La liberación de siete presos políticos de Huehuetenango, el pasado 22 de julio, representa un triunfo de la dignidad, la fortaleza y las convicciones colectivas y comunitarias: frente a proyectos y modelos económicos explotadores de la naturaleza y las personas, y frente a un Estado que prioriza el derecho a la ganancia, al costo que sea, sobre el derecho a la vida.

La liberación es también un triunfo de la solidaridad y las luchas conjuntas: centenares de colectivos y organizaciones (miles de personas en Guatemala y otros países) se involucraron en la exigencia de libertad a través de movilizaciones, cabildeo a nivel nacional e internacional, luchas jurídicas, comunicados, escritos, apoyo económico, apoyo en salud, y muchos otros, desde la primera detención colectiva de dirigentes, el 2 de mayo de 2012. En este ámbito es necesario señalar la fortaleza de familias, esposas y compañeras de vida de cada uno de los presos (incluidos los previamente liberados) que, al creer en la humanidad y la vida, al exigir el ejercicio de la justicia y la garantía de derechos, marcan una ruta de valentía y esperanza.

Estos principios y formas de acción colectiva logran interrumpir (todavía no revertir) la ofensiva estratégica de las empresas y el Estado de Guatemala sobre el norte de Huehuetenango, ofensiva que tuvo el carácter de final, en cuanto se planteó desarticular la organización a través de la captura de los dirigentes: Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Arturo Pablo, Mynor López, Ermitaño López, Rigoberto Juárez y Domingo Baltasar, liberados el 22 de julio de 2016; Rogelio Velásquez y Saúl Méndez, liberados en enero de 2016; Rubén Herrera, liberado en mayo de 2013; Diego Juan Sebastián, Ventura Juan, Amado Pedro Miguel, Pedro Núñez, Joel Gaspar Mateo, Andrés León Andrés, liberados en enero de 2013; Marcos Mateo Miguel, Esteban Bernabé y Pascual de Pascual, liberados en septiembre (el primero) y noviembre de 2012.

Construir un nuevo contexto

Si bien los presos políticos del norte de Huehuetenango están libres, las amenazas continúan vigentes: órdenes de captura existentes contra otros dirigentes, especialmente en Barillas, San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia; persistencia en el sistema de justicia de la concepción de derecho penal del enemigo; consideración de la oposición social y comunitaria como enemiga (seguridad interna); invisibilización de los pueblos indígenas y sus demandas. La reducción del Estado a instrumento de coerción y represión con la anulación del régimen de derechos (de hecho o legal: durante el Estado de Sitio de mayo de 2012), es un rasgo omnipresente, prácticamente identitario, en la organización política y social, que condiciona la organización comunitaria.

La sentencia de absolución dictada por un Tribunal de Mayor Riesgo, que legitima "los derechos de los pueblos originarios", debe superar estas visiones para abrir un nuevo contexto político en el norte de Huehuetenango. En este contexto posible se anotan varios retos:

·profundizar el debate sobre los derechos colectivos y de los pueblos frente a un modelo económico y político impuesto sin consulta, contra la voluntad y la cosmovisión de los habitantes;

·hacer real el derecho de libre determinación y las propuestas de autonomía, a partir de formas comunitarias y asamblearias de toma de decisión;

·revisar la institucionalidad estatal y el sistema de justicia, para que cumplan el papel que, hoy, no desempeñan: ser garantes del bien común y los derechos de todos, y no un "instrumento de poder y dominación", como reconoce la sentencia del Tribunal;

· fortalecer movilizaciones y articulaciones solidarias, como apuesta frente a la atomización promovida desde el Estado y las empresas y a la cultura de imposición que impregna luchas y movimientos.

El actual Estado, construido para perseguir, criminalizar y encarcelar a dirigentes comunitarios, para priorizar el derecho corporativo sobre los derechos colectivos, para operativizar un modelo de acumulación de naturaleza violenta, tiene que ser transformado de raíz.

25 de julio de 2016

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