En medio de serias acusaciones que vinculan al Partido Aprista con personajes ligados al narcotráfico, se decidirá en los próximos días la suerte del expresidente Alan García en el Congreso y en el Poder Judicial.

El caso de Miguel Facundo Chinguel (expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales y abogado del presunto narcotraficante Gerald Oropeza) es delicado pues no solo está ligado directamente a los narcoindultos que eran firmados por Alan García y su ministro de entonces Aurelio Pastor, sino que ahora aparece como socio estratégico de Gerald Oropeza, a quien asesoraba legalmente y con quien tenía algunos negocios que las autoridades judiciales están investigando.

 Para el congresista Sergio Tejada, expresidente de la denominada Megacomisión, la suerte está echada para Facundo Chinguel, quien cumple prisión preventiva desde junio de 2013 y el ministerio público ha pedido 17 años de cárcel efectiva acusado de ser coautor de la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado y la sociedad, en el caso de los  narcoindultos, que constituye uno de los hechos más escandalosos en el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).

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El último domingo se reveló que el abogado Fredy Saravia le ofreció al presunto narcotraficante Gerald Oropeza la residencia que le fue incautada al exbroadcaster José Francisco Crousillat en La Molina, pese a que se encontraba en calidad de embargo por el Poder Judicial.

¿Y quién es Fredy Saravia? Nada menos que un empleado del estudio de abogados de Miguel Villegas Guerra, vicepresidente del Tribunal Nacional Electoral del Partido Aprista, que tiene como tarea elegir a los candidatos que postularán a los diferentes comicios que se presentan y se encarga de resolver los problemas internos dentro de esa agrupación política.

Todos estos personajes vinculados al narcotráfico y que ahora son investigados por el Ministerio Público han tenido relación estrecha con el expresidente Alan García, quien ahora pretende hacer creer que no sabía nada.

 Esta información hizo que Alan García se pronuncie al día siguiente, pidiendo a sus compañeros apristas que expulsen a Gerald Oropeza y a todos los que tengan que ver con personajes vinculados al narcotráfico.

 Para los congresistas de diferentes bancadas, el pedido es tardío pues Alan García tenía a Chinguel como cercano colaborador y en una de sus presentaciones ante la Megacomisión en el Congreso, llegó a decir que pondría las manos al fuego por él.

 Lo que le espera

Pese a que ha tratado de bloquear las investigaciones en su contra y para ello ha recurrido incluso al Poder Judicial, Alan García no podrá evitar que este 21 de abril en el pleno del Congreso se lleve a cabo el debate de los informes pendientes de la Megacomisión sobre desbalance patrimonial y/o enriquecimiento ilícito, Agua para todos, casos complementarios y la venta del terreno e instalaciones de la Base Aérea de la FAP, en Collique.

 En marzo pasado, el pleno del Congreso aprobó los informes correspondientes a los casos Business Track (BTR) y colegios emblemáticos. Estos documentos se suman al de los narcoindultos y Sedapal, aprobados el 2014.

En el caso de la remodelación de colegios emblemáticos, la Megacomisión recomienda acusar constitucionalmente al expresidente aprista Alan García por una supuesta falta a la Constitución al promulgar el Decreto de Urgencia 004-2009 que permitió estas obras y también pide que se formule denuncia penal contra el ex ministro de Educación, José Antonio Chang, a raíz de la comisión de delitos relacionados con la ejecución de este programa.

 En cuanto al Caso BTR, el informe recomienda investigar al ex mandatario Alan García, al exjefe del Gabinete Jorge del Castillo, así como a los exministros Miguel Hidalgo y Hernán Garrido-Lecca, por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir.

 En el poder judicial

En estos días la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima se pronunciará sobre la apelación del Congreso contra el fallo dictado por el Quinto Juzgado Constitucional que excluye al expresidente Alan García de las investigaciones realizadas por la Megacomisión.

 No hace mucho el expresidente se ufanaba de sus influencias judiciales al señalar que “nunca lo encuentran responsable de las investigaciones y que siempre sale bien librado de las acusaciones”. García no precisa que en realidad no ha sido investigado y cuando iba a ser sentenciado recurrió a la prescripción. Recordemos:

 García afrontó en 1992 un proceso por enriquecimiento ilícito, por su presunta participación en el escándalo del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) y su intermediación en la compra venta de aviones Mirage 2000. Poco tiempo después en 1994 fue procesado por enriquecimiento ilícito, colusión ilegal, negociación incompatible y cohecho pasivo, por la entrega de sobornos para la construcción del tren eléctrico al consorcio italiano Tralima.

Ante esos procesos Alan García se refugió en Francia y Colombia. Solo regresó cuando prescribieron los delitos por los que se le acusaba.

En esta oportunidad el expresidente aprista también trata de evitar que se le investigue y si la Primera Sala Civil rechaza la apelación del Congreso, tendrá que archivarse todo lo actuado por la Megacomisión, aunque los parlamentarios han dicho que sea cual fuere el resultado hará respetar sus fueros y seguirán con las acusaciones.

El pasado 19 de marzo, la referida Sala, presidida por el juez superior Héctor Lama More e integrada por los magistrados Martín Hurtado Reyes y César Solís Macedo, analizó la apelación y dejó la decisión al voto. La resolución saldrá en cualquier momento. Veremos entonces si García sigue manejando el Poder Judicial a su antojo.

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