladas, señaladas de corrupción y cada vez más conservadoras en sus discursos y políticas.

Esta oferta conservadora, según se logra divisar, propugnará por mantener y reproducir el actual modelo de acumulación de capital, caracterizado por la producción de materias primas y por su exportación basada en ventajas competitivas como el saqueo de los recursos públicos y nacionales (presupuestos públicos, fuentes de agua, minerales), la expansión del monocultivo y de su paquete tecnológico de agrotóxicos, los salarios de hambre, la negación de los derechos laborales, la captación de los flujos financieros producto de las remesas y el lavado de dinero, entre otras. Un modelo cuyo resultado histórico es la reproducción de la miseria, la desnutrición, la expulsión de la juventud, el desempleo, la violencia y la represión.

Al mismo tiempo, la mayoría de las fuerzas de derecha han hecho manifiesto su apoyo a las acciones y políticas emanadas del actual gobierno y ha actuado desde fuera y dentro del Congreso para evitar la más mínima reforma política en materia de justicia y de seguridad, como sucedió entre 2016 y 2017 con la propuesta de reformas constitucionales. Asimismo, han contribuido a impedir los procesos de investigación y enjuiciamiento contra empresarios, políticos y funcionarios de alto nivel, sobre quienes pesan pruebas de su posible participación en hechos reñidos con la ley. Contrariamente, han pretendido leyes que garanticen impunidad no solo a quienes han resultado involucrados en redes de crimen organizado, sino también a favor de aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad. Son fuerzas, además, proclives a la criminalización y judicialización de defensores de derechos humanos y de luchadores sociales y han estado involucradas en acciones de este tipo.

Por lo demás, estamos ya ante una competencia electoral en la cual la disputa política se desarrolla de manera encarnizada: transfuguismo, campañas negras, campañas anticipadas, denuncias, antejuicios y, muy probablemente, flujos de financiamiento ilegal por las grietas de la ley y por la falta de capacidad para auditar el desarrollo de las campañas. En el centro de esta disputa estará una suerte de agenda empresarial camuflada de interés público y nacional, mientras los problemas nacionales históricos y estructurales serán supeditados y ocultados.

En este contexto, las izquierdas —siendo elástico en concebirlas como tales—, representadas por los partidos Libre, Winaq, Convergencia, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), se disputarán un electorado que en la última elección de 2015 alcanzó el 10 % de los votantes. Así las cosas, sería deseable que al menos levantaran una campaña para tratar de raíz no solo la problemática nacional en general, sino también la problemática que enfrentan un conjunto de sujetos históricamente marginados por el régimen económico y político imperante. Sería deseable, además, que, en lugar de agredirse entre sí, aportaran a la gestación de un sujeto histórico de cambio.

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