Establecer offshore no es catalogado como actividad ilegal, sin embargo, el origen de las ganancias podría estar vinculado a actividades ilícitas y a su vez impactar incluso las finanzas públicas de un país

El Salvador ha puesto  los ojos en el caso Panamá Papers  tras conocerse que políticos y empresarios salvadoreños son señalados por tener empresas offshore y buscar los servicios de Mossack Fonseca en Panamá.  Sin embargo, analistas indican que es importante tener claro que este momento tiene a su base un problema de tinte económico.

El economista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Rommel Rodríguez, explicó que pese a que la atención  se concentre en la firma panameña, las empresas offshore forma parte de una problemática mucho más grande y es la de los “Flujos Financieros Ilícititos” que operan a lo largo y ancho del mundo.

En estos flujos entra la corrupción o beneficios  privados por uso incorrecto del poder público, el crimen que son las actividades delictivas, la evasión y elusión tributaria comercial que incluyen los métodos ilegales utilizados por las empresas para pagar menos impuestos.

Según el reporte del Global Financial Integrity (GFI) los flujos financieros ilícitos salidos de los países en desarrollo durante el período 2004–2013 sumaron $7.8 billones que representan en promedio el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

En el caso  Panamá Papers, según el especialista, “legalmente no existe nada que inhiba a las personas a establecer negocios en otros lugares”. No obstante,  la médula del asunto radica en  conocer cuál es motivación de establecer negocios afuera.

Aunque no se niega la existencia de empresas que hagan sus movimiento bajo el marco de lo licito y legal, “muchas veces lo que se apunta es  aducir el pago de impuestos y reducir la carga tributaria, es un problema ético o ilícito”, explicó.

A la vez, la Consejera del GFI y paraísos fiscales, Liz Confalone, ha afirmado que  Mossack Fonseca ayudó a formar compañías anónimas y  empresas de las cuales se desconoce quiénes son los  beneficiarios efectivos, “los seres humanos reales” que poseen o controlan las empresas.

En una entrevista para un periódico chileno, Confalone explicó que la gente se involucra en transacciones legítimas en jurisdicciones offshore todos los días, sin embargo, el problema surge cuando las personas buscan jurisdicciones offshore con el fin de ocultar sus ganancias ilícitas o evadir las leyes en otras jurisdicciones.

“Cuando una persona pone dinero en una cuenta bancaria a nombre de una compañía anónima, ¿quién puede saber que la persona detrás de esa empresa está evadiendo impuestos, o en una lista de sanciones, o lavando ganancias de la droga? Probablemente nadie”, cuestionó.

Entre los beneficios que ofreció Mossack Fonseca a los salvadoreños vinculados en el caso Panamá Papers destacan protección de activos, ventajas fiscales y anonimato.  El bufete de abogados logró que las empresas salvadoreñas se asentaran en su mayoría en paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Estados Unidos.

Una de las características de estas empresas es que cuando se constituyen, una persona natural puede conformar la junta directiva de más de una empresa y se conocen como “prestanombres”. Un mismo nombre puede involucrase en más de  500 empresas  haciendo imposible identificar a simple vista a los beneficiarios directos.

Aunque es claro que  desde la visión formal  de la Ley, los offshore no son ilegales,  hay una mezcla de elementos que complejizan la tarea de verificar la naturaleza de los recursos. Un consorcio puede tener hasta 30 o 40 empresa, posiblemente cometiendo hechos ilícitos como lavado de dinero.  Pese a esto,  la misma estructura hace emborrazo conocer la raíz de las utilidades y podría llevar años  como se ha dado el caso en Argentina.

Impacto en El Salvador  ¿Quién legisla, qué legisla?

Si hubiese  actividad ilícita en las offshore de los salvadoreños señalados, de acuerdo con el económica César Villalona, es posible hablar de un impacto en la finanza pública pues se trataría de  dinero que debía llegarle al Gobierno a través de  impuestos.

Explica que las implicaciones podrían  darse en dos sentidos el primero menos recursos para el Gobierno.  “En el caso de evasión o elución de impuestos si se trata de una evasión muy grande entonces el Gobierno tendrá menos recursos y no podrá invertir más de lo que ya invierte en salud en educación, salud, seguridad pública. El impacto recae en el pueblo”, acotó.  

El segundo punto impacta en términos financiero puesto que  no se resuelve el déficit fiscal. Con menos o más recursos,  el Gobierno siempre está obligado siempre a cubrir sus deudas a lo que recauda de impuestos, con préstamos, venta de bono o vía donación.

Villalona recordó que un Gobierno con más dinero que invierta más contribuye a la generación  de empleo, dinamización de sectores y finalmente  al crecimiento de la economía.

Sobre la legislación que debe regular o atender este tema, tienen responsabilidad todas relacionadas al tema tributario y al sistema bancario. En El Salvador, a juicio del investigador Rommel Rodríguez, hay avances sustanciales en el sistema bancario y el acceso a la información. El ministerio de Hacienda, por ejemplo, puede acudir al sistema bancario en caso de registrar inconsistencia en ingresos o transacciones.

Pese a esto, ante casos como el Panamá Papers, se refleja la importancia de fortalecer los sistemas de información a nivel regional o global. “Un salvadoreño que establece un negocio offshore en Panamá debería ser reportado a las autoridades tributarias de El Salvador a través del registro tributario panameño”, ejemplificó el experto.

Aunque el caso ha generado revuelo, Rodríguez recordó que Panamá no es el único centro offshore,  hay otros casos más importantes y más grandes como Suiza, sin embargo, nadie habla de ello porque tienen un gran renombre.

A la vez,  Villalona sostiene que ilícitos como la evasión son problemas internos  sobre los que debe ejercer contraloría las diversas esferas del Estado.  Remarcó algunas reformas  hechas al código tributario para transparentar las prácticas en el sector empresarial a la vez que advirtió que no es suficiente con que Hacienda se tecnifique, también se puede evitar a través de mecanismos legales y el control que hace el Ejecutivo a través de las aduanas.  

Viernes, 08 de Abril del 2016

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