En el curso de esta semana se realiza el lanzamiento del informe titulado La violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, en Planas ante comunidades campesinas, indígenas y de pobladores altamente afectados por la violencia paramilitar, Puerto Gaitán, Villavicencio y se prevé hacer su entrega y difusión en otras zonas de los departamentos de Meta y Vichada. Se trata del tercer informe de la Serie: “Informes sobre el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones”, a cargo de la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Es un nuevo logro en materia de memoria histórica y aportes al esclarecimiento del fenómeno paramilitar en las distintas regiones del país, en aplicación del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica, creado e implementado en cumplimiento de lo definido por la Ley 1424 de 2010.

Este informe cuenta con hallazgos valiosos, a partir de un amplio trabajo de toma de relatos en distintos lugares del país con personas oficialmente registradas como desmovilizadas de grupos paramilitares, quienes suscribieron el Acuerdo de Contribución a la Verdad, y para el caso de quienes hicieron parte de la agrupación paramilitar denominada Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (ACMV), pero popularmente conocida en la región como “el grupo de Carranza” o los “Carranceros”. Tales hallazgos se conjugan con los aportados, de forma simultánea, en aplicación de la Estrategia de Contribuciones Voluntarias, con los testimonios de las víctimas individuales y colectivas, de testigos, organizaciones sociales, pueblos indígenas, funcionarios o exfuncionarios y de otros diversos actores sociales e institucionales.

La elaboración del informe implicó una importante labor de campo en el territorio de la Altillanura de los departamentos de Meta y Vichada, que incluyó visitas con recorridos amplios y actividades diversas programadas durante los dos últimos años. Así mismo, el equipo responsable asumió la detallada consulta de fuentes sociales, institucionales y académicas, judiciales y no judiciales, de prensa y de medios virtuales, cuya información disponible hiciera referencia a la actuación del paramilitarismo en esta región y al conjunto de las temáticas abordadas en los distintos capítulos del informe.

Reiteramos que el propósito de este, y de los demás informes de la serie sobre las estructuras paramilitares que han actuado en distintas regiones de Colombia durante las décadas recientes, es entregar información y análisis con respecto a cada una de ellas sobre su surgimiento, conformación, estructura, contextos y formas de actuación, relaciones, apoyos y alianzas sostenidas, víctimas ocasionadas,  impactos en los territorios, al proceso de desmovilización, desarme y niveles de reintegración a la vida civil de sus integrantes y expresiones de continuidad de estructuras armadas y dinámicas ilegales. Este propósito, a su vez, se lleva a cabo con un enfoque que busca, de manera transversal, rescatar con prioridad las voces de las víctimas causadas y apoyar las diversas acciones de reconocimiento de su dignidad y derechos.

El informe hace referencia a la Altillanura de los Llanos Orientales como una región de vasta extensión, dispersión demográfica, baja presencia institucional y mínima integración con otras regiones del país; elementos que obraron como ventajas para la actuación de actores ilegales de diverso orden, incluidas las ACMV. Encuentra raíces de problemáticas sociales e institucionales en la conformación histórica del territorio, las cuales desembocan en un contexto de conflictividad política, social, étnica y armada. Estas raíces están asociadas con diversos factores. Entre ellos: El violento impacto que tuvieron las fases de colonización en las comunidades indígenas, ocasionándoles afectación a sus comunidades, territorios ancestrales, graves ataques y desplazamiento forzado. La llegada de campesinos colonos, que en gran medida eran víctimas de desplazamiento forzado de anteriores conflictos y de expresiones de violencia generalizada en zonas del Llano y en otras regiones. La concentración de la tierra en grandes hacendados, los cuales recurrieron a grupos de seguridad privada ante la demanda y la presión campesina por el acceso a la tierra y luego ante incursiones de la FARC en los años ochenta.

