El blanqueo no borra delitos cometidos. No transforma en lícito los fondos que tienen un origen ilícito. No convierte en bien habido al dinero obtenido mediante lo que genéricamente conocemos como corrupción. No legaliza las maniobras irregulares a través de prestanombres, ni disminuye la responsabilidad de los que valiéndose de mecanismos castigados por el código penal se hicieron de dineros oscuros. Mucho menos hace desaparecer esa responsabilidad.

Por ello es llamativo que sea este el momento elegido para lanzar la moratoria, en medio del festival de sociedades off shore intencionalmente ocultadas, con movimientos de fondos puestos al descubierto por una realidad negada por los propios protagonistas, todos ellos funcionarios o ex funcionarios públicos, sus parientes, amigos y socios, con el presidente como principal involucrado. O empresarios vinculados al Estado a través de la obra pública o la prestación de algún servicio, cuando no directamente relacionado con algún alto funcionario de turno. Es más, se lo intenta hacer con tanta amplitud que, según ha trascendido, posibilitará que puedan adherirse incluso, hasta los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, sus cónyuges o parientes.

Mientras en el mundo los países están generando mecanismo para profundizar la investigación por el escándalo internacional provocado por los Panama Papers, en nuestro país tratan de blanquear, tapar lo que ya no puede ocultarse por la sucesión de información que va saliendo a la luz, pese al empeño de ocultarlo desde el mismo estado.

Como sucede en no pocas oportunidades, la pantalla es un objetivo noble. En este caso los jubilados. El mismo argumento que años atrás se utilizó para privatizar YPF.

Debe respetarse a las autoridades democráticamente elegidas en cuanto al derecho que les asiste para decidir sobre la oportunidad y conveniencia de una política determinada. Ahora bien, el blanqueo impositivo no debe ser otra cosa que la posibilidad de regularizar fondos que fueron ganados lícitamente y por los cuales no se pagaron los impuestos correspondientes. Fuera de este esquema siempre queda abierta la posibilidad de persecución penal para los que delinquieron.

Eduardo Di Cola

Ex Diputado Nacional

Ex Presidente de la Comisión Investigadora de Fuga de Divisas de la Cámara de Diputados años 2002/03

@eduardodicola

facebook.com/eduardo.dicola