Hace unos pocos días se dio a conocer la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en la que la población salvadoreña evalúa el segundo año de Gobierno de Salvador Sánchez Cerén. Centramos nuestra atención en los resultados que se muestran en las tablas, donde se pide que las personas expresen su acuerdo o desacuerdo respecto a lo que el Gobierno debería hacer en áreas fundamentales de la vida política, social y económica del país. Recogemos, especialmente, aquellas puntuaciones donde encontramos una clara disparidad entre los que están de acuerdo (más del 90%) con lo formulado en las sentencias, y los que las adversan. Estos porcentajes indican el amplio asentimiento que tienen algunas demandas entre la ciudadanía, ante las cuales el Gobierno debe saber responder. Enlistamos y valoramos los enunciados, siguiendo el criterio de la mayor aprobación.

El Gobierno debería enfrentar la delincuencia no solo con el uso de la fuerza sino con una política de prevención de la violencia. La mayoría, un 90.5 por ciento, está de acuerdo con la afirmación, mientras que un 7.9 por ciento está en desacuerdo. Esta opinión que favorece lo preventivo sobre punitivo, es compartida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un informe sobre Violencia, niñez y crimen organizado, expresa preocupación por las respuestas de los Estados basadas en el control coercitivo y la represión punitiva. Se critica el hecho de que las políticas de ese tipo buscan mostrar resultados a corto plazo, pero no logran abordar adecuadamente las causas de la violencia ni se enfocan lo suficiente en la prevención o en programas de inversión social y promoción de derechos. El principio guía que se propone es que la disminución de la pobreza, la desigualdad y la discriminación, aumenta la integración social y contribuye a disminuir las tensiones, la inseguridad y la violencia.

El Gobierno debería apoyar la investigación de redes de crimen organizado y corrupción que funcionan en el país. Están de acuerdo, 96.3 por ciento, frente a un 2.7 que está en desacuerdo. La exigencia que lleva implícita esta afirmación, busca corregir uno de los principales errores que se le atribuye a la política criminal de los últimos años, esto es, hacer pasar las políticas de mano dura como un modo de combatir no solo a las pandillas, sino también la criminalidad no convencional. Se habla de una confusión interesada que termina encubriendo la falta de persecución de las verdaderas modalidades del crimen organizado, es decir, el narcotráfico, el contrabando de mercancía, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, la corrupción, la defraudación fiscal y el lavado de dinero, entre otras. Distinguir la naturaleza, mecanismos y vínculos del crimen convencional y no convencional, es una condición necesaria para su combate.

El Gobierno debería apoyar la creación de una comisión internacional que investigue casos graves de corrupción y crimen organizado en el país. El 96.9 por ciento de los encuestados están de acuerdo con esta aseveración, frente a un 3.1 por ciento que manifiestan su desacuerdo. Por la contundencia de los resultados, puede inferirse que la ciudadanía es cada vez menos tolerante a la corrupción, más consciente de la necesidad de combatirla y de castigar ejemplarmente a los funcionarios corruptos. En el contexto de esta afirmación, se encuentran, entre otros, los casos del expresidente Francisco Flores y los millones de Taiwán; del expresidente Mauricio Funes por supuesto enriquecimiento ilícito y uso de fondos públicos para favorecer a sus amigos; del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes y las compras de lotes al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada a precio preferencial; del exfiscal General de la República, Luis Martínez, quien solicitó o aceptó favores de Enrique Rais, al tiempo que tenía varios casos en los juzgados en los que el Ministerio Público pidió el sobreseimiento definitivo para favorecer al empresario; del exministro de Defensa, José Atilio Benítez, quien presuntamente estuvo involucrado en el tráfico ilegal de armas de fuego, cuando fue ministro y viceministro de Defensa durante el gobierno del presidente Funes. Ahora bien, para que estos casos no terminen solo en la difusión mediática, se requieren investigaciones serias, líderes políticos cero tolerantes a la corrupción, leyes anticorrupción que efectivamente se apliquen y alta participación ciudadana.

El Gobierno y la empresa privada deberían pagar el salario mínimo de $300 dólares tanto en el campo como en la ciudad. Esta afirmación cuenta con la anuencia del 93.7 por ciento, frente a un 4.9 por ciento que está en desacuerdo. Como se sabe, uno de los principales problemas que tiene el país, en materia económica, es que los modelos de desarrollo implementados, no han sido capaces de ofrecer suficientes trabajos decentes, es decir, trabajos con remuneración justa, protección social, condiciones de seguridad, posibilidades de desarrollo personal, reconocimiento social e igualdad en el trato para mujeres y hombres. El resultado es grave: el mercado laboral no permite a la mayoría de personas desarrollar sus capacidades, desplegar su potencial y procurarse los medios para alcanzar el bienestar. Revertir esta realidad supone la aplicación de políticas salariales que asuman que el salario mínimo debería garantizar un nivel de vida digno a los trabajadores de un país, región o sector de actividad económica y también el nivel de salario debajo del cual sería socialmente inaceptable contratar mano de obra. El mensaje para el Gobierno en este plano, es que la mejor política social debe ser la generación de trabajo decente.

Ojalá que la opinión mayoritaria reflejada en esta encuesta, pueda mover al poder político a que trate unos temas y no otros, o para que dé prioridad a unos temas frente a otros.

- Carlos Ayala Ramírez es director de radio YSUCA, El Salvador.