El pasado 14 de julio de 2016, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció su decisión de impulsar una consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie sobre la prohibición para que dignatarios o funcionarios públicos tengan bienes o capitales en paraísos fiscales.  El presidente Correa argumentó que los paraísos fiscales “se constituyen en uno de los peores enemigos de nuestras democracias” lo cual “no solo genera corrupción, sino que también ahonda la desigualdad y las diferencias sociales”.

Como se ha revelado en los denominados “Papeles de Panamá”, los bienes y capitales que se mantienen en paraísos fiscales permiten ocultar la identidad de los verdaderos titulares de las cuentas y las operaciones que se realizan.  Estos mecanismos son utilizados, sobre todo, para evadir el pago de impuestos o para opacar el origen de las riquezas.

La lucha en contra de los paraísos fiscales ha sido una constante en el gobierno de la Revolución Ciudadana; contamos ahora con un sistema transparente de gestión pública, la aprobación de nuevas leyes y la creación de instancias de transparencia y control social que actúan a nivel nacional.  Esta consulta es una nueva iniciativa del gobierno que se inscribe en el marco de la propuesta del Presidente Correa de impulsar un Pacto Ético, para que las personas elegidas por sufragio universal y los servidores públicos cumplan con altos estándares éticos.

Ciertos sectores de la oposición política, secundados por algunos medios de comunicación, ya han manifestado estar en contra de la propuesta, argumentando que con “su plata” pueden hacer lo que quieran, lo cual no solo muestra su falta de compromiso con el país, sino también la doble moral de algunos de ellos que aspiran a ser líderes del país.

Si los ecuatorianos y ecuatorianas votan a favor de la medida en la consulta que sería convocada conjuntamente con las elecciones generales de febrero próximo, la Asamblea Nacional, en el plazo de un año luego de la proclamación de los resultados, reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario de la ciudadanía.  En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución.

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Pregunta formulada para la consulta popular: ¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?

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Ecuador y los paraísos fiscales

En el caso de Ecuador, 3.379 millones de dólares han salido a paraísos fiscales solamente en los años 2014 y 2015.  Esta es una cifra similar al monto requerido para la reconstrucción de las provincias de la costa ecuatoriana afectadas por el terremoto de 7.8 grados del pasado 16 de abril.

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (SRI), de los 200 mayores grupos económicos existentes, 94 consorcios tienen vinculaciones con paraísos fiscales.  Esta lista incluye bancos y empresas que mantienen actividades comerciales.

Actualmente, y con el fin de realizar una investigación profunda sobre los paraísos fiscales, a partir de la divulgación de documentos de Mossack Fonseca, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional se encuentra analizando el movimiento de divisas de las principales empresas de grupos económicos.

Pero lo más alarmante es que las élites han sacado del país 30 mil millones de dólares a paraísos fiscales.  Imaginemos por un momento cuántos empleos se pudieron haber generado si este dinero sin rostro y sin nombre no estuviese escondido en las cajas fuertes de una banca offshore que lubrica la economía mundial y enriquece a élites globales.  ¿Cuántas escuelas y hospitales se pudieron haber construido si los dueños de este capital hubiesen pagado sus impuestos?

Ecuador lleva su propuesta al ámbito mundial

Si bien a nivel doméstico Ecuador impulsa la consulta popular, a nivel internacional el país lidera importantes y novedosas iniciativas de justicia fiscal.  Para llevarlas a cabo, es necesario que el debate sobre los paraísos fiscales se realice en todos los foros posibles.

Es importante recordar que el presidente Correa fue el único jefe de Estado en participar en la campaña internacional de la organización Oxfam para erradicar los paraísos fiscales[1].  En la carta dirigida a líderes mundiales, firmada por 300 economistas en mayo de este año, se exigen nuevos acuerdos internacionales sobre temas como la elaboración de reportes país, de acceso público, inclusive en el caso de paraísos fiscales.  Se argumenta que “aunque la evasión y elusión fiscal perjudican a todos los países, en proporción, los países pobres que cada año pierden cerca de 170.000 millones de dólares en ingresos fiscales como consecuencia de estas prácticas, son los más perjudicados”[2].  En el caso de América Latina y el Caribe, 32 millones de personas saldrían de la pobreza si los capitales de las élites latinoamericanas escondidos en paraísos fiscales pagarían el correspondiente impuesto a la renta, según destacó Oxfam.

En la 32ª Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, argumenté que los paraísos fiscales son una aberración económica que impide el desarrollo, y por ende la garantía de los derechos, e insistí sobre la necesidad de crear un instrumento para erradicarlos.

Resulta vital, en este sentido, sensibilizar a la comunidad internacional sobre la importancia de esta lucha para el desarrollo de nuestros pueblos y alcanzar alianzas estratégicas para fortalecer nuestra propuesta a nivel internacional.  No obstante, los resultados no se han hecho esperar.  En el pasado mes de junio, el Comité de Descolonización de Naciones Unidas incorporó una propuesta de Ecuador, en la que insta a las potencias coloniales “a que no emprendan ningún tipo de actividades ilícitas, nocivas e improductivas, incluida la utilización de los territorios no autónomos como paraísos fiscales”.

Por otro lado, en septiembre de este año, el gobierno propondrá a la Asamblea General de la ONU que se incluya en agenda el debate sobre este tema, así como una propuesta internacional que prohíba los paraísos fiscales.  Ecuador lanzará una campaña internacional para dar a conocer sus propuestas y sensibilizar a la opinión mundial sobre el daño que provocan los paraísos fiscales.

Súmate al Pacto Ético

Nuestro país mantiene un compromiso irrestricto para garantizar la transparencia en todos los estamentos de la sociedad.  Continuaremos con nuestra campaña global para poner fin a los paraísos fiscales e invitamos a todos los Estados de la comunidad internacional a unirse al #PactoEticoYa, demostrando su verdadero compromiso con la ética y la transparencia; actuando sobre las jurisdicciones con prácticas fiscales, y a renovar su compromiso por un mundo justo y solidario.

- Guillaume Long, actual Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, es historiador, con PhD en Relaciones Internacionales de la Universidad de Londres.  En el gobierno actual ha sido Ministro de Cultura y Patrimonio y Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano.

Artículo publicado en la edición de agosto 2016 (No. 516) de la revista América Latina en Movimiento titulado “El laberinto de la evasión fiscal”: coedición ALAI-Latindadd.  http://www.alainet.org/es/revistas/516