El 20 de mayo se llevaron a cabo elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela, ganadas por fuerzas aliadas que propusieron a Nicolás Maduro para un nuevo período de seis años. Su resultado dilucidó en parte la correlación de fuerzas, en un marco de asedio para impedirlas.

De veinticuatro elecciones desde que Hugo Chávez ganó la presidencia en 1998, el movimiento bolivariano ha ganado veintidós incluidas dos realizadas en 2017, una para gobernadores y otra para la Asamblea Nacional Constituyente. Todas ellas han sido tildadas por los opositores como de fraudulentas, aun cuando el sistema electoral venezolano ha sido catalogado como el mejor del mundo por personajes como Jimmy Carter y catalogadas como transparentes por el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (integrado por ex presidentes de órganos electorales), el cual ha confirmado que «El sistema electoral que se utiliza en [Venezuela] garantiza tanto el escrutinio como la totalización».

Estas elecciones ocurren en el marco de una correlación de fuerzas interna que favorecía con antelación la candidatura de Nicolás Maduro. Esto se constató en las movilizaciones sociales masivas, en las encuestas realizadas por empresas respetables, así como en el apoyo al proceso de diez partidos políticos y de movimientos sociales diversos. Además de las fuerzas armadas, apuestas opuestas al golpe de Estado promovido por la oposición. Estos y otros signos políticos hacían prever un triunfo contundente de la candidatura oficial, ante una oposición incapaz, dividida y en buena medida dependiente de las directrices de la embajada estadounidense.

La contienda electoral constituyó un episodio más de la disputa política entre dos proyectos contrapuestos: a) Por un lado, el proyecto denominado bolivariano y revolucionario, que ha promovido políticas de nacionalización de los recursos estratégicos, de soberanía frente a poderes financieros, económicos y políticos globales y regionales y de distribución de la riqueza socialmente producida como nunca antes; b) Por otra parte, el proyecto de la clase dominante venezolana, que, bajo la tutela de Estados Unidos y con el control sobre el sistema político anterior, aplicó políticas neoliberales y de saqueo de los recursos públicos para su propio beneficio y del capital transnacional. A este segundo polo político se fueron sumando las oligarquías latinoamericanas, gobiernos de derecha y bloques como la Unión Europea, que han visto en el proyecto revolucionario un peligro para sus intereses.

Así las cosas, las elecciones se llevaron a cabo bajo asedio. Ha sido explícita la estrategia de Estados Unidos con la implementación de un bloqueo económico y financiero, la promoción de intentonas de golpe de Estado, la amenaza de una intervención militar, la articulación y activación del injerencista Grupo de Lima, todo lo cual ha quedado revelado en los planes del Comando Sur, divulgados este año con el nombre Golpe Maestro. Esta estrategia avanza con nuevas sanciones impuestas un día después de las elecciones, las cuales inmovilizan recursos del Estado venezolano para sus transacciones internacionales, incluidas compras de alimentos y de medicamentos.

Internamente, el asedio consistió en el desabastecimiento de alimentos y de medicamentos fraguado por quienes todavía controlan la su producción y distribución, una inflación galopante que se explica en la política de especulación en el precio del dólar (dirigida desde la página dolartoday.com) y atentados contra el sistema eléctrico nacional. La embestida también incluyó el intento de formar un grupo paramilitar, rápidamente derrotado en enero de este año, así como el sabotaje del diálogo impulsado por Maduro entre 2017 y 2018, mediado por el presidente de República Dominicana.

En lo electoral, las fuerzas opositoras internas y externas habían pedido elecciones presidenciales anticipadas. No obstante, cuando fueron convocadas, inmediatamente las rechazaron, decretaron su carácter fraudulento y declararon que serían desconocidas por la «comunidad internacional». Al no poder impedir su convocatoria y la participación de una parte importante de la oposición, las fuerzas de extrema derecha levantaron una campaña por la abstención. Estados Unidos, la Unión Europea, gobiernos de derecha y las oligarquías latinoamericanas entonaron la misma nota de rechazo y deslegitimación, todo lo cual fue difundido por una matriz mediática hegemónica articulada por corporaciones comunicacionales globales y replicada por medios locales.

El asedio al Gobierno y al proceso electoral provocó una grave crisis que afecta esencialmente al pueblo venezolano. No obstante, este fue a las urnas y alcanzó un respetable 47.32 % de participación. Asimismo, ratificó su apoyo mayoritario al proceso encabezado por Nicolás Maduro. Esto se expresa en el 67.84 % de los votos a favor de Maduro, 46.91 puntos por encima de Henri Falcón, uno de los tres candidatos opositores, apoyado por cuatro partidos de derecha.

El asedio económico, político y mediático al proceso electoral fue vencido. Sin embargo, la agresión contra Venezuela continúa.

www.plazapublica.com.gt