Desde el comienzo, y aún antes, la huelga de los trabajadores de Minera Escondida contaba con el rechazo de los grandes medios de comunicación e incluso del gobierno, que sostienen que la huelga afectaría en un 1% el Imacec y el crecimiento económico en general. Tanto los medios de comunicación, como el gobierno y los gremios mineros, dejaban entender sibilinamente que la culpa de la huelga y sus consecuencias la tenían los trabajadores de La Escondida, con sus reivindicaciones desmedidas para el estado actual de la minería del cobre y de la economía del país.

Esta estrategia es tan descarada que, según lo reportado por diversos medios, Minera Escondida habría pretextado “fuerza mayor” por la interrupción de sus envíos, una cláusula contractual utilizada cuando un proveedor no puede cumplir con sus obligaciones debido a circunstancias que quedan fuera de su control.

Es evidente que en este caso la fuerza mayor no existe: la huelga no es una circunstancia fuera del control de la empresa. Por el contrario, la huelga es una acción deliberada de BHP Billiton y el Consejo Minero, contra los trabajadores de Escondida y contra los trabajadores de la minería en general. Una maniobra en gestación desde hace meses, cuando Nelson Pizarro lanzó su descarado “no hay un puto peso”.

Es una acción mancomunada con el Consejo Minero, para advertirles a los trabajadores de la minería del cobre en particular (incluido Codelco) y de la minería en general, que deben medirse en sus reivindicaciones debido a la crisis, la caída del precio del cobre, China, Trump, etc.

Llegó la hora, dicen las transnacionales mineras, en que los trabajadores del cobre deben apretarse el cinturón. Que sea Minera Escondida, la mina más importante, la que quiebre la huelga, es primordial para lo que viene en Codelco y el resto de las mineras. Si los trabajadores de Escondida son derrotados, será más fácil derrotar a los trabajadores de empresas más pequeñas, y para frenar a los sindicatos de contratistas de toda la minería.

El Sindicato N° 1 de Minera Escondida y los trabajadores de la empresa están luchando no solo por sus propias reivindicaciones, sino por los trabajadores de toda la minería, por todos los trabajadores del país.

Hasta el año 2004, el único "beneficio" que tuvo Chile con la minería extranjera, es el nivel de remuneraciones y beneficios de los trabajadores de la minería, un poco superiores al resto de los trabajadores del país. Único “beneficio” porque hasta el 2004 las mineras extranjeras no pagaron impuesto a la renta en Chile, salvo –precisamente– Minera Escondida.

El resto de la actividad minera no pagó un peso de impuestos, y declaró pérdidas acumuladas tan importantes, que anularon completamente los pocos impuestos que había pagado Escondida.

Esto quiere decir que hasta el año 2004 el Estado chileno no recibió un solo peso de la minería extranjera, que hasta ese momento había sacado de Chile unos 30 millones de toneladas de cobre, lo que equivale a 170 mil millones de dólares sin considerar subproductos como el molibdeno, el oro, la plata, y otros.

¿Por qué no pagaron impuestos? Porque practicaron la evasión tributaria, es decir al fraude, declarando pérdidas. La “ineficiente” Codelco declaraba cuantiosas ganancias, pero las mineras privadas, “mucho más eficientes”, declaraban pérdidas para no pagar impuestos.

En la historia de Chile no ha existido nada más nefasto que la inversión extranjera en la minería, que regresó al país a partir de 1990. Ha sido un verdadero saqueo de nuestros recursos. Solo la corrupción puede explicar que los sucesivos gobiernos hayan permitido el saqueo, y legislado expresamente para permitirlo. SQM es solo la punta del iceberg de esa corrupción.

A partir de los años 2006–2007, la casi totalidad de las mineras extranjeras comenzó a declarar utilidades y a pagar impuesto a la renta y royalty. No obstante, el 2015, cinco de las diez mayores mineras volvieron a declarar pérdidas y no pagaron impuesto a la renta. El año 2016, la casi totalidad declaró pérdidas y, según Sonami, el conjunto de mineras privadas habría pagado solo 18 millones de dólares en impuesto a la renta. Un despojo inaudito e increíble de la principal riqueza chilena.

