Lo que Velásquez Nimatuj no nos dice en su pieza titulada «El triste y patético actuar de Jimmy Morales durante 2017» (https://is.gd/drZgN0), por demás fuerte y muy justa, es que detrás del «triste y patético actuar de Jimmy Morales» en 2017, un simulacro «performativo» de estupidez grotesca pero premeditada, es exactamente lo que ha necesitado la guerra de posiciones en la coyuntura presente: detrás de todo esto se ha consolidado el proyecto de la restauración conservadora y neoliberal.

En lugar de haber perdido su inmunidad y haber sido puesto en juicio por el caso de financiamiento electoral ilícito durante el proceso electoral 2015, cuando Morales fungió como Secretario General de FCN-Nación hasta su inauguración como presidente enero 2016, el payaso sigue en el poder. Y todo lo de la expulsión del Comisionado Iván Velásquez, más allá del simulacro de la «soberanía nacional» o de la «aplicación selectiva de la ley», obedeció más bien a contradicciones dentro de las elites en el poder y ha servido como un factor distractor absolutamente importante en la guerra de posiciones. Los colectivos urbanos, incluso movimientos indígenas ancestrales y movimientos sociales mayoritarios, han caído en el consenso dominante de demandarlo todo a favor del Comisionado y sentirse así escuchados cuando falló su expulsión. ¡El truco funcionó! Se ganó tiempo consolidando el proyecto de las elites.

En lugar de haber logrado la renuncia de los/as 107 en el Congreso (o, qué jodidos, por lo menos de los 4 Idiotas), por haber intentado reformas el Código Penal, y de ese modo anular todo lo hecho por la Cicig hasta el presente, al paso de legalizar un centenar y medio de crímenes conexos, allí siguen, gritando y amenazando a la ciudadanía. El llamado «Pacto de Corruptos», en el fondo, ha funcionado.

En lugar de haber desmantelado las redes de mafias y corruptos a quienes todo mundo les pone atención, el caso Caja de Pandora no ha avanzado y Arzú sigue de señor feudal en el «Palacio» municipal que él maneja como si fuera su propia Corporación Multi Inversiones o su propio Ingenio Pantaleón.

A pesar de haber ligado a proceso a 28 gentes vinculadas al «Caso Corrupción y Construcción», Alejandro Sinibaldi Aparicio, excandidato presidencial y extitular del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (MICIVI), durante el gobierno del Partido Patriota, no solo sigue libre sino que ya está planeando su retorno a la política en 2018, sea personalmente o por medio de partidos de cartón y liderazgos corruptos.

Lo que Jimmy Morales ha hecho, por ejemplo reconocer a Jerusalem como capital de Israel, no solo obedece a su fundamentalismo religioso y el consejo de profetas y apóstoles falsos en Guatemala, sino que también obedece a la total dependencia de Guatemala con respecto de EE.UU. y la necesidad de mantener en marcha el financiamiento del Plan Alianza para la Prosperidad. También tiene que ver con lograr algo con DACA y los migrantes chapines en Guatemala: mucho depende de las remesas, incluso el apoyo electoral.

Sobre todo, en el trasfondo de todo esto, sigue adelante la criminal economía del extractivismo globalizado, más inmoral y más perversa que toda la corrupción y captura del Estado ampliado que han hecho algunos grupos dominantes y las camarillas de políticos, académicos y abogados que trabajan para ellos/as. Solo basta leer las estadísticas de desigualdad incluso como las presentó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su informe luego de su visita a Guatemala:

Las estadísticas reflejan esta dura realidad: alrededor del 60% de la población guatemalteca vive en la pobreza absoluta, el 23% en la pobreza extrema; el 46.5% de las niñas y niños menores de cinco años padece desnutrición crónica, afectando no solo su salud física sino también sus oportunidades de vida; más del 20% de la población no sabe leer ni escribir, y entre las mujeres indígenas esta cifra asciende al 43%. El Estado solo asigna el 3.15% de su PIB al sector de la salud, en un país donde las enfermedades crónicas van en aumento, incluidas las infecciones por VIH, que han incrementado un 167% desde 2010.

En tanto que crece la pobreza extrema, también ocurre lo que Thomas Piketty llama «el regreso de capital en un régimen de bajo crecimiento», es decir, crece la riqueza extrema: hoy solamente «260 guatemaltecos acumulan US$30 mil millones, que equivale al 56 por ciento de la economía anual del país» (https://nomada.gt/?p=6110). Estamos ante un caso perverso de acumulación y acaparación de riqueza producto del crecimiento de la pobreza y la extrema pobreza.

La clase política dominante y las elites detrás de ellas lograron también, en 2017, detener TODAS LAS REFORMAS demandadas por la ciudadanía desde 2015, incluso las más diluidas («sector justicia» y reforma electoral), ya no digamos algunas de las más sustanciales (derecho indígena).

Y, la victoria más significativa para el proceso restaurador, es la incapacidad de los movimientos sociales mayoritarios de articular un partido de la Refundación incluso sobre la base de las ya muy avanzadas propuestas refundacionales que han elaborado y socializado de modo amplio y participativo. Es más, ni las «autoridades ancestrales» reconocen en su vocabulario la idea de la Refundación aunque sí reconocen – un logro hegemonizante del consenso dominante – todo el trabajo que ha hecho la Cicig; ni los colectivos urbanos logran avanzar sustancialmente en su reconocimiento del papel protagónico que deben jugar los movimientos sociales mayoritarios como encarnación genuina de una universalidad alternativa porque viene de los más explotado, lo más excluido y lo más oprimido del país. Todo lo contrario, esos colectivos urbanos siguen creyendo que son ellos los mediadores reales de la indignidad y la transparencia. Y eso  es una victoria real para el proyecto restaurador, para el cacifismo, que ha logrado mantener, reproducir y en algunos casos ampliar la brecha entre la Refundación y el transformismo extremo-centrista.

2017 fue, pues, un año de victorias para Morales, sus camarillas legislativas y judiciales, para el cacifismo y, porque explotan bien el discurso de la corrupción, los derechos humanos y la noción pnudista del «Estado de derecho» con «desarrollo sostenible», también para el emergente proyecto del extremo centrismo.

Pero nada de esto se puede ver, entender, examinar críticamente y ofrecer como insumo para desplegar prácticas contra-hegemónicas rupturistas, a no ser que profundicemos en la teoría y en la práctica.

Marco Fonseca es Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos por parte de la York University. Actualmente es instructor en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University. Su libro más reciente se titula «Gramsci’s Critique of Civil Society. Towards a New Concept of Hegemony» (https://goo.gl/Oeh4dG).