Esta es la tercera entrega de la reportera Laura Castellanos sobre la masacre de Apatzingán ocurrida el 6 de enero de 2015, en la que intervinieron policías federales y militares con un saldo de al menos 16 civiles muertos. El 19 de abril el portal de Aristegui Noticias, la revista Proceso y Univisión retomaron el trabajo de la reportera Laura Castellanos, en el cual 39 testigos aseveraron que policías federales dispararon contra civiles desarmados en dos eventos distintos. El 24 de mayo Aristegui Noticias y Proceso difundieron la segunda investigación, que en este portal se tituló “La intervención del ejército”, en la que, de acuerdo a documentos ministeriales, entre 100 y 110 efectivos del 30 Batallón de Infantería de la XLIII Zona Militar de Michoacán participaron en el primer evento. En esta tercera entrega se difunde cómo en la persecución contra las víctimas han participado policías estatales y municipales. Las tres entregas de la periodista registran que en la masacre de Apatzingán hay una cadena de responsabilidades a todos los niveles para encubrir un cúmulo de hechos impunes que apuntan a un crimen de lesa humanidad.

MORELIA, MICHOACÁN.- En el jardín de la sacristía de una iglesia en las afueras de Morelia, Alexander Madrigal Marmolejo, sobreviviente de la masacre de Apatzingán del 6 de enero de 2015 -en la que murieron al menos 16 civiles-, testigo ese día de ejecuciones extrajudiciales por parte de policías federales, y familiar de 3 de las víctimas, sujeta su biblia, y con angustia, expresa las razones por las que está en la clandestinidad: “Me quieren matar”. Manifiesta: “Pienso que porque yo vi cómo fueron los hechos”.

El hombre treintañero era autodefensa y relata que ese día atestiguó que los policías federales, tras atacar una caravana de civiles desarmados en avenida Constitución, avanzaron hacia los civiles resguardados tras sus camionetas, los hincaban , éstos se alzaban las playeras para mostrar que no portaban pistolas, y “se reían y les disparaban, los mataban a sangre fría”. Además, observó cómo después los efectivos impidieron el ingreso de dos heridos al Hospital General Ramón Ponce para que murieran en la banqueta sin ser atendidos: “los federales dejaron que se desangrara la gente”, señala.

Madrigal asegura que tras los hechos del 6 de enero testigos como él son perseguidos por fuerzas federales y el cártel de los Caballeros Templarios, y que dicha persecución se ha extendido a las familias, como es el caso de su esposa y su suegra, que han sufrido encarcelamientos arbitrarios con tortura a manos de policías estatales. Por esas razones, el hombre que se dedica a la venta de autos y al corte del limón, su madre y sus tres hijos de 7 a 13 años, se han convertido en casos de desplazamiento forzado, dice, ante la indiferencia o complacencia gubernamental. “No confiamos en la autoridad, menos en Apatzingán, están vendidos“. Por esa razón en junio pasado, gracias a un conocido, decidió exponer su caso ante una misión de observación de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Otros sobrevivientes o víctimas indirectas, de igual forma, buscan recurrir a instancias internacionales ante la inacción de las instituciones mexicanas por las violaciones de derechos humanos que han vivido.

Alexander es hermano de Miguel e Hilda Madrigal Marmolejo, cuñado de Berenice Martínez Cortés, y amigo del joven Guillermo Gallegos Madrigal, trabajador de su hermano. Vecinos captaron a los victimados con sus celulares tras la masacre: los cuatro cadáveres estaban sobre el suelo, apretados entre sí, el de su hermano con el cráneo reventado y los sesos expuestos, los otros con la carne desgarrada por el impacto de balas de alto calibre. Debajo de los cuerpos, los palos que portaron como armas. Eran cuatro de las 8 víctimas del saldo oficial, que de acuerdo a Alfredo Castillo, ex Comisionado Federal de Seguridad de Michoacán y actual titular de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), perecieron por “fuego cruzado” cuando la citada caravana de civiles dio alcance a un convoy de la Policía Federal.