Con el único “beneficio” –las “buenas” remuneraciones– quieren terminar ahora BHP Billiton, el Consejo Minero y Codelco. Ese es el objetivo de la huelga creada artificialmente por Minera Escondida. Sin embargo, la empresa, los medios y el gobierno culpan de la huelga a los trabajadores.

El saqueo en la minería tiene una connotación especial en el caso de Minera Escondida: no solo nos roban con la evasión tributaria, sino que se apropiaron ilegítimamente de este yacimiento.

La historia oficial dice que el yacimiento La Escondida fue descubierto por el geólogo David Lowell a fines de 1976, por encargo de Utah Corporation de EEUU, y que más tarde se asociarían para formar el Proyecto Atacama. La realidad es muy diferente. Según apuntes personales de Radomiro Tomic, el yacimiento fue descubierto por el geólogo de Anaconda Enzo Ranzetti, que trabajó para esta empresa desde 1960 hasta su nacionalización en 1971. Anaconda declaró La Escondida en 1961, año en que se mensuraron las pertenencias. Las patentes mineras fueron pagadas hasta 1971.

Con la nacionalización, todos los derechos mineros fueron inscritos a nombre del Estado por el solo mérito de la Ley. La Corporación del Cobre era el ente del Estado que tenía la propiedad de las 5 empresas nacionalizadas. Las patentes mineras del yacimiento Escondida fueron pagadas por Codelco solo hasta mediado el año 1975. El no pago de las patentes de amparo significó que dicho yacimiento quedara franco o sin dueño, para que las escogidas personas que conocían de estas circunstancias reclamasen su propiedad pagando las patentes. Todo esto se realizó en el más absoluto secreto y entre gallos y medianoche. Para comprender lo absurdo de este robo, hay que ubicarse en el contexto histórico de la época.

El golpe de Estado

No es una novedad que una de las principales causas del golpe de Estado fue la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre. Tanto las empresas estadounidenses nacionalizadas, como los chicago-boys que hacían parte del gobierno militar, aspiraban a que las empresas nacionalizadas volvieran a sus antiguos dueños. Desde 1974 implementaron un proyecto privatizador. El primer paso fue la promulgación, en diciembre de 1974, del DL 600 para facilitar la inversión extranjera.

El proyecto privatizador de la minería fue discutido el 15 de julio de 1975 por la Junta Militar, en sesión secreta, acta 214-A, sesión a la que asistieron Sergio Cauas, ministro de hacienda, Raúl Sáez, ministro de coordinación económica y desarrollo, Sergio de Castro, ministro de economía, así como varios asesores de la Junta y directivos de Codelco. Quien inició la sesión fue el vicepresidente adjunto de Codelco, Fernando Leniz, quien hasta semanas antes había sido Ministro de Hacienda.

Con gran entusiasmo Leniz explicó cómo las empresas nacionalizadas serían convertidas en sociedades anónimas bajo el control del Instituto Nacional del Cobre. Para dorar la píldora, una parte de las acciones serían vendidas a los propios trabajadores de esas empresas. Al mismo tiempo, sin embargo, el proyecto preveía el despido de miles de trabajadores y profesionales. Se propendería a la creación de un sector de gran minería privada, incentivando la inversión extranjera gracias al DL 600.

Luego tomó la palabra Raúl Sáez, yendo en el mismo sentido privatizador con pequeñas diferencias técnicas. Laura Novoa, fiscal de Codelco, también era una ardiente partidaria de privatizar, así como el Sergio Cauas. Al terminar su exposición el Sr. Cuas, habló el Almirante Merino, y esto es lo que dijo.