En tal contexto, las ACMV tienen su origen en grupos de seguridad privada de hacendados, que luego se articularon con estructuras paramilitares traídas de Puerto Boyacá y narcotraficantes, como Gonzalo Rodríguez Gacha, en los ochenta. Así mismo, Víctor Carranza trajo un grupo propio de seguridad de la zona esmeraldera del Occidente de Boyacá, a la vez que mantenía nexos y colaboración con las expresiones narco-paramilitares del Magdalena Medio. El resultado fue la configuración del grupo conocido desde esos años como Los Carranceros. Esta denominación aludía al hacendado y esmeraldero Víctor Carranza, en cuyas haciendas se organizó y se mantuvo el centro de referencia de la estructura armada que se configura como expresión paramilitar. El apoyo de Carranza se prolongó de tal forma que la misma denominación de Carranceros fue utilizada para referirse al grupo reconformado en los noventa con la denominación ACMV y ligado a la expansión paramilitar nacional de las AUC.

El informe establece con detalle la estructura adoptada, los hechos, circunstancias y actuaciones de diverso tipo de las ACMV, a partir del seguimiento de su trayectoria en términos de expansión territorial y los consiguientes relacionamientos e impactos producidos hacia la población, hacia diversos actores sociales, políticos, instituciones y territorios, entre 1990 y 2005, fecha en la cual se produce su desarme y desmovilización ante el Gobierno nacional. Los Carranceros realizaron asesinatos selectivos y desapariciones forzadas, tanto contra abigeos o grupos delincuenciales que atentaban contra las haciendas, como contra supuestos colaboradores de la guerrilla y líderes políticos y sociales de izquierda. Baldomero Linares, alias Guillermo Torres, fue su jefe o comandante operativo, reconocido por su relación cercana con Víctor Carranza, de forma que se dice, por distintas fuentes, que era su representante o intermediario para distintos efectos.

En 1993, el grupo se reconforma como ACMV, después de una reunión llevada a cabo en Puerto López, en la que políticos, militares y narcotraficantes de la Altillanura y provenientes de Puerto Boyacá y Chivor, decidieron conformar un grupo conjunto “de autodefensas”, realmente estructura paramilitar, que articulara sus intereses económicos y políticos. De esta manera, las ACMV empezaron a operar con mejor armamento, adoptaron de forma permanente el uso de uniformes e insignias, aumentaron los índices de reclutamiento e implementaron una organización más jerárquica de la estructura. A esto se sumó la llegada de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en 1996, que incursionaron en los Llanos Orientales con la intención de consolidar el proyecto paramilitar a nivel nacional, llamado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). A partir de allí, las ACMV realizaron acciones coordinadas con las ACCU, y otros grupos paramilitares de los Llanos Orientales, como las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) y el recién conformado Bloque Centauros (BC). Estas acciones conjuntas se iniciaron con la masacre de Mapiripán, y continuaron con otras masacres en áreas rurales de Puerto Gaitán y otros municipios, entre 1996 y 1999.

El análisis de lo ocurrido evidencia que los paramilitares no se caracterizaron ni redujeron su actuación a una forma de autodefensa, sino que desplegaron una estrategia de control territorial, incursión en nuevas zonas con acciones de violencia contra pobladores y determinados sectores sociales y poblacionales, dinámicas de articulación y alianza con diversos sectores, bajo un discurso contrainsurgente. La estructura paramilitar buscaba justificar el uso de violencia extrema contra civiles como su modo principal de actuación, como supuesta forma de combatir a la guerrilla. En contraste, se evidencia que de forma notoriamente menor las ACMV llegó a tener en algunas zonas esporádicas confrontaciones con la guerrilla, de forma que contaron en tal contexto con formas de apoyo de determinadas estructuras de la fuerza pública y de ciertas autoridades gubernamentales y estatales.

A pesar de tales circunstancias anunciaban su despliegue como campaña contra las FARC, de manera que realizaron de manera masiva formas de control social y de castigo a la población civil, a la vez que sostuvieron algunos enfrentamientos con los frentes 16 y 39 de esta guerrilla. En consecuencia, sus actuaciones se correspondieron ante todo con victimizaciones contra la población civil a través de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamiento forzado y violencia sexual, principalmente realizadas en zonas con presencia guerrillera. Este tipo de expansión cobró vigor los primeros años de la década del 2000, pues el auge de la economía cocalera en la región y el control de mayor volumen de territorio le reportó a las ACMV la entrada de importantes recursos provenientes del narcotráfico. Así mismo, la vinculación de Edgar René Acosta, alias 101, quien antes de vincularse al grupo se desempeñó como efectivo de la Policía Antinarcóticos, impulsó un sistema de financiación directamente articulado al narcotráfico.

En el año 2003, con motivo de disputas territoriales, de acceso a recursos del narcotráfico y al poder regional, se produce una guerra entre las estructuras paramilitares ACC y el BC. Se desataron asesinatos en Bogotá, Villavicencio, Yopal, Puerto López y Puerto Gaitán, y cruentos combates en zonas de Meta y Casanare. En este contexto, ambas estructuras incrementaron los reclutamientos forzados, las extorsiones y las enconadas disputas por territorios y recursos. Las ACMV participaron entonces en apoyo al BC, el cual finalmente derrotó a las ACC, gracias a la participación determinante del Ejército y al apoyo de otros grupos paramilitares trasladados de distintas regiones del país por las AUC. Con esta guerra, el Bloque Central Bolívar, de reconocida conjunción del paramilitarismo y el narcotráfico, introdujo la estructura Frente Vichada en este departamento, en zonas de actuación de las ACMV. Esta expansión exigió la transacción de un acuerdo entre estas dos estructuras.

Todos los repertorios de violencia utilizados por las ACMV afectaron gravemente a la población civil. De una parte, bajo presupuestos de contrainsurgencia, fueron atacados sistemáticamente sectores de izquierda –en especial militantes de la Unión Patriótica-, líderes de organizaciones sociales y habitantes de zonas con influencia de la guerrilla; así mismo, pobladores y activistas políticos y sociales fueron estigmatizados como supuestos colaboradores de las FARC. De otra parte, sufrieron ataques sistemáticos personas señaladas como responsables de robos, del consumo o distribución de narcóticos por fuera de las redes controladas por el grupo, o por transgredir su control y pretendido orden social, con énfasis en quienes se resistían abiertamente a sus imposiciones, y con sesgo de discriminación hacia las mujeres, la población LGTBI, trabajadoras sexuales, personas jóvenes y menores de edad, así como poblaciones indígenas.

Las ACMV reclutaron con ofrecimientos económicos a pobladores en condiciones de pobreza extrema, sometieron integrantes de bandas delincuenciales, incorporaron personas procedentes de otros grupos paramilitares y anteriores integrantes de la fuerza pública y de la guerrilla. Aplicaron el reclutamiento forzado contra recolectores de hoja de coca, mujeres, jóvenes y personas menores de edad. El régimen interno fue al extremo autoritario. Significó el uso del terror y el adiestramiento, no solo en técnicas y tácticas militares, sino ante todo en métodos de barbarie y sevicia para aplicar contra personas que fueran consideradas como posibles enemigos. El accionar del grupo, bajo el discurso de combatir la guerrilla, implicó el estigma y el ataque permanente hacia ciertos sectores de la población.

Simultáneamente a su actuación violenta, las ACMV impusieron en los lugares de presencia permanente un orden basado en la coerción. Determinaron la vida pública y privada de las poblaciones, y condicionaron sus comportamientos, la movilidad y las actividades económicas y sociales. Recurrieron, así mismo, a acciones de búsqueda de legitimación con la provisión de algunos servicios, la participación en obras de infraestructura y en actividades comunitarias, festivas y deportivas.

La información proporcionada por los Acuerdos de Contribución a la Verdad suscritos por exparamilitares desmovilizados y por otras fuentes, señalaron indicios sobre relaciones sostenidas por las ACMV con distintos actores y formas de financiación e incursión económica ilegal y legal. También hicieron referencia a las relaciones de esta estructura paramilitar con integrantes de la fuerza pública, enmarcadas en la permisividad y en formas de coordinación en la actuación. Así mismo, los hallazgos implican relaciones activas de las ACMV con funcionarios de la institucionalidad local y regional, del ámbito estatal y gubernamental, con líderes políticos reconocidos, algunos de ellos en desempeño de cargos públicos. Factores que permiten explicar la impunidad de la violencia que las ACMV ejercieron en contra de la población civil de la Altillanura. Paralelo a esto, también fue posible reconocer que los pobladores y las víctimas lograron ejercer algunas formas de resistencia, protección y negociación ante la actuación paramilitar.

Los hallazgos sobre el proceso de desmovilización y desarme señalan varias irregularidades relacionadas con vinculación de personas no pertenecientes al grupo para registrarlas como desmovilizadas, desvinculaciones irregulares de niños, niñas y adolescentes, ocultamiento de información a las instituciones y mantenimiento de efectivos y armamento para los grupos armados ilegales posteriores. Esto último, previendo la situación que se configuró de prolongación de estructuras tipo mixturas narco-paramilitares y aliados en disputa violenta, con reconfiguración de poderes y relaciones en distintas zonas entre las redes de narcotráfico, redes de otras economías ilegales y agrupaciones armadas ilegales diversas heredadas del anterior paramilitarismo.

Para el logro de este informe fue determinante la colaboración prestada por distintas personas, organizaciones e instituciones en la región. Por ello, el CNMH-DAV expresa especial agradecimiento a las comunidades de las veredas de Tillavá y Planas del municipio de Puerto Gaitán, por recibirnos y contarnos sus experiencias. Sus aportes permitieron dar voz a quienes sufrieron la violencia paramilitar en la Altillanura. Así mismo, a la comunidad del resguardo Wacoyo, del municipio de Puerto Gaitán, y al cabildo Gobernador y capitanes del resguardo Saracure Río Cada, que nos permitió acercarnos y visibilizar las afectaciones sufridas por las comunidades indígenas Sikuani y Piapoco.

Manifestamos, también, especial agradecimiento a Martha Currea y la comunidad montfortiana de Puerto Gaitán, en especial a los sacerdotes Fernando Guevara, Manuel Mora, Ernesto Vivas, Alberto Rozo y Omar García, por su apoyo para establecer lazos con las comunidades afectadas por la violencia en Tillavá y Planas y por su plena disposición para el ejercicio de memoria histórica. Así mismo, agradecemos a Eugenio Guerrero, quien con amabilidad nos compartió la historia del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta y sus reflexiones sobre la violencia paramilitar en esta región. Reconocemos la colaboración de las entidades estatales como la Defensoría del Pueblo, especialmente Wilson Chavarro, la Unidad de Restitución de Tierras y la Fiscalía General de la Nación. Así mismo, a Laura Calle y a la Fundación Etnollano, especialmente a Francisco Ortiz, quienes nos brindaron elementos para entender las afectaciones culturales de las comunidades indígenas de Meta y Vichada. Y reconocimiento a la OIM y USAID, por su apoyo a ejercicios de talleres en la Altillanura de Meta y Vichada y la toma de contribuciones voluntarias en distintos lugares.

Con relación al equipo responsable del informe me correspondió ser su coordinación general. Mauricio Barón participó como coordinador metodológico. Diana Patricia Castellanos coordinadora del equipo de investigación y relatora. Liliam Alicia Arenas y Sol Natalia Rivera, fueron analistas. Laura Bibiana Escobar, Manuel Guillermo Criales, Luis Fernando Ramírez y Rodrigo Torrejano fueron asistentes de investigación. Adriana Marcela Serrano, Oscar Humberto Pedraza, Nicolás Peña, Jairo Sánchez y Gustavo Narváez, entregaron colaboraciones especializadas decisivas. Constanza Montenegro y Felipe Andrés Rodríguez realizaron las principales entrevistas. Igualmente,  participaron otras personas profesionales en labores de transcripción, en labores de edición, logísticas y administrativas que hicieron posibles el informe. A todas ellas, especial reconocimiento. De tal manera, con una labor muy integrada e intensa de equipo, conseguimos este nuevo resultado, a entregar a las víctimas y la sociedad, para que sea material de referencia en aras de facilitar el ejercicio del derecho a la verdad, del derecho a saber y de la memoria histórica comprometida con el esclarecimiento de lo sucedido.

Álvaro Villarraga Sarmiento

Director de Acuerdos de la Verdad, Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)

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