Foto: Especial

El ex autodefensa explica que la persecución en contra de su familia inició el 15 de enero de 2015, nueve días después de la masacre. Narra que ese día, a las 20:00 pm, al terminarse los rezos del novenario celebrado en casa de su madre, en la colonia El Varillero en Apatzingán, policías estatales irrumpieron en la vivienda y en la tienda de abarrotes de la propiedad de la misma. Golpearon a su esposa Brenda Pérez García y le robaron 150 mil pesos de un préstamo que habían conseguido para pagar las cajas funerarias y se la llevaron junto con su suegra María Estela Pérez García.

La madre de Madrigal, la señora Hilda Marmolejo, si bien interpuso una denuncia por los hechos del 6 y del 15 de enero contra quienes resulten responsables de los delitos de “homicidio, lesiones, daño en propiedad ajena, violación a la ley de armas de fuego y explosivos y lo que resulte”, asentada en la Averiguación Previa AP/PGR/MICH/M-IV/012/2015, tampoco confía en la justicia mexicana. Por la vulnerabilidad de la familia decidió recurrir a Barack Obama, a quien le manifiesta a través de este reportaje: “le quiero pedir al presidente de los Estados Unidos a ver si me podía dar amnistía para mí, mis nietos y mi hijo”, expresa con llanto.

El registro de los hechos del 15 de enero se consignó en la Averiguación Previa AP/PGR/MICH/M-IV/043/2015, cuya copia tiene la reportera. En dicha Averiguación Previa cuatro policías ministeriales, una estatal y uno municipal, declararon que de 30 a 80 elementos participaron en el operativo en el que arrestaron a las dos mujeres y a dos hombres: el albañil Otoniel Chino Peñaloza, pareja de la consuegra, y el elemento de la Fuerza Rural Antonio de Jesús Barrera Tafolla. Los consignaron como narcomenudistas, en posesión de 3 armas largas y 5 cortas, que según ellos capturaron in fraganti a bordo de una camioneta a las 2:30 am en la colonia citada. Sin embargo, los cuatro negaron las imputaciones y afirmaron que se les torturó. Están recluidos en penales de Nayarit.

La esposa de Barrera, que pide el anonimato por seguridad, expresó en entrevista realizada en Tierra Caliente, que a su esposo lo detuvieron a las 8:00 pm cuando estaba con ella y su hija de 6 años indagando el precio de unos tabiques en una zona conurbada de la colonia El Varillero. La joven dijo que el convoy policiaco llegó sobre ellos y, sin razón alguna, a su esposo y a ella los torturaron en plena calle en presencia de la pequeña. Narra: “la niña quedó bien traumada, no puede ni salir, porque ve a un policía y se agarra llorando”. En la Averiguación Previa citada ella declaró lo vivido. La misión de las Naciones Unidas se reunió también con los 4 encarcelados en penales de Nayarit y decidió darles acompañamiento. La oficina declinó por el momento dar una entrevista.

Otro caso es el de un joven herido gravemente ese 6 de enero al que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) basado en Washington, identifica como “Alejandro” en la “Medida Cautelar 251/15-Alejandro y otros, México”. En ésta pide al Estado mexicano le brinde medidas cautelares a él y a su familia porque el muchacho de 19 años “ha notado que policías federales lo han perseguido, que su hogar fue allanado por hombres armados en mayo de 2015 y que su hermano mayor fue secuestrado en dos oportunidades”. Se sabe que por dicha persecución una docena de sus familiares han sufrido desplazamiento forzado. La CIDH precisó que pese a que “Alejandro” recurrió al “Mecanismo de Protección para Defensores y periodistas, la Secretaría de Gobernación, la CEAV, no habrían sido aceptadas medidas concretas de protección”. Este caso también lo acompaña la citada oficina de la ONU en México.

17 de agosto de 2015

http://m.aristeguinoticias.com/1708/mexico/masacre-de-apatzingan-los-desplazados-de-castillo/