"En el texto del proyecto en debate se permite la venta de acciones a particulares, con lo cual de hecho, estaríamos rompiendo lo que es el texto de la Constitución y, más que nada, la imagen que está latente en Chile, desde cuando fue aprobada por el Congreso Pleno la nacionalización de la gran minería del cobre. Y que el cobre es el sueldo de Chile es una realidad que no podemos desconocer. Sin embargo, aquí, por una simple ley, nosotros estaríamos derogando lo que las Cámaras aprobaron y que el país vivió como un verdadero triunfo. A mi juicio, políticamente eso es malo. Tal como lo entiendo, en este momento, con el proyecto en debate, se da la opción para lo que es nacional pase a ser privado.” Más adelante el Almirante Merino dijo en la misma sesión: “Nosotros mantenemos la situación actual. Y si en el futuro es necesario, para aumentar la producción, etc., aportar capital que el Estado no tiene y es necesario privatizar o vender a terceros, se hace, pero no lo hacemos nosotros.”

Todo quedó muy claro. En el futuro se podría hacer la privatización, pero no la haría la Junta Militar. El General Leigh se manifestó oponiendose a cualquier cambio en la Constitución que permitiera la privatización de las empresas nacionalizadas.

Todos los civiles –autoridades y asesores– que participaron en esas sesiones, cual más cual menos, fueron favorables a la privatización, con la única excepción de Mónica Madariaga, asesora legal de la Presidencia de la República, que se opuso a cualquier cambio en la Constitución para permitir la privatización.

Quedó claro que los civiles de la dictadura eran fervientes partidarios de la privatización, y eran mayoría en el gobierno.

En la sesión 216-A, celebrada 5 días después, el 22 de julio de 1975, (todas estas actas se pueden bajar de internet) el tono de los partidarios de la privatización había cambiado. Se dieron cuenta que la Junta Militar no aceptaría privatizar las empresas nacionalizadas, y propusieron que por lo menos los yacimientos nacionalizados pero no explotados, como El Abra, se abrieran a la inversión extranjera. La Junta tampoco lo aceptó. El Abra fue privatizada solo en 1994 por la Concertación y la derecha unidas.

En la sesión 217-A, efectuada el 24 de julio de 1975, el General Pinochet llevó la voz cantante contra la privatización. El resultado lo conocemos: El 03 de septiembre de 1975 se promulgó el DL 1.167, titulado “Consolida la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre”. Ese Decreto prohibió constitucionalmente la venta de los yacimientos mineros nacionalizados que estaban en explotación, disposición que quedó vigente en la Constitución de 1980.

Más tarde, el 30 de enero de 1976, se promulgó el DL 1350 que integró las 5 empresas nacionalizadas en la Corporación Nacional del Cobre de Chile, CODELCO-CHILE. Posteriormente se dictó el DL 1.530, que destinó el 10% de las ventas de Codelco a la compra del armamento de las Fuerzas Armadas. A partir de ese momento, nunca más nadie intentó privatizar Codelco, hasta 1994, cuando se conoció el “affaire” Dávila.

Ya se dijo, casi todos los civiles que participaron en las sesiones de la Junta eran partidarios de la privatización, y eran mayoritarios en el gobierno militar. Al enterarse que no les permitirían privatizar ni siquiera los yacimientos nacionalizados sin explotar, procedieron de manera diferente y más sutil en el caso de La Escondida. En el secreto más completo dejaron de pagar las patentes mineras del yacimiento, para que las empresas extranjeras se apoderan de él. Es posible que lo hicieran a espaldas de la Junta Militar.

El hecho es que entre 1975 y 1976, el más importante yacimiento de cobre de Chile y del mundo, La Escondida, propiedad del Estado, pasó a manos extranjeras entre gallos y medianoche. Así como en 1979, también entre gallos y medianoche, el yacimiento Los Pelambres, que era de Enami, pasó a manos de Anaconda, la empresa estadounidense que, hasta 1971, había sido propietaria de La Escondida. Estos robos parecen un guion de película.

Es necesario conocer estas informaciones para comprender cuáles son las fuerzas que quieren derrotar a los valerosos trabajadores de La Escondida, que deberían tener el apoyo de todos los patriotas que aún quedan en este país.

Julián Alcayaga – Abogado – Economista

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