No es acuerdo si excluye demandas medulares de la población, como la cancelación de los proyectos hidroeléctricos. No construye paz, al negociarse en condiciones de militarización y persecución de dirigentes comunitarios. No es desarrollo, porque legitima proyectos cuya finalidad principal es la generación de beneficios, aún a costa del deterioro del medio ambiente y la división social. 

El Acuerdo para la Paz y el Desarrollo en San Mateo Ixtatán, negociado y rubricado entre empresa, 23 representantes comunitarios, Alcalde, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y mediadores de la Iglesia Católica, es presentado como un modelo de negociación y consenso "público, privado y comunitario", un parteaguas hacia la reducción de la conflictividad que generan los megaproyectos.

En la práctica, el Acuerdo -y el esquema seguido para alcanzar el mismo- se construyó bajo criterios de unilateralidad, monólogo e imposición. Por estas razones fundamentales:

1. Exclusión de la consulta previa

El Acuerdo ignoró la consulta comunitaria realizada el 21 de mayo de 2009 en el municipio de San Mateo Ixtatán. En esta consulta, 25 mil 646 personas rechazaron proyectos extractivos. Asimismo, desconoció la obligatoriedad de realizar consulta, antes del inicio de cualquier proyecto de desarrollo empresarial o estatal. La consulta a posteriori, cuando el proyecto ya está en marcha, o un Acuerdo que no es consulta pero quiera pasar por tal, elimina la libre determinación de las comunidades. Así, los promotores del dialogo en Ixtatán priorizaron el derecho de inversión sobre la decisión comunitaria. 

2. Diálogo con alcances limitados

El Acuerdo partió de dos sofismas, que condicionaron su alcance:

1. La hidroeléctrica trae desarrollo, por lo que el diálogo se redujo a generar condiciones para la permanencia de la empresa. 

2. El problema no es la hidroeléctrica, sino la falta de la presencia del Estado, por lo que no se consideraron las denuncias de destrucción ambiental y de los ciclos de vida, y la afectación de la convivencia comunitaria, desde la llegada de los proyectos a la región. 

La mesa de diálogo no tuvo en cuenta las responsabilidades compartidas de empresa y Estado, y por tanto no consideró la cancelación del proyecto y la negociación de las condiciones de retirada de la empresa.

La inobservancia de las (malas) prácticas empresariales (entre otras, la certeza jurídica acerca la tenencia de la tierra, la ausencia de aprobación de los estudios de cambio del uso del suelo, el tráfico de influencias, ACOGUATE), derivó en la autoexclusión de representantes comunitarios.

(Acoguate. Microregión de Ixquisis, un escenario de violaciones de derechos humanos. https://acoguate.org/tag/ixquisis/  ).

3. La pistola que apunta a la sien

Desde el inicio de los proyectos hidroeléctricos, se incrementó la presencia militar y policial. Según investigación de ACOGUATE, desde el año 2014 la subestación No. 43-73 de la Policía Nacional Civil (PNC) y el destacamento militar “Ixquisis Frontera”, están instalados en el terreno privado de la empresa, con la justificación de restaurar la orden y la paz después de una quema de maquinarias ocurrido en mayo de 2014. Se han reactivado redes de Patrullas de Autodefensa Civil, junto a la presencia de la seguridad de la empresa. 

Durante estos años, se han producido asesinatos de opositores, como el caso de Sebastián Juan Alonso, ocurrido el 17 de enero de 2017, sin que la responsabilidad haya sido deducida. El pasado mes de octubre se detectó la presencia de más de 300 efectivos militares y policiales, actuando a favor de los intereses de la empresa. En 2017, el Colectivo Resistencia Pacífica, integrado por más de 12 comunidades, reportó 75 ataques: acoso, violación sexual, tiroteos, asesinato y difamación, según información recogida por Paula Irene del Cid Vargas en el artículo Solidaridad con el territorio y el pueblo de Ixquisis. 

https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/10/20/solidaridad-con-el-pueblo-y-el-territorio-de-ixquisis/.

El tiempo del diálogo estuvo acompañado de campañas de criminalización, en la que los dirigentes opositores fueron calificados de radicales, promotores de la conflictividad, extorsionadores, violentos. Un diálogo bajo este esquema equivale a decir: si te sentás con nosotros y firmás lo que te proponemos, está bien. Si no, estás fuera de la ley y te podés ir preso.   

Acuerdos en el vacío

En la práctica el diálogo se realizó para responder a esta pregunta: ¿qué hacemos para lograr que la empresa se quede?

Las comunidades opuestas al proyecto quieren dialogar y llegar a acuerdos sobre otros puntos: ¿A quién beneficia la hidroeléctrica? ¿Qué aporta y qué destruye? ¿A partir de qué otros medios podemos obtener energía? ¿Cómo conseguimos que el Estado cumpla su función constitucional de garantizar el bien común, sin condicionarlo a la presencia de proyectos extractivos? ¿Qué es desarrollo para la empresa y qué para las comunidades?

Cualquier acuerdo que no investigue las violaciones de derechos humanos, los asesinatos, la criminalización, las formas en que la empresa y las instituciones estatales negociaron el otorgamiento de permisos y licencia; cualquier diálogo sin una agenda amplia que incluya la exploración de alternativas a la presencia de las empresas en los territorios; cualquier decisión sin consulta previa con toda la población, cae en el vacío.

El Acuerdo para la paz y el desarrollo en San Mateo Ixtatán es bueno para la empresa y los actores de poder que dialogan con sí mismos.  Pero carece de legitimidad comunitaria y, por tanto, de viabilidad.  

25 de noviembre de 2018

www.memorialguatemala.blogspot.com

www.pensamientosguatemala.org