Más allá del desastre de los últimos gobiernos, ha quedado al desnudo un Estado incapaz de garantizar el bien común. ¿Qué explica esto?

Investigaciones históricas y recientes, incluidas aquellas de carácter criminal, han demostrado cómo el Estado guatemalteco es controlado por un conjunto de elites cuya extracción principal corresponde a la clase social dominante. Aun con sus contradicciones y pugnas internas que emergen en momentos electorales y de disputa por los negocios en, con y desde el aparato estatal, dicha clase social –como expresión ínfima y supeditada al capital global y al poder imperial que nos corresponde geopolíticamente– ha tenido la capacidad para configurar los cimientos y el curso económico, ideológico y político del Estado.

La gestión continua del Estado la realiza a través de sus estructuras para-empresariales, como el CACIF como su principal partido político, cámaras empresariales, fundaciones y medios de difusión masiva, de representaciones permanentes en organismos del Estado y   operadores políticos en partidos, medios de comunicación y organismos estatales como la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y el gobierno nacional. Un ejemplo de lo anterior es el control que mantienen sobre el sistema de partidos políticos, a través de diversos mecanismos legales (ser dueños de partidos y/o financiarlos legalmente) e ilegales (como el financiamiento electoral ilícito), ideológicos (siendo que la mayoría abrazan las ideas dominantes, entre estas aquellas proclives al interés de la clase dominante) y económicos a través de jugosas comisiones por la aprobación de leyes, políticas y obras concesionadas.

Son estos los ámbitos, mecanismos y dispositivos con los cuales mantienen la orientación fundamental en el aparato de Estado. Esto significa que la institucionalidad, leyes y políticas les garanticen niveles de acumulación de capital sostenidos, a través de instituir bajos salarios, impuestos mínimos, aranceles favorables; mantenimiento de políticas monetarias, cambiarias y crediticias convenientes; apertura y facilitación de nuevas fuentes de riqueza, tales como: concesiones mineras y uso de fuentes de agua sin mayor costo, la concesión de obras y servicios públicos; solo para citar algunos ejemplos.

Esto explica el ordenamiento principal de las fuerzas que hacen parte del bloque en el poder, “fuera” y “dentro” del aparato de Estado. Un bloque en el poder que también articula otros intereses complementarios. Por ejemplo, los intentos por legislar a favor de reducir penas o suspender procesos judiciales contra empresarios y operadores políticos y militares del régimen, a favor del transfuguismo partidario, etc. Esto y más, supeditando las demandas de justicia, democracia e inclusión social que beneficien a segmentos mayoritarios como el campesinado, las comunidades rurales, los trabajadores de la ciudad, la juventud.

De esta manera la clase dominante ha construido un Estado que privilegia sus intereses económicos, excluye lo social, captura la política y se opone a todo cambio que signifique un ápice de democratización. Es decir, un Estado alejado completamente del bien común, impugnado históricamente y con crisis recurrentes.

No obstante la incapacidad y la política conservadora de la gestión gubernamental, el carácter del Estado guatemalteco explica hechos recientes como 1) el asesinato de 41 niñas del hogar seguro, quienes por su situación de vulnerabilidad debían ser protegidas, pero, por el contrario, las condiciones de la institucionalidad estatal fueron la condición para que ocurriera dicho crimen; 2) la incapacidad institucional, burocrática y presupuestaria para evacuar a tiempo las comunidades afectadas por la erupción del volcán de Fuego; 3) el asesinato de luchadores sociales y de defensores de derechos humanos cuyos antecedentes inmediatos son los discursos de odio de los presidentes de la República y del Congreso, la inacción oficiosa de los organismos de seguridad e investigación criminal, la política de criminalización de la protesta social y la permisividad respecto a la existencia de aparatos de represión desde los ámbitos empresarial y propiamente estatal, y 4) el mantenimiento de un pacto de corruptos que opera en el Congreso de la República y que actúa para legislar a favor de la impunidad en materia de crímenes de lesa humanidad, corrupción y criminalidad política.

Siendo estos los signos de un Estado al desnudo, un cambio de gobierno no resuelve el problema fundamental. La solución principal se encuentra en la transformación profunda del Estado guatemalteco.

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