Indígenas, durante la entrega del bastón de mando espiritual al Presidente Lenin Moreno realizada el 25 de mayo en el sitio arqueológico de Cochasquí

En el análisis político, particularmente en la comunicación política, se ha vuelto costumbre el tomar los primeros 100 días de un gobierno de régimen presidencialista como una indicador que permitiría proyectar el estilo que va a tomar un determinado mandatario. Esta costumbre, muy utilizada en el periodismo norteamericano, tiene precisamente su origen en los primeros 100 días de gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt en 1932.

El antecedente inmediato a su elección es el 29 de octubre de 1929, conocido popularmente como el “Gran Crac 29”, mote con el que se le califica a la dramática caída de la bolsa de valores de New York y que simbólicamente quedó registrada en la memoria del pueblo norteamericano con la grotesca imagen de algunos inversores del mercado bursátil lanzándose desde los rascacielos de New York hacia el pavimento.

Pero el “crac 29” solo era el antesala de lo que se venía, “la gran depresión”. De forma consecutiva a la explosión de la burbuja especulativa vino la iliquidez y posterior quiebre masivo de bancos, pandemia que se extendió virulentamente a los sectores industrial, comercial incluso al agrícola.

Con los obreros y trabajadores de las clases medias despedidos y los farmers despojados de sus granjas, se tenía cerca de 13 millones de desempleados en las calles. La crisis se evidenciaba en varios impactos sociales, la lumpenización de un buen segmento de la población, la proliferación de arrabales, la masificación de “los sin techo”; tasas como la del suicidio, la mendicidad y el alcoholismo por ejemplo se dispararon rotundamente.

En medio de esta verdadera pesadilla para toda la población norteamericana y en especial para el establishment; se avecinaba las elecciones presidenciales del ´32 en las que se enfrentaba por el partido republicano el ingeniero minero Herbert Clark Hoover, quien era el presidente norteamericano en funciones (desde 1929 hasta 1933), frente al abogado y gobernador del Estado de New York, Franklin Delano Roosevelt, quien postulaba en representación al partido demócrata.

Una ventaja con la que contaba Roosevelt fue que desde 1920 hasta 1932 el partido republicano había gobernado el país, y lógicamente ante la opinión pública aparecían como los grandes responsables de la crisis. Sin embargo, el demócrata sabía que si es que quería ocupar la oficina oval debía pasar de la crítica a la propuesta.

La campaña se centró en la crisis, Hoover por su parte acuso a Roosevelt de ser un radical con tintes socialistas que buscaba incrementar los impuestos para otorgar subsidios a los “vagos” y marginales. En el caso del candidato demócrata usó una estrategia distinta; si bien en un inicio se centró en denunciar la inoperatividad del gobierno republicano frente a la crisis, posteriormente combinó su personalidad atractiva con un discurso de intervención estatal anti crisis, que criticaba considerablemente a las fórmulas tradicionales del modelo económico liberal, todo ello a través de varios medios radiales que le abrieron sus puertas.

Una vez que Roosevelt llega a la Casa Blanca, con la victoria de un 57.2% frente al 39.7% de Hoover, puso en marcha un plan de acción al que lo denominó New Deal, o “el nuevo trato”, (en alusión a su discurso de Chicago en el que mencionó la necesidad de un nuevo pacto que debía asumir toda la sociedad norteamericana para enfrentar la crisis). El New Deal consistió inicialmente en un conjunto de distintas políticas y medidas que tenían por objeto enfrentar los embates de la Gran Depresión. La urgencia generada por la gran Depresión y la premura de cumplir las promesas de campaña llevaron Roosevelt a plantearse que en los primeros 100 días de su mandato podía ejecutar la reconstrucción económica del país, (entre el 9 de marzo y 16 de junio de 1933).

Los pilares del programa de reconstrucción se asentaban en las tres erres: Relief, Recovery and Reform, (Asistencia social, Recuperación de la crisis y Reforma al modelo económico). Y abarcó la aprobación de más o menos 15 leyes que tenían incidencia en el sistema bancario y monetario (Entre ellas contaban la Ley de Emergencia Bancaria que tenía por objeto el estabilizar el sistema bancario y fortalecer el capital financiero a través de la regulación estatal del Departamento del Tesoro a los bancos; Ley Glass-Steagall, que regulaba las actividades de los bancos en lo concerniente a la inversión-especulación ; la regulación del mercado bursátil; Ley de Tarifas Recíprocas, que consistía en renegociar acuerdos bilaterales de libre comercio con los principales países socios); Ley de ajuste agrícola, Ley de Rescate Industrial Nacional, reformas de lucha contra el desempleo y de asistencia social (por mencionar algunas acciones la Enmienda 21 de la Constitución en el que se pone fin a la “Prohibición” de fabricación, venta y consumo de alcohol a fin de que se genere fuentes de empleo).

En el ámbito social estaban la Ley del Seguro Social, que contemplaba un sistema universal de pensiones jubilares, seguro de desempleo y ampliación en el sistema de atención; regulación laboral como fue el declarar como ilegal al trabajo infantil, igualmente el establecimiento de un salario mínimo y el establecimiento la jornada laboral de ocho horas así como un tope máximo de horas por semana; el establecimiento de la Agencia Works Progress Administration que tenía como finalidad gestionar plazas de trabajo a los ocho millones de desempleados en diferentes obras públicas como la construcción de carreteras, puentes, etc.

En definitiva, los primeros 100 días del gobierno de Roosevelt y su famoso New Deal significaron más que una carrera frenética por enfrentar la gran depresión, una importante oportunidad para construir su imagen de acción y voluntariedad política; así mismo, le permitió acumular capital político, lo que se reflejó en las tres posteriores reelecciones consecutivas. De esta manera, se podría afirmar que el nuevo trato encarnó más que en un plan político anticrisis, un plan de construcción de legitimidad, dado los resultados históricos (si se considera por ejemplo que la crisis norteamericana recién se superó al terminar la segunda guerra mundial).

A partir de ese momento, los 100 días de un gobierno se establecieron como una suerte de barómetro que permite tanto a la sociedad- líderes de opinión como a los analistas políticos medir “al ojo”, la capacidad de gestión de determinado gobierno.

Trasladándonos al “aquí y ahora”, el pasado 2 de abril de 2017, en elecciones generales celebradas en Ecuador para elegir Presidente y Vicepresidente, se impuso tras un apretado balotaje el representante del movimiento oficialista (quien anteriormente fue el vicepresidente electo del gobierno de Rafael Correa en sus dos primeras elecciones presidenciales) Lenín Moreno Garcés, con el 51.15% (5.060 424 votos) frente a su contendor, el representante de la burguesía financiera bancaria, Guillermo Lasso quien obtuvo el 48.85% para el movimiento CREO (4 833 828 votos).

Sobre este resultado, varios líderes de opinión tratan de posicionar la idea de “la división de la sociedad ecuatoriana” y la “ilegitimidad del presidente electo” (argumento nada nuevo en la política mundial). Al respecto me permito mencionar dos comentarios; por una parte la división de la sociedades es estructural, anterior al gobierno de Rafael Correa, está condicionada objetivamente por las diferencias de clase, y subjetivamente por sus conciencias (por clases me refiero a todos los distintos grupos, extractos y capas que conforman una sociedad). Este enfrentamiento, a riesgo de sonar como un cansón carcamán, se ha dado desde tiempos inmemoriales, la “lucha” por imponer su proyecto de clases es anterior a la supuesta situación impuesta por el gobierno de Correa y su década ganada.

Con certeza la gran inconformidad de las capas medias y altas urbanas, quienes a través de varios plantones y marchas manifestaron su rechazo al gobierno, guarda mayor relación con la crisis de hegemonía política de Alianza País que con la supuesta división sembrada ideológicamente por el régimen. Dos ideas básicas: Las inconformidades nacen de necesidades no escuchadas ni atendidas; y la otra, la línea del gobierno saliente consistió en la imposición de su política sin negociaciones ni canales de diálogo, lo que generó que las correas de transmisión se atrofien y que muchos sectores generen un sentido “práctico” de anti-correa, consecuencia de ello, el bloqueo parcial de la participación de la sociedad civil en la política.

Sobre la afirmación de la supuesta ilegitimidad del presidente electo producto de un apretado resultado; esta responde a la intención de generar un sentido común (o práctico) en la población de una sensación de trampa o estafa para quienes no eligieron al ganador. La democracia liberal cuenta entre sus principales principios el reconocimiento del ganador, en este tipo de contiendas,   al de la mayoría más uno; guste o no, esta es una de las reglas que ha regido el juego democrático burgués en todo occidente y sus periferias, por lo que resulta “ilegítimo” afirmar que quien gana con un mínimo diferencia es ilegítimo. Lo que sí se puede afirmar con toda certeza es que todo gobierno, sea que gane con una mínima o con una rotunda diferencia, tiene desde el primer día el deber de construir legitimidad.

La construcción de legitimidad puede tener varios caminos, uno de ellos por ejemplo es el clientelismo, para el cual hace falta tener un Estado con muchos recursos económicos y la voluntad de derrochar; otro ejemplo de esa construcción es el utilizar los aparatos ideológicos con la finalidad de crear sujetos sujetados y bien alimentados de mitos, discursos, mundos maravillosos y propaganda. A la larga estos caminos son insostenibles, pues las voluntades y conciencias de los sujeto terminan por desapegarse de estos trucos ilusorios y su efecto termina en varias ocasiones en el rechazo más acérrimo

Sin embargo existe otro camino de construcción de legitimidad que guarda relación con la encarnación de la “voluntad colectiva”; una nueva construcción de “una reforma moral e intelectual” (en términos gramscianos) que provenga desde los saberes de las clases populares, en articulación con sectores intelectuales y las diferentes capas de la sociedad; un proyecto que tengan por finalidad romper con los papeles predefinidos de la pobreza, la opresión y la exclusión, en la que todos los seres humanos tengan garantizados sus derechos y en la que la participación popular sea protagónica.

El presidente Moreno ha dado señales importantes de apertura al diálogo, su discurso de posesión presidencial quiso marcar un “cambio de estilo”; del discurso de un confrontador “académico”, se pasó al discurso coloquial; del padre estricto al abuelo comprensivo. En él ha señalado que brindará solución a varios puntos que estaban en el ojo del huracán: acceso a  la educación superior, incremento de fuentes de empleo, mejorar  la atención prioritaria, lucha contra el femicidio, activar el motor productivo con la construcción de viviendas, minga agropecuaria (aunque con perfil agro exportador), mantener los proyectos de cambio de matriz productiva, potenciar al turismo, diálogo con sectores involucrados, sostener la dolarización, atención a pequeños productores, impulsar regionalmente la protección a la Amazonía, protección a emigrantes, no habrá enlace semanal, lucha contra la corrupción y la publicación de la lista de la empresa Odebrecht, y, finalmente garantizar la libertad de expresión.

El nuevo presidente está consciente de que es necesario la apertura al diálogo y marcar “un cambio” por lo que comunicacionalmente ha iniciado a dar señales de esa apertura; por ejemplo el cambio de gabinete (en su mayoría son nuevos rostros que guardan menor relación con el ala burguesa de Alianza País), la supresión de varios ministerios innecesarios y un camino trazado hacia la austeridad; los 10 primeros decretos firmados por Moreno son simbólicamente una señal de apertura al respeto de las libertades individuales.

En todo caso, el camino que deberá recorrer Moreno en estos 100 días, tiene que estar apegado a un cambio real y no al gatopardismo de “cambiar todo sin cambiar nada”. Si bien existen retos fundamentales en lo económico, en lo social y político, el derrotero debe marcarse por la voluntad colectiva y el bien común, la agenda popular es fundamental. Se deberá superar la política que privilegia la dimensión comunicativa (ojo sin abandonarla) y pasar a la verdadera política del debate y la construcción.

David Valarezo Bravo

Abogado, politólogo Universidad Central del Ecuador, maestrante en la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador; periodista comunitario.